La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar y el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, prevén una fuerte presión sobre las tasas de interés internas este año sino cuentan con la autorización legislativa para colocar los eurobonos en el exterior.

Así lo explicaron la mañana de este jueves 17 de enero en un taller para periodistas sobre el proyecto de Ley Autorización Emisión de Títulos Valores en el Mercado Internacional y Contratación de Líneas de Crédito, expediente 21.201, el cual se presentó al plenario de la Asamblea Legislativa el 19 de diciembre del 2018 y fue asignado a Comisión, el 8 de enero del 2019.

Los eurobonos son un instrumento de deuda que se emiten en los mercados internacionales y son colocados por un banco de inversión. Se amparan en leyes exteriores, usualmente de Nueva York, explicó Aguilar.

El proyecto autoriza la emisión de deuda en el mercado internacional por un monto de hasta $6.000 millones, o su equivalente en cualquier otra moneda. Emisiones que podrán efectuarse en un plazo máximo de seis años con un máximo anual de $1.500 millones para los dos primeros años, y de $1.000 millones para los siguientes.

El monto máximo a ser colocado por año calendario no podrá exceder $1.500 millones en los dos primeros años.

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Los eurobonos del Gobierno de Costa Rica son emisiones de valores de deuda externa denominadas en una moneda distinta al colón, generalmente dólares y se colocan en mercados financieros internacionales. Generalmente la emisión es manejada por un grupo de instituciones financieras internacionales que participan en la creación y posterior colocación de los valores.

¿Por qué se presionarían las tasas?

La Ministra explicó que la presión sobre las tasas de interés surge porque el mercado local resulta limitado para las necesidades de financiamiento del Ministerio de Hacienda.

Según explicó Aguilar, para el 2019 las necesidades brutas de financiamiento (el nuevo, más lo que hay que amortizar de periodos anteriores) representa un 13,3% de la producción.

Según los cálculos que el Gobierno presentó en la exposición de motivos, de ese 13,3% de la producción, una parte son préstamos para pagar los vencimientos, pero otra parte son créditos nuevos (el déficit financiero) y eso equivale al 6,50% de la producción; no obstante, el ahorro interno sumando lo que podrían aportar las operadoras de pensión, aseguradoras, los inversionistas privados y las entidades del sector público llegaría al 4,01% más 1% que se obtendría de financiamiento externo de créditos ya aprobados.

Pero además de la escasez de recursos frente a las necesidades de financiamiento, hay otras entidades que también compiten por esos recursos, por ejemplo, de los bancos si se reactiva la demanda de crédito.

Por el contrario, las autoridades prevén que si el proyecto se aprueba las tasas de interés internas podrían bajar en cerca de cuatro puntos como sucedió en el 2012, cuando aprobó un proyecto para colocar hasta $4.000 millones en el exterior.

Cubero explicó que a pesar da la baja en las calificaciones de deuda externa del país, sale más barato financiarse afuera y eso repercutiría en, también, menores tasas de interés internas, lo cual baja el costo de financiamiento del Gobierno.

No obstante, todavía los argumentos de las autoridades no convencen a los diputados.

Diputados piden más ajustes en empleo público y cooperativas

El diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz y el diputado del Partido Liberación Nacional, Roberto Thompson, ambos miembros de la Comisión de Asuntos Económicos que analiza el proyecto, manifestaron que pese a a los cambios todavía no están satisfechos con el texto.

Muñoz señaló cuatro condiciones para votar el proyecto: una mayor claridad en la explicación del flujo de caja, incluir en el flujo préstamos de apoyo presupuestario con el Banco Mundial y el BID, la regla fiscal dentro de la ley y el compromiso en temas pendientes : desenganche salarial (de los médicos de la CCSS respecto al Gobierno ), cooperativas (cobro de renta), políticas antimonopolios y reformas financieras.

La última versión del plan incluye líneas de crédito internacionales de corto plazo de un máximo de $800 millones, dentro de los $6.000 millones, y también condiciona la segunda emisión de eurobonos y las posteriores al cumplimiento de la regla fiscal, pero para Muñoz hace falta más claridad.

Thompson, por su parte, señaló que en la reunión de fracción del lunes pasado concluyeron que hace falta más señales del Poder Ejecutivo con la contención del gasto y que no están de acuerdo con una única autorización de $6.000 millones, sino con una primera autorización entre $1.000 y $1.500 millones y la autorización del resto dependería del contención del gasto.

Por ejemplo, el envío de la propuesta de empleo público sería una importante señal de contención del gasto.

La Ministra respondió que esto forma parte de la negociación política, señaló que si las condiciones son razonables, viables, ejecutables y positivas para el país se pueden negociar. Por ejemplo, en cooperativas ella está de acuerdo en incluir el tema y en el desenganche ya hay un proyecto avanzando en la Asamblea Legislativa.