EscucharEl Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) inició, en los últimos tres meses del año pasado, una disminución de su endeudamiento total que superaba los ¢3 billones (millones de millones) mediante una reestructuración de sus obligaciones, principalmente en dólares.
La empresa estatal disminuyó su deuda en moneda extranjera mediante el pago de vencimiento de títulos valores y al pasar parte de sus compromisos a colones con el fin de reducir su exposición a las variaciones del tipo de cambio.
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Con la operación, el endeudamiento total cerró en ¢2.951.516 millones, en diciembre pasado, lo que implicó una reducción del 5% respecto a los ¢3.101.585 millones, de setiembre del mismo año, según la información dada por la institución. El monto incluye obligaciones del ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y Radiográfica Costarricense (Racsa).
El saldo actual de la deuda del Instituto supera, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Educación que, para este año, tiene previsto gastar ¢2.563.884 millones.
“Mejoramos los plazos de la deuda, bajamos el costo y disminuimos el peso de la deuda total. Al final de la operación redujimos la deuda en dólares”, dijo a La Nación Hazel Cepeda, gerenta general de la entidad, al explicar los resultados de la Estrategia 4.0 y de la Hoja de ruta para la sostenibilidad financiera del ICE.
Precisamente, el efecto más relevante ocurrió con el endeudamiento en dólares pues, a diciembre pasado, el saldo fue de $2.784 millones, es decir, una reducción del 11%, en comparación con los $3.123 millones de setiembre del mismo año.
Con dicha maniobra, el pasivo en esta moneda pasó de representar el 63% del total, en setiembre anterior, al 59%, en diciembre. Para el mismo periodo, la deuda en colones se elevó del 33% al 37%. Mientras que los yenes mantuvieron la proporción del 4%.
El ICE prevé que la reorganización de pasivos le permita llevar “un beneficio en las tarifas” de la luz a sus clientes en el mediano plazo. Dicha situación debería empezar a ocurrir a partir del 2023, según la calificadora de riesgo Fitch Ratings.
Reorganización financiera
El año pasado, el ICE efectuó tres acciones concretas en la reorganización de sus pasivos. Primero, hizo una colocación de bonos de deuda en el extranjero por $300 millones. En el mercado local realizó otras subastas por un total de ¢73.000 millones y formalizó un crédito por ¢81.000 millones con el Banco de Costa (BCR).
La compañía hizo tales ajustes porque, en los últimos tres meses del año, pagó $900 millones en vencimientos de títulos valores que financió con recursos propios y las nuevas emisiones.
Cepeda enfatizó que con las operaciones de financiamiento suscritas en el país fue posible reducir la exposición al riesgo cambiario, pues con el fondeo en colones pagaron deuda en moneda extranjera.
Fitch Ratings destacó en su último informe sobre el ICE, de noviembre pasado, que el endeudamiento de la empresa de electricidad y telecomunicaciones fue impulsado por una agresiva inversión en el sector eléctrico durante los últimos años.
El gasto de capital del Grupo ICE enfrentó críticas por su alto costo. Por ejemplo, en la planta hidroeléctrica Reventazón el valor total se duplicó de $757 millones a $1.567 millones. Mientras que el proyecto de Balsa Inferior, realizado por la CNFL, pasó de $94 millones a $361 millones.
“Los ajustes en los planes de expansión llevaron a una reducción en los requerimientos de inversión y una menor presión sobre la métrica de apalancamiento”, destacó la agencia estadounidense.
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Fitch calcula que la deuda total de la empresa, frente a la utilidad operativa, fue 6,4 veces más hasta setiembre pasado. Pero, con la reorganización de pasivos y alza en ingresos, disminuirá 5,1 veces para el 2023.
Para los próximos cinco años, el Instituto enfrenta vencimientos en títulos valores en dólares por $375 millones y, en moneda nacional, de ¢215.200 millones. Sin embargo, la gerenta general del ICE enfatizó que dicho panorama es menos complejo al que se enfrentó en los últimos tres meses del 2021, cuando pagaron $900 millones a inversionistas, de los cuales $483 millones fueron a acreedores en el extranjero de un bono emitido en el 2011.
Posible beneficio tarifario
La reducción de los egresos financieros del Grupo ICE –incluyen bonos de deuda, préstamos y arrendamientos– son un elemento relevante en la petición de ajuste en tarifas que la institución solicita normalmente a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Sin embargo, no es el único componente para el cálculo del costo final para las familias y las empresas.
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Mario Mora, intendente de Energía de la Aresep, explicó que para determinar las tarifas también se analizan los ingresos, costos de la empresa, los gastos, sus inversiones y el endeudamiento.
“El ajuste tarifario del 2022, que fue el periodo solicitado por el ICE, no está determinado por el comportamiento de una variable en específico, como podría ser el nivel de endeudamiento y las nuevas condiciones financieras”, explicó el jerarca.
Mora añadió que, en la solicitud aún en estudio, el Instituto incluyó costos de los periodos del 2019 y 2020. Además, que se presentaron con datos a setiembre del 2021, previo a la reestructuración de la deuda alcanzada en los últimos tres meses del año anterior.
La compañía estatal solicitó un aumento del 7,9%, en la tarifa de generación; del 12,7%, en la de distribución; del 3,5%, en la de transmisión; y del -16,0%, en la de alumbrado público.
Por último, el Instituto destacó que al proceso de movilidad laboral voluntario, implementado el año pasado, se acogieron 259 personas. El ahorro estimado en salarios, por un año, será de ¢4.817 millones.
“El impacto de la movilidad podría ser diferenciado, dependiendo de las áreas en que se haya concentrado esa movilidad. Es parte del análisis que estamos realizando. En esta cuenta también debemos valorar el efecto de la reorganización implementada por el ICE”, señaló el Intendente de Energía de Aresep sobre el posible efecto en tarifas.
Entre 2012 y 2016, el Instituto reportó la salida de 1.151 trabajadores mediante movilidad laboral, lo cual implicó un pago de ¢52.743 millones. Pero un ahorro de ¢108.000 millones en la planilla, durante el mismo periodo.
