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El tope de cesantía de 12 años en el sector público ya comenzó a aplicarse en algunas instituciones debido a la revisión de convenciones colectivas por la Sala IV y por la reforma fiscal aprobada en diciembre del 2018.
El Banco Nacional, el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Banco de Costa Rica (BCR) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) confirmaron a La Nación que, desde finales del año anterior, dejaron de pagar 20 años por prestaciones legales a sus empleados.
Solo la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) confirmó que mantienen el beneficio intacto, pues está amparado en la convención colectiva de la empresa.
En junio del año pasado, los magistrados de la Sala Constitucional encontraron “irracional” y “desproporcionado” reconocer más del 50% del beneficio establecido en el Código de Trabajo, que es de ocho años, tras analizar la convención colectiva de Bancrédito.
Con el fallo, se modificó la jurisprudencia emitida en el 2006, en la que se reconocía un beneficio laboral máximo de 20 salarios.
Algunas entidades, como el BCR, decidieron acatar la nueva jurisprudencia de la Sala. Otras instituciones, como el Nacional, detuvieron el reconocimiento de 20 años, luego de que los magistrados acogieran para estudio una acción de inconstitucionalidad contra la convención colectiva.
Nelson Marín, gerente corporativo de Desarrollo Humano del Banco de Costa Rica, confirmó que, desde el fallo de la Sala IV, la institución acata el nuevo tope de cesantía.
Por su parte Maritza Fuentes, directora de Desarrollo Humano del Banco Nacional, confirmó que hasta el 12 de noviembre del 2018 se pagaron prestaciones por 20 años.
“A partir de esa fecha, con motivo de la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 34 de la Convención Colectiva está suspendido el pago hasta que la sala IV se pronuncie”, recalcó Fuentes.
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En el caso del INS y Recope, cuando entró a regir la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el 4 de diciembre pasado, redujeron el beneficio de cesantía de 20 años a 12 años.
Dicha norma establece que en ningún caso las prestaciones legales del sector público podrán ser mayores a 12 años.
“El INS, desde el 4 de diciembre, (...) limitó el pago de la indemnización de auxilio de cesantía a un máximo de doce años”, recalcó Lucía Fernández, gerente de la aseguradora pública.
Por su parte, Recope detalló que el fallo de la Sala IV no era vinculante a la entidad, pero sí lo establecido en la reforma fiscal.
“Se pagó cesantía por 20 años hasta el 4 de diciembre de 2018”, afirmó la entidad por escrito.
La CNFL confirmó a La Nación que mantienen el beneficio de 20 salarios para el empleado que se pensiona o renuncia, pues así lo establece el acuerdo laboral entre la empresa y sus trabajadores.
“El tema de la cesantía establecido en la Convención Colectiva de la CNFL, no ha sido modificado por alguna sentencia de la Sala Constitucional. La CNFL está cumpliendo con el ordenamiento jurídico vigente”, explicó Óscar Hernández, director de Administración y Finanzas de la institución.
La Municipalidad de San José informó, mediante un hecho relevante al mercado de valores, este 6 de febrero, que también reducía el pago de prestaciones legales a sus trabajadores debido a la reforma fiscal.
La entidad mantenía una provisión por cesantía de casi ¢26.000 millones, pero la redujo en ¢4.165 millones dado el nuevo tope de 12 años.
