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El Ministerio de Educación Pública (MEP) se convirtió, desde el pasado 15 de marzo, en el patrono con la deuda más alta a la seguridad social en Costa Rica.
La entidad pública aceptó, en un convenio firmado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), un pendiente de pago por ¢149.318 millones a raíz de salarios no reportados, desde el 2003, por un incentivo otorgado a docentes, según el acuerdo del cual tiene copia La Nación.
“El MEP es el patrono con mayor deuda (...) Es importante recordar que la deuda generada por el Ministerio corresponde a omisiones salariales no reportadas oportunamente a la CCSS”, confirmó José Eduardo Rojas, director de Cobros de la institución autónoma.
Ni la sumatoria de todos los arreglos de pago con patronos y trabajadores independientes, cuyo saldo es de ¢124.000 millones, igualan la deuda de la entidad educativa, según los estados financieros de la CCSS.
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La entidad educativa y el Ministerio de Hacienda se comprometieron a liquidar el saldo pendiente a más tardar en en un año.
El primer desembolso, previsto para el próximo 15 de junio, será de ¢37.000 millones. En octubre próximo se realizará otro, por ¢10.000 millones y, para febrero del 2022, una tercera amortización por otros ¢10.000 millones.
El saldo pendiente e intereses, es decir, ¢93.300 millones se cancela en marzo del próximo año. Aunque el convenio permite solicitar una prórroga, por otros 12 meses.
La deuda de la entidad, es adicional a los casi ¢2 billones que el Estado debe a la Caja por aportes no realizados por varios años.
La disputa entre ambas instituciones públicas se genera por el Incenti
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vo de zona de menor desarrollo (IDS) recibido por los docentes que laboran en distritos con bajo nivel socioeconómico.
El pago de este beneficio salarial está suspendido, desde el año pasado, a raíz de la pandemia sanitaria.
Sin embargo, en el 2019 se dio a un total de 30.028 docentes y significó un egreso de ¢27.000 millones.
Las personas con derecho a recibir este plus representan el 34% de la planilla de la entidad pública, conformada por 87.000 personas.
Origen de la deuda
La deuda corresponde a las cargas sociales por el pago de ¢396.270 millones del plus salarial, que la Caja catalogó como sueldos no reportados entre el 2003 y 2013; y el 2015 y el 2016.
El pendiente de pago más elevado es con el seguro de salud, deuda que asciende a ¢92.858 millones, entre principal e intereses, por cuotas obrero-patronales.
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A la pensión complementaria de sus empleados, en los mismos periodos, se debe ¢36.959 millones, otros ¢15.570 millones son por servicios médicos e incapacidades y casi ¢4.000 millones por la pensión básica, confirmó la CCSS.
La génesis de las diferencias entre ambas entidades públicas ocurre por la forma en que se catalogó el incentivo.
El Ministerio argumenta que este beneficio, creado en 2003, como un beneficio no salarial, exento del pago a la seguridad social.
La entidad explicó, por escrito, que la Procuraduría General de la Republica (PGR) y la Dirección General del Servicio Civil ratificaron el tratamiento no salarial desde el 2003.
“No existió ningún error; el IDS surgió históricamente como un incentivo no salarial (…) y tratándose de fondos públicos, el MEP no podía disponer de recursos del erario público para pagar una obligación (cargas sociales) entonces inexistente”, argumentó la entidad educativa, mediante la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas.
Sin embargo, 14 años después, la PGR modificó su primer criterio y estableció que IDS es una contraprestación económica, de naturaleza remunerativa.
Precisamente, en el 2017, la Caja inicio un proceso de cobro por los años en que el incentivo no se declaró como salario.
Pero la Procuraduría dictó en el pronunciamiento C-229-2018, de 12 de setiembre de 2018, la imposibilidad para los ministerios de Educación y de Hacienda de efectuar pagos retroactivos.
“La CCSS utilizando su poder de único interprete de las normas de la seguridad social, persistió en cobrar esas sumas levantando planillas adicionales, las cuales quedaron firmes a partir de agosto del 2020”, criticó el MEP por escrito.
La imposibilidad de llegar a un arreglo de pago, dejó a la entidad al borde la morosidad.
Por esa razón, la ministra Guiselle Cruz pidió en dos cartas a la Junta Directiva de la Caja, en enero y febrero de este año, mantener una medida cautelar administrativa para evitar caer en “mora abierta”.
El director de Cobro de la CCSS explicó que dicha situación no ocurrió porque la PGR autorizó al Ministerio, el pasado 11 de marzo, a firmar el convenio con lo cual se resolvió el impedimento par la entidad gubernamental de pactar el arreglo de pago.
Entrevista José Eduardo Rojas
Director de Cobro de la Caja: ‘MEP es el patrono con mayor deuda’
José Eduardo Rojas, director de Cobro de la Caja, confirmó que el reclamo al Ministerio de Educación corresponde a omisiones salariales no reportadas oportunamente.
– ¿Por qué el MEP tiene una deuda con la Caja?
– En primer término es importante recordar que la deuda generada por el Ministerio de Educación Pública, corresponde a omisiones salariales no reportadas oportunamente a la CCSS, específicamente por un incentivo salarial que se le paga a algunos docentes que laboran en zonas de menor desarrollo.
“Esta situación se dio debido a que en un primer momento, la Procuraduría interpretó que dichas remuneraciones no era objeto de cargas sociales, aspecto que la CCSS refutó”.
– ¿Cuál fue el arreglo de pago establecido en el convenio?
El convenio de pago dispone el pago total de la deuda, por la suma de ¢149.318 millones, en un plazo de un año.
“El primer pago se realizaría en junio, por un monto de alrededor de los ¢37.000 millones. Un segundo pago en setiembre, por ¢10.000 millones; un tercer pago en febrero 2022, por ¢10.000 millones y el saldo (pendiente) de la deuda en marzo 2022.
– ¿El convenio firmado con el MEP lo convierte en el patrono con la deuda más alta a la seguridad social?
– Es correcto, el MEP es el patrono con mayor deuda.
–¿En algún momento el Ministerio apareció como moroso?
– Entre las solicitudes realizadas por el MEP, este manifestó su preocupación por el tema debido a que la Procuraduría, en un dictamen inicial, manifestó la improcedente del pago de cargas sociales retroactivas por el incentivo, situación que posteriormente modificó y que dio la posibilidad al Ministerio de suscribir el convenio de pago.
