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Los trabajadores del Ministerio de Educación (MEP) y del Poder Judicial concentran el 72% del pago de incentivos con cargo al Presupuesto Nacional y su tasa de crecimiento anual es superior al aumento en los impuestos con los cuales se financian.
Los incentivos son pagos extraordinarios al salario base como un estímulo por labores específicas realizadas.
Entre los más importantes, están las anualidades, un porcentaje sobre el salario base que se paga todos los años a los trabajadores que tienen calificaciones superiores a “bueno”.
También hay por laborar en zonas de menor desarrollo o por capacitaciones, entre otros.
Según el informe Gestión del empleo y remuneraciones en el sector público que publicó el Ministerio de Planificación, en setiembre pasado, en el caso del Ministerio de Educación sus incentivos representaron un 55% del total pagado entre el 2012 y 2014 y crecieron 10% por año en ese periodo.
En el Poder Judicial dichos beneficios representaron un 17% y tuvieron un crecimiento de 11% en ese periodo.
Para financiar sanamente el pago de dichos incentivos, se requeriría que la recaudación de impuestos crezca al mismo ritmo. No obstante, su aumento es menor.
Entre el 2012 y el 2014 los ingresos tributarios del Gobierno Central crecieron 6%.
Por lo tanto, la opción es financiarlos con préstamos y aumentar la carga de la deuda pública.
La ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, explicó que estos pluses se crearon para equiparar las remuneraciones públicas a las del mercado laboral nacional y ante las presiones de los movimientos laborales.
Los trabajadores del Gobierno Central son los que reciben los salarios más bajos en el sector público y por medio de estos beneficios monetarios buscan acercarse al resto.
No obstante, a diferencia de las instituciones públicas, estos pluses se financian con impuestos o deuda.
En el presupuesto del 2016 los incentivos salariales representaron casi la quinta parte del plan de gastos por ¢8 billones (un 18%).
MEP tiene 81 beneficios. Los incentivos del MEP tienen un peso importante pues su planilla es la más grande del Gobierno Central, con cerca de 80.000 funcionarios, pero además es la entidad con la mayor diversidad de beneficios.
Según una lista proporcionada por la Dirección General del Servicio Civil, en esta cartera hay 81 beneficios diferentes y el Poder Judicial suministró una lista de 21.
Para los sindicatos, los incentivos no son beneficios extra, sino recargos que tienen que cumplir los trabajadores para ejecutar con la carga educativa.
Gílbert Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC), explicó que, por ejemplo, se paga un recargo por trabajar en horario alterno (mañana y tarde) de 50% del salario base, pero eso le ahorra al Gobierno pagar un trabajador extra al cual tendría que cancelarle el 100% del salario.
Para Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), los pluses salariales son derechos laborales.
¿Es posible frenar el crecimiento? El exministro de Educación, Leonardo Garnier, explicó que durante se gestión se hizo un intento de negociar con los gremios una simplificación o unificación de incentivos de este sector.
No obstante, luego de una larga negociación, se toparon con el problema legal de que, al eliminar viejos y diversos beneficios y unificarlos en uno nuevo, había un riesgo de que un trabajador interpusiera recurso de amparo y argumentara su derecho a los incentivos previos.
El actual Gobierno va a hacer una propuesta para regular uno de los incentivos más grandes, y que genera un crecimiento acelerado en las remuneraciones, que es el de las anualidades.
Se consultó a los jerarcas de ambas entidades si es posible frenar el crecimiento y en sus respuestas escritas señalaron algunos esfuerzos por bajar el gasto.
Por ejemplo, la jefatura del Departamento de Formulación Presupuestaria de la Dirección de Planificación Institucional del MEP señaló como ejemplos de esfuerzo en el gasto, el redirección de recursos que se encuentren sin rango de asignación de un centro educativo a otro, la optimización de recurso humano y servicios educativos para que atiendan varios centros a la vez y realizar un seguimiento adecuado en cuanto a las metas de nivel de empleo.
El Poder Judicial puntualizó, mediante una respuesta escrita, que para el año para el año 2016 redujeron 25 plazas y se emitieron directrices por parte del Consejo Superior para las incapacidades, nombramientos interinos y ascensos, en el sentido de que ningún movimiento de personal menor a 8 días será sustituido.
“El Poder Judicial es consciente de la situación del país; consecuentemente, ha aprobado dos recortes para el presupuesto del 2016, uno por ¢5.874.556.664 contenido en la moción número 63 que rebajó la proporción de costo de vida en los ajustes del factor de cálculo establecido por el Ministerio de Hacienda y otro rebajo por ajuste en materia de suplencias por ¢4.000.000.899”, señaló la entidad por medio del departamento de prensa.
