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La ministra de Educación, Guiselle Cruz, solicitó la intervención de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para evitar que el MEP fuera catalogado como patrono moroso por una deuda de ¢149.000 millones en cuotas obrero-patronales, por un incentivo salarial sin reportar desde el 2003.
Así lo expresó la funcionaria en dos cartas, una en enero y otra en febrero, enviadas a Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, de las cuales tiene copia La Nación.
En las cartas, Cruz abogó para que los directivos de la institución autónoma ampliaran el plazo de la medida cautelar para evitar que el Ministerio de Educación Pública (MEP) cayera en mora abierta en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere).
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“Le manifiesto mi preocupación porque el día 8 de febrero próximo inicia el nuevo curso lectivo anual (…) y un eventual paso a mora en la condición patronal del MEP con la Seguridad Social, tendría un fuerte impacto sobre más de 87.000 personas funcionarias de este Ministerio y sus familias, ocasionando crispación social y laboral en el país”, argumentó la jerarca en el oficio DM-0216-2021, del pasado 29 de enero.
En el segundo documento, del 16 de febrero del 2021, la ministra solicitó más tiempo a los directivos de la Caja porque para llegar a un arreglo de pago requería de una autorización de la Procuraduría General de la República.
Dicha petición también fue firmada por Elian Villegas, jerarca de Hacienda; y Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia.
El MEP justificó la petición a raíz de que 1.000 docentes son atendidos, en promedio, en los centros médicos de la Caja.
Si el Ministerio entra en la categoría de patrono moroso se podrían presentar dificultades para recibir atención médica o incapacidades.
“La ministra de Educación insistió vehementemente ante la Junta Directiva de la CCSS, para que no se considerara al MEP como patrono moroso con la seguridad social, pues las consecuencias de esa declaración serían graves e impactarían la salud de las personas y la continuidad de los servicios educativos”, respondió por escrito la entidad a este diario.
Crítica al Gobierno
La solicitud de los jerarcas gubernamentales causó malestar entre los miembros de la Directiva de la Caja, tal como se reseña en el acta 9.156, de la sesión efectuada el pasado 18 de febrero.
“A mí me preocupa que (…) pueden venir otros patronos ya sean del Estado o privados a pedir excepciones, y ¿qué les vamos a decir? Este es un antecedente muy peligroso, nuestra obligación como directores es cobrar”, dijo José Pablo Ross, representante del sector privado en la Junta Directiva.
José Luis Loría, del sector cooperativo, enfatizó que la CCSS ha sido diligente y, todos los obstáculos para resolver el problema, han estado de parte del Gobierno.
“Una preocupación que yo tengo que es, ya lo dijo la Dirección Jurídica, estamos haciendo una excepcionalidad donde no hay una justificación”, afirmó Loría.
En tanto, la directora Marielos Alfaro subrayó que las decisiones de la Junta tienen implicaciones jurídicas y económicas para la sostenibilidad de la Caja.
“El MEP no ha tomado las acciones oportunas, esto es histórico, o sea, cada vez que hemos tenido una reunión y lo digo porque en una reunión anterior la actitud del ministro de la Presidencia (no dice quién) fue más bien prepotente, entonces, perdón, yo lo que veo es que tiran la pelota para que la Caja resuelva”, afirmó la representante del sector privado.
Al final de la discusión, la Junta Directiva otorgó como plazo único hasta el 12 de marzo anterior, para que el MEP y Hacienda efectuaran la suscripción del convenio o, de lo contrario, al Ministerio se le asignaba la categoría de moroso.
Los directores Ross, Loría y Alfaro votaron en contra.
El arreglo de pago se firmó entre las dos instituciones públicas se firmó el pasado 15 de marzo.
