El 52% de las deudas morosas de los ticos con entidades no reguladas como tiendas de electrodomésticos, supermercados, ferreterías y prestamistas son incobrables o están en cobro judicial. En tanto, el 48% restante está en impago, pero aún no ha caído en las peores calificaciones, se detalla en el III Informe Deuda Morosa, elaborado por el TEC y Equifax, con datos a junio pasado.
El estudio evidencia un deterioro en el último año pues, en junio del 2021, las deudas catalogadas de incobrables o en proceso judicial eran el 45%, mientras que en morosidad estaba el 55%, se reseña en el documento presentado este lunes 12 de diciembre.
El informe estimó que la población costarricense con cuentas pendientes en el sector no regulado (se refiere a entidades que no forman parte del sistema financiero supervisado) era de 1.039.919, de los cuales el 55% son hombres, y el 45%, mujeres.
Sin embargo, el nivel de endeudamiento por sexo registra una diferencia relevante. El informe detalla que los varones tienen un promedio de mora equivalente al 107,8% de sus ingresos mensuales. El salario promedio del hombre es de ¢445.029, pero debe ¢479.945.
Entre tanto, el nivel de morosidad promedio de las mujeres es del 82,6%. Su ingreso mensual es de ¢408.246, mientras que la mora promedio asciende a ¢337.014.
“Es preocupante por la gravedad de estas deudas morosas, ya que, por primera vez en tres años, más de la mitad de las deudas se encuentran en cobro judicial o en estado de incobrable”, dijo Evelyn Hernández, investigadora del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Agregó que los signos positivos de la recuperación económica no parecen reflejarse en una estabilidad financiera de las personas deudoras del sector crediticio no regulado.
Esto porque, de junio del 2021 a junio del 2022, el monto de la deuda morosa del sector crediticio no regulado creció 11,08%, comparado con la reducción del 9,67% en el sector regulado.
Sin embargo, el saldo de deuda de los ticos con empresas no fiscalizadas se ralentizó, pues en junio del año pasado había registrado un aumento del 29%, comparado con el mismo periodo del 2020.
El informe solo brinda la variación interanual del impago con empresas, pero no el dato absoluto del atraso. Para su elaboración se tuvo acceso a información de tarjetas de crédito, préstamos y ventas a crédito en el sector comercio; así como de tiendas de electrodomésticos y de empresas de telecomunicaciones como en el caso de teléfonos celulares.
La investigación solo cuenta con información de cuentas morosas, suministradas por Equifax, y no incluye datos de los financiamientos que están al día en el pago.
Las empresas no fiscalizadas son aquellas que no requieren la autorización de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para operar, pues no efectúan captación de recursos del público, ni ofrecen cuentas de ahorro o cuentas corrientes.
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Deuda promedio
El estudio muestra que la deuda promedio de las personas sigue en aumento. Hasta junio pasado fue de ¢415.400, es decir, ¢25.578 más respecto a los ¢389.722 del mismo periodo del 2021.
Desde que empezó a publicarse la información, la tendencia de deuda en mora de los ticos va en ascenso. En el 2018, el monto promedio era de ¢272.066.
Por tipo de sector, el estudio registró una reducción en el monto de morosidad de los ticos con las entidades financieras no reguladas. A junio anterior, el saldo promedio era de ¢977.499, es decir, una disminución del 15,1%, respecto a los ¢1.151.603, en junio del 2021.
En contraste, el impago promedio con el comercio y empresas de telefonía se incrementó. En el primero, el monto promedio fue de ¢361.609, al primer semestre del 2022, frente a los ¢314.294 del mismo periodo del año anterior.
Porcentualmente, el incremento fue más relevante con las compañías de telefonía. La mora promedio pasó de ¢64.519, en junio del 2021, a ¢92.279 para el mismo periodo de este año, es decir, un alza del 43%, se reseña en el estudio.
Para César Calomino, gerente general de Centroamérica, México y el Caribe para Equifax, resulta necesario que Costa Rica se plantee incorporar en las evaluaciones crediticias la información de incumplimiento y cumplimiento de los deudores, lo que permitirá tener una visión completa de los ciudadanos cuando buscan un crédito.