Moody’s castigó ayer la incapacidad del país de alcanzar un acuerdo nacional para aprobar la reforma fiscal con miras a reducir el déficit y la deuda del Gobierno.
La agencia estadounidense degradó la calificación de los bonos soberanos de Costa Rica, de Baa3 a Ba1, y como principal argumento mencionó la debilidad institucional para realizar los cambios necesarios con el fin de llevar estabilidad a las finanzas públicas.
Además, mencionó la endeble posición de las anteriores administraciones para lograr un consenso legislativo sobre la solución del problema fiscal, y cuestionó la gradualidad y eficacia de las medidas que propone el gobierno de Luis Guillermo Solís.
“La historia de los años recientes es que le ha sido casi imposible al Poder Ejecutivo y Legislativo, a todo el sistema político en su conjunto, resolver el problema fiscal, que para los estándares de Costa Rica es altísimo”, explicó a La Nación Gabriel Torres, analista senior de deuda soberana de Moody’s.
Añadió que las propuestas fiscales de la actual administración son positivas, pero para que Costa Rica recupere el grado de inversión es necesario un recorte significativo del déficit fiscal.
Dicho indicador cerrará este año en el 6% del producto interno bruto (PIB). En el caso de la deuda del Gobierno Central, esta pasó del 25% como porcentaje del PIB, en el 2008, a casi el 40%, este año.
Helio Fallas, ministro de Hacienda, achacó a anteriores gobiernos el no aprobar definitivamente la reforma fiscal.
“Esta calificación responde a la situación heredada de las finanzas públicas. Las medidas fiscales (de este Gobierno) que se han ejecutado en el corto plazo y las que se implementarán en los próximos meses tienen como fin fortalecer las finanzas públicas”, recalcó Fallas por medio de un comunicado.
Édgar Ayales, último jerarca de Hacienda en el gobierno de Laura Chinchilla, coincidió con Moody’s en la incapacidad del país, en los últimos 20 años de lograr un acuerdo fiscal en el Congreso.
“Tras Consolidación Fiscal (paquete de medidas para bajar el déficit) dejamos unas propuestas que pensamos se aprobarían en los primeros seis meses del actual Gobierno, aprovechando el caudal de popularidad”, sentenció Ayales.
Eduardo Prado, gerente del Banco Central, dijo que, en varios documentos de la entidad, ha señalado que el sendero de la deuda del sector público es insostenible.
Moody’s mejoró la nota de riesgo de Costa Rica, en setiembre del 2010, con lo cual se otorgó el grado de inversión a Costa Rica. Esto fue importante porque dio confianza a los inversionistas externos para comprar bonos costarricenses.
Consecuencias. Con la decisión de Moody’s el país quedó fuera de su lista de naciones consideradas como de más alta capacidad de pago.
El sector público y privado serán castigados por la decisión de la agencia, por un costo más alto en el momento de endeudarse, enfatizó Luis Mesalles, economista y tesorero de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
“Conseguir financiamiento en el exterior les saldrá más caro al Gobierno, a las empresas y a las familias costarricenses porque se pierde confianza en la capacidad futura de pago del país”, resaltó.
Gilberto Serrano, presidente de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), destacó que la disponibilidad de dinero para el país, desde el extranjero, se reducirá.
“Los bancos podrían ver incrementado los costos de los recursos obtenidos en el exterior, afectándose a su vez los créditos otorgados a sus clientes”, advirtió el banquero.
Los rendimientos de los títulos emitidos por el Gobierno (eurobonos) comenzaron a ajustarse al alza desde mayo anterior, explicó Douglas Montero, gerente de Mercado Internacional del puesto de bolsa Mercado de Valores. Para él, los inversionistas anticiparon las opiniones de las firmas calificadoras, sobre el deterioro fiscal.