Pese al retiro, en diciembre pasado, de buena parte de las ayudas que los deudores recibieron durante la pandemia, los atrasos de pago se mantienen en el rango normal en el sistema financiero y no han aumentado este año como previeron en octubre pasado las autoridades financieras.
A marzo del 2022, los créditos con atrasos de pago mayores a 90 días respecto a la cartera total representaron 2,28% del total; cerca del promedio de 2,5% que se ha mantenido desde enero 2020 hasta marzo 2022.
El 29 de octubre pasado, cuando las autoridades financieras presentaron el Informe Anual de Estabilidad Financiera correspondiente al año 2021 previeron un aumento importante en la morosidad este año al retirar las ayudas que se otorgaron durante la pandemia.
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La superintendente general de Entidades Financieras, Rocío Aguilar, indicó, en ese momento, que para este año el indicador de morosidad mayor a 90 días respecto a la cartera total podría aumentar a un valor entre 4,5% y 5%.
“En cuanto las medidas de flexibilización normativa se vayan retirando es altamente probable que ese aumento en morosidad se vaya a estar reflejando y eso sucederá muy probablemente durante el año 2022”, indicó en ese momento la funcionaria.
El presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Alberto Dent, había comentado, por su parte, que los bancos tienen una buena cantidad de provisiones para afrontar esta situación y que el impacto en la mora dependería de cómo retiren las medidas.
¿Por qué no ha aumentado la morosidad?
Tanto Aguilar como Dent consideran que todavía es temprano para ver el efecto en la morosidad del retiro de las ayudas. “Aún es temprano para una conclusión, pues las medidas se aplicaron hasta el 31 de diciembre del 2021. Habrá que esperar unos meses, además se agregan cambios en el entorno”, indicó el viernes 22 de abril, Aguilar.
Por su parte, Dent considera que en el resultado, hasta marzo, influye que una buena cantidad de créditos se readecuaron durante la pandemia.
“Todos los bancos tuvieron la oportunidad de hacer todo tipo de renovaciones y créditos nuevos hasta el 31 de diciembre, entonces estamos asumiendo que un porcentaje muy importante de la gente ya tenía operaciones debidamente reestructuradas y esa reestructuración incluía, de alguna forma, los intereses que estaban pendientes o los pagos que estaban pendientes”, respondió Dent.
Según un recuento que realizó la Asociación Bancaria Costarricense y que publicó en enero pasado, en un periodo de 21 meses, el Sistema Bancario Nacional realizó 1.621.022 readecuaciones a operaciones crediticias en diferentes actividades económicas, por un monto total de ¢12 millones de millones.
Casi la mitad de los montos readecuados beneficiaron a personas que tenían créditos de vivienda y de consumo, y la otra mitad al sector empresarial.
Una de las medidas más importantes que venció el 31 de diciembre fue la posibilidad de hacer varias readecuaciones de los créditos (por ejemplo, modificar plazo o tasa), sin que eso tuviera efectos negativos sobre la calificación de riesgo de los deudores en el Centro de Información Crediticia (CIC). Ahora solo se permite una cada 24 meses y si se hacen más se afecta al deudor.
Según Dent este año se empezó de “cero”, lo cual significa que no importa las readecuaciones que se hicieron, los deudores tienen la posibilidad en el 2022 y 2023 de optar por una readecuación adicional sin ningún tipo de recalificación.
Consultado sobre si la recuperación y el crecimiento que ha tenido la economía también ayuda a los deudores a mantenerse al día en el pago de sus créditos –pues se han recuperado sus ingresos– Dent consideró que esto puede ayudar a que quienes estaban a medio operar y ahora están operando completamente; sin embargo, señaló que el crecimiento actual es el normal, se nota alto porque está comparado con una base negativa.
Según el Banco Central, después de que la economía cayó 4,1% en el 2020 por la pandemia, en el 2021 aumentó en 7,6%.