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La Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP) denunció una cláusula riesgosa propuesta en el proyecto de ley que promueven los diputados para entregar el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) a los trabajadores afectados por el coronavirus.
En específico, se trata de la creación de un mecanismo en caso que la operadora tenga dificultades de liquidez, en el cual este administrador del ahorro individual entregaría un certificado al afiliado para que este obtenga su dinero en un banco público.
Hermes Alvarado, presidente de ACOP, explicó que esta propuesta deja en total indefensión a la persona, pues lo obliga a buscar su dinero en un tercero, cuando son las operadoras las administradoras del ahorro.
“El proyecto presupone que las operadoras no nos hemos preparado (para entregar el FCL) y eso no es cierto. Por eso incorporan ese artículo. Espero que nos convoquen para analizar el impacto para el afiliado”, afirmó Alvarado.
El vocero de la ACOP también recalcó que la iniciativa compromete a los bancos del Estado (Banco Nacional y Banco de Costa Rica) y al Banco Popular, pues podría afectar su liquidez.
El plan de los legisladores, presentado este miércoles 25 de marzo, establece que la Superintendencia de Pensiones (Supén), es la encargada de dictaminar la liquidez de la Operadora de Pensión Complementaria (OPC), para que el administrador de fondos proceda a brindar el certificado.
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La iniciativa aglutina, en un solo proyecto, cuatro propuestas que buscan permitir nuevas opciones para la entrega del FCL. La Ley de Protección al Trabajador solo permite el retiro por renuncia o despido; fallecimiento de la persona y cada cinco años (quinquenio).
El FCL es el dinero que aporta el patrono a favor de sus trabajadores como parte de su cesantía. Mes a mes, el empleador traslada el equivalente al 3% del salario de la persona a la OPC en la cual se encuentre afiliada. Hasta febrero pasado, había un saldo de ¢632.000 millones en dicho fondo, que es administrado por las operadoras.
Alvarado enfatizó en que el plan puede generar un riesgo sistémico en el mercado financiero al insinuar que las operadoras carecen de liquidez, cuando no es así.
“Esto en lo que se va a convertir, si se aprueba así, es en un mercado irregular de títulos del FCL. Además, se le traslada el riesgo al afiliado, eso es lo más grave. Se le entrega el certificado a la persona y usted vaya y juéguesela a ver quién se lo compra. No se garantiza la compra por parte del banco, sino que solo se le autoriza”, recalcó Alvarado.
Y añadió: “Quien debe administrar el riesgo es la operadora, no el afiliado”.
El presidente de ACOP explicó que las operadoras de pensiones complementarias están de acuerdo con la reforma para dar acceso a los recursos del FCL cuando al trabajador se le reduzca su jornada de trabajo o se le suspenda el contrato.
“Estas dos nuevas opciones para entregar el Fondo lo vemos como un incremento normal de solicitudes, para la cual nos empezamos a preparar, desde el año pasado, cuando se empezó a hablar de cambios legales. Contamos con reserva de liquidez y la recaudación semanal que recibimos”, enfatizó el presidente de la Asociación.
La iniciativa propuesta por los diputados debe ser convocada por el Gobierno, pues se está en sesiones extraordinarias y es el Gobierno el encargado de establecer la agenda del Congreso.
