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La mayoría de las operadoras de pensiones complementarias (OPC) incrementaron la concentración de sus inversiones en bonos de deuda del Gobierno a partir de que se eliminara el tope en el 2018.
Al cierre del año pasado, las seis empresas tenían invertidos el 54,5%, de los ¢7,7 billones de ahorro individual de 2,7 millones de trabajadores, en instrumentos emitidos por el Ministerio de Hacienda.
En tanto, en el 2018, el 46,5% de los ¢6,3 billones estaban colocados en títulos públicos, es decir hubo un incremento de ocho puntos porcentuales en un plazo de 12 meses, muestran los datos estadísticos publicados por la Superintendencia de Pensiones (Supén).
La información incluye la totalidad de las cotizaciones de los trabajadores al Régimen de Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y el sistema voluntario de jubilaciones.
El aumento reportado es el más relevante de los últimos cinco años y se originó, según las OPC, por las mayores tasas de interés ofrecidas en los instrumentos de Hacienda y las pocas opciones para destinar recursos a otros emisores privados.
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Roger Porras, gerente de Popular Pensiones, enfatizó que Hacienda es el único emisor significativo en el mercado local, hay carencias de emisores locales y la regulación restringe inversiones en el extranjero.
En tanto, Hermes Alvarado, gerente de BN Vital, catalogó el incremento como normal, pues el efecto de renovar los vencimientos genera un crecimiento por los intereses.
La mayor concentración en deuda del Gobierno coincide con la decisión del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), de octubre del 2018, de abrir la posibilidad de elevar las inversiones en instrumentos públicos del 50% del total de recursos administrados, hasta el 80%.
Con esto se elimina la orden dictada por el mismo Consejo, en octubre del 2014, de reducir la alta concentración de fondos invertidos en bonos públicos. En ese momento se había establecido bajar las colocaciones hechas en Gobierno y Banco Central, del 64% del dinero administrado, al 50% para finales del 2019.
El incremento del tope de las inversiones en sector público se establece en el Reglamento de Gestión de Activos.
Distribución por entidad
Los datos de la Supén muestran que BN Vital fue la operadora que más elevó sus inversiones en instrumentos emitidos por Hacienda.
Dicha entidad destinó el 57% de los ¢1,5 billones administrados, al cierre del 2019, a títulos de deuda del Gobierno, mientras que el año previo era el 40,4%. Es decir hubo un incremento de 16,7 puntos porcentuales en un plazo de 12 meses.
En términos absolutos se pasó de un saldo de ¢544.124 millones en 2018, a ¢899.941 millones el año pasado.
“Nuestra estrategia está en función de las condiciones de mercado, considerando en las decisiones los niveles de apetito por riesgo definidos por nuestro Comité de Inversiones, Comité de Riesgos y Junta Directiva”, afirmó Hermes Alvarado, jerarca de BN Vital.
El funcionario enfatizó que todas las inversiones se realizan de acuerdo a las condiciones del mercado local e internacional.
En el caso de Popular Pensiones, la entidad reportó una concentración del 55,7% de los ¢2,8 billones de recursos administrados se invirtieron en emisiones de Hacienda al cierre del año pasado.
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En tanto que, en el 2018, era el 48,5% de los ¢2,2 billones bajo su custodia, según los datos de la Superintendencia de Pensiones.
“Concentraciones en las carteras de estas dimensiones son consecuencia de varios factores, en primer lugar, contamos con un mercado bursátil poco desarrollado, así como poco profundo, en el que además se ha presentado disminución significativa de emisores”, afirmó Róger Porras, gerente de la operadora.
El especialista destacó que la escasez de otros instrumentos privados son los que generan ese tipo de distribución de las inversiones del sector de pensiones. Aunque destacó que Popular Pensiones es la institución que posee la mayor diversificación del mercado.
En el caso de la OPC CCSS el saldo invertido en Hacienda, a finales del 2019, fue del 24,4% de los ¢362.246 millones administrados, es decir una baja de 8,4 puntos porcentuales frente a los 32,8% de concentración en bonos de deuda del Gobierno en 2018.
“Se tomó la decisión en 2018 de no aumentar las posiciones en inversiones de Gobierno, básicamente porque no estuvimos dispuestos a asumir un mayor riesgo de crédito”, aseguró Héctor Maggi, gerente de la operadora.
Maggi enfatizó que Hacienda ofreció tasas de interés más altas, pero prefirieron no elevar la exposición.
“Es decir sacrificamos rentabilidad para mantener los niveles de riesgo de crédito dentro de los niveles de nuestro apetito al riesgo”, afirmó el Gerente.
