El Gobierno afronta desde hace varios años un fuerte crecimiento en la cuenta de intereses que resulta cada vez más difícil de financiar.
El incremento se concentró entre el 2012 y el 2017. En ese periodo el monto absoluto real (en valores de diciembre del 2017 para descontar el efecto de la inflación) pasó de unos ¢538.000 millones a aproximadamente ¢1.000.000 de millones.
Comparado con la producción interna del país (PIB) el monto pasa de representar un 2% a un 3,1%.
Medirlos respecto a la producción es como para un hogar comparar lo que representa su cuenta de intereses respecto a los ingresos que puede generar.
Un 3,1% es alto comparado con los países de América Latina. Según el Balance Preliminar de la Economías de América Latina y el Caribe 2017, de la Comisión Económica para Améria Latina y el Caribe (Cepal), el promedio de intereses del Gobierno Central respecto a la producción de la región alcanzó un 2,3% del PIB durante 2017.
Por país, Brasil mantiene el mayor pago de intereses de la región, un 5,7% del PIB, seguido por Costa Rica y República Dominicana, con un 3,2% del PIB cada uno (la medición puede tener pequeños cambios, según el momento en el cual se tomen los datos).
Para el 2018 el presupuesto del Gobierno Central lleva un monto para pagar intereses de ¢1.387.452 millones, lo cual equivaldría a un 3,97% de la producción, según señaló la Contraloría General de la República en el informe de presupuestos públicos del 2018.
Estruja los otros gastos
Al igual que sucede en un hogar, a medida que crece el pago de intereses son menos los recursos que quedan para atender otras necesidades, pero además, como los demás conocen que está muy endeudado le cuesta cada vez más que le presten para pagar los intereses de deudas anteriores.
“Ante mayores requerimientos de financiamiento, mayor será el costo financiero de nueva deuda”, advirtió la Contraloría en el citado informe.
El detonante de dicho aumento es la acumulación de la deuda que se ha generado debido al desbalance fiscal (exceso de gastos del Gobierno Central por encima de los ingresos que recibe, principalmente, por impuestos).
La deuda del Gobierno Central pasó de representar un 24,1% de la producción en el 2008 al 49,2%, en el 2017.
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Además, el costo de dicha deuda aumentó, especialmente en el 2017.
“Las tasas de interés pagadas por los títulos valores se han ido incrementado en los últimos periodos, donde, por ejemplo, las tasas pagadas por títulos valores a un año, pasaron de 4,5% en la última semana de enero del 2017, a 7,9% en la última semana de enero del 2018”, describe la Contraloría, en el informe.
La viceministra de Hacienda, encargada del gasto, Marha Cubillo, explicó que el aumento que se registra desde el 2017 en las tasas de interés internas y en las tasas externas ya se refleja en el mayor pago de intereses.
“El aumento ya se refleja, pues la mayor parte de la deuda está a tasa fija. De no tomar acciones prontas en materia fiscal, principalmente, en lo relacionado con la aprobación del Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no se descartan mayores aumentos en las tasas de interés”, comentó Cubillo.
Para el economista, José Luis Arce, aunque ya se refleje, todavía falta ver más crecimiento en el pago de intereses por el incremento en las tasas.
“Me parece que aún estamos viendo, principalmente, el efecto del aumento en el saldo de la deuda; sobre los pagos por concepto de intereses, tomará unos tres a seis meses más que se refleje completamente los aumentos en los costos de financiamiento del Gobierno en las cifras”, comentó Arce.
Para el director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, José Antonio Cordero, lo que preocupa es que, al empeorar los indicadores de endeudamiento del país, eso afecta la imagen externa de Costa Rica y las percepciones de riesgo lo cual hace más difícil conseguir fondos externos en buenos términos.
“Por el tamaño reducido del mercado nuestro el Gobierno no puede depender solamente del mercado interno sin provocar un aumento en el costo de los recursos nacionales a nivel local, entonces tiene que recurrir mucho a fondos externos”, comentó Cordero.
Cancelación del contrato agrava situación
El Gobierno no tiene autorización legislativa para pedir préstamos en el exterior; no obstante, había anunciado el uso de una figura denominada “contrato de colocación”, mediante la cual pretendía hacer colocaciones internas, pero con la posibilidad de que las adquirieran inversionistas extranjeros.
El Gobierno había anunciado un contrato de hasta $1.500 millones, pero esta semana informó de que ya no se efectuará porque no se alcanzaron las condiciones adecuadas.
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Consultada sobre si esta decisión podría presionar más las tasas internas, y la cuenta de intereses, Cubillo explicó que la meta es captar el equivalente a $2.000 millones con contratos de colocación, lo cual se mantiene.
"La presión por tasas de interés, dependerá además, del movimiento de las mismas a nivel internacional y de la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa respecto a la reforma fiscal", añadió Cubillo.
Arce opinó que el mercado financiero ya había descontado la cancelación del contrato de colocación, pues veían dificultades en que se ejecutara.
No obstante, este economista agregó que el que, Hacienda acepte este hecho abiertamente, añade un elemento adicional a la presión que tiene en el mercado para financiarse, producto del elevado déficit, los vencimientos y en general el deterioro de la percepción acerca de la sostenibilidad de las finanzas públicas.
"Los atrasos de horas en los pagos, los bajos niveles de depósito del Gobierno en el Banco Central y el mayor endeudamiento en dólares, a plazos cortos y en tasas de interés lo que muestran es que se ha quedado sin espacios de financiamiento, y eso complica la gestión de la deuda pública”, comentó Arce.
“Básicamente, lo que está pasando es que hemos ido quemando cartuchos y al quemar cartuchos las opciones que existen se van volviendo más onerosas”, añadió Cordero.