Finanzas

Pagos de deuda del Gobierno por ¢25,5 billones hasta 2028 obligan a más disciplina fiscal

El monto más alto a honrar corresponde a ¢5,2 billones en 2023. Los analistas consideran que los resultados fiscales respaldan el cumplimiento de estas obligaciones, pero también persisten retos, que el Gobierno debe asumir

Los pagos de la deuda pública del Gobierno (principal e intereses) totalizan ¢25,5 billones para el periodo 2023-2028. Es un monto alto, y solo este año se deben honrar ¢5,2 billones, pero a partir de ahí los desembolsos anuales comenzarán a bajar. Por eso, en criterio de distintos economistas, Costa Rica tiene buenas perspectivas de poder enfrentar tales obligaciones.

Sin embargo, este panorama optimista está sujeto a varias consideraciones: los pagos o refinanciamientos serán más llevaderos siempre y cuando se mantenga la disciplina fiscal, se ofrezcan rendimientos competitivos y se alarguen los plazos de futuras emisiones.

El economista José Luis Arce explicó que hay que desmitificar el tema de los plazos de vencimiento de la deuda y hacer la diferencia entre lo que es un vencimiento ya en circulación, y lo que es nueva deuda asociada con déficits adicionales.

“La deuda que está en circulación ya alguien la posee, la tiene en sus portafolios: una operadora de pensiones, un banco, una persona, ya sea local o internacional. Pagar esa deuda se resume en asegurarse que quien la tiene la siga queriendo tener”, indicó.

Esto último se logra por medio de mejoras fiscales como las obtenidas hasta ahora y asegurando un rendimiento competitivo respecto al que podrían obtener en otra alternativa de inversión. “Es parte de la tarea que tiene que hacer Hacienda”, apuntó Arce.

Al emitir los títulos de deuda, el Gobierno define un precio para el valor y debe garantizar un rendimiento (ganancias) al inversionista que la adquiere mediante la aceptación de la tasa de interés, a un plazo determinado.

De acuerdo con los datos de Hacienda, el mayor monto en el pago de obligaciones de los próximos seis años es por deuda interna. Las amortizaciones más el pago de los intereses suman ¢20,92 billones para el periodo 2023-2028, en tanto, en la deuda externa, totalizan ¢4,54 billones.

Arce también recomendó poner atención al hecho que la deuda está programada para el corto y mediano plazo. “Lo que significa que hay que estarla repagando casi en su totalidad en un plazo relativamente corto, hay que estar convenciendo a las personas que tengan la deuda que la sigan manteniendo en un periodo corto”.

Así las cosas, consideró que lo ideal sería extender los plazos y eso se lograría utilizando como vehículo el mercado de capitales. Es el caso de los eurobonos. O también desarrollando el mercado de deuda local para que los inversionistas domésticos, que son los que tienen la mayor parte de la deuda, quieran invertir con un horizonte más amplio.

Frente a este hecho, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, indicó a La Nación que fue el gobierno anterior quien se endeudó a tres y a cinco años plazo. “Todo nos toca pagarlo a nosotros ahora porque el mercado no lo permitía, porque no había confianza. Nosotros hemos logrado eso. Yo debo abonarle parte del esfuerzo al gobierno anterior, los vencimientos están ahí y a mí me toca pagarlos”, dijo.

Indicó que la estrategia del Gobierno es tratar de aplanar esos picos y distribuirlos a lo largo del tiempo. “Tenemos que definir una estrategia de colocaciones para que a los próximos gobiernos no les toque enfrentarse a lo que nos tocó a nosotros”, comentó.

Para Acosta, los principales riesgos para atender las obligaciones que se avecinan son globales. “El nivel de incertidumbre en los mercados internacionales es brutal: las tensiones entre Estados Unidos y China, el recrudecimiento de la guerra en Ucrania, la FED aumentando tasas, si el BCCR no sube las tasas, un evento climático”, señaló.

Gloriana Ivankovich, economista y directora ejecutiva de la Academia de Centroamérica, coincide en que el país tiene la capacidad de pagar dicha deuda. Sin embargo, enfatiza que lo relevante es cuál es el costo de oportunidad o el sacrificio que implica y cuál será el impacto que esto tiene para Costa Rica en términos de inversión, ayuda social, y sobre el sector público.

También consideró que el país puede refinanciar parte o la totalidad de lo que vence, por lo cual, lo realmente importante es la carga de los intereses y cuánto representan del gasto total, no solo la relación deuda-producto interno bruto (PIB).

De la misma manera, Adriana Rodríguez, gerente general de Acobo Puesto de Bolsa, recordó que Costa Rica siempre ha manejado con un porcentaje de vencimiento importante para los próximos cinco u ocho años, como porcentaje del PIB, y a su juicio eso se ha ido renovando y refinanciando de una forma bastante ordenada, algo que no debería variar.

Mencionó que los cambios estructurales, como la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la regla fiscal y la Ley de Empleo Público, hacen que los buenos resultados fiscales no sean transitorios. “Eso brinda muchísima confianza a los inversionistas”, y estimula la demanda de las emisiones por parte de inversionistas dentro y fuera de Costa Rica.

Además de la salud de las finanzas públicas, los inversionistas locales e internacionales estarán atentos a los rendimientos ofrecidos por el Gobierno, quien debe buscar o mantener la demanda por sus emisiones, a un costo que sea competitivo. Buenos resultados presupuestarios ayudan a bajar las tasas de interés ofrecidas, pero la gestión de la deuda también exige una dosis de realismo, opinó Arce.

“Si la inflación es alta no se pueden quedar con tasas bajas porque si no la gente no invierte. Tienen que hacer una gestión de deuda inteligente de acuerdo con las condiciones de mercado”, apuntó.

Fernando Naranjo Villalobos, exministro de Hacienda, también suscribe que el problema del alto endeudamiento se corrige con disciplina fiscal pues no ve viable, desde el punto de vista político, otra reforma tributaria para aumentar la carga de impuestos.

Consideró que la solución es, precisamente, contener al gasto público y asegurarse que el grado de endeudamiento del Gobierno sea inferior al crecimiento de la producción nacional.

Según el informe de Hacienda, a enero 2023 la razón de la deuda respecto al PIB fue del 58,5%, con base en la producción proyectada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para este año. Eso refleja una reducción de 5,2 puntos porcentuales (p. p.) en comparación con el cierre del 2022 (63,8%).

La venta de deuda en los mercados internacionales, comúnmente conocida como “eurobonos”, es otra de las piezas importantes en el refinanciamiento de los vencimientos del Gobierno de los próximos seis años.

A principios de diciembre del 2022, el presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, firmó la ley que autoriza al Gobierno a colocar $5.000 millones en el exterior, durante los próximos tres años. La legislación permite al Gobierno colocar $1.500 millones en los primeros seis meses del 2023 y otros $1.500 millones en la segunda parte de este mismo año; otros $1.000 millones, en el 2024; y $1.000 millones, en el 2025.

Sobre el momento estimado para esta primera incursión en el mercado, el ministro de Hacienda comentó que la reciente mejora en la calificación de riesgo de Costa Rica por parte de las agencias Standard & Poor’s y Fitch Ratings, permiten al Gobierno tener mayor certeza con esta emisión. “No emitíamos los eurobonos hasta que salieran las calificadoras por una simple razón: porque es el más apetecible de nuestros títulos”.

Ahora, añadió Acosta, esperan que los bancos internacionales contratados para la colocación den el banderazo de salida. “Están (los bancos) analizando el mercado y esperando la mejor oportunidad, y luego que nos den una retroalimentación; nosotros salimos en 2019 (con una emisión de eurobonos), han pasado casi cuatro años desde entonces, hay que esperar un poco, ver el mercado, cómo se comporta y a partir de ahí tomar una decisión”, explicó.

Explicó que esta primera emisión estará limitada a las condiciones del mercado internacional mientras que la segunda venta del 2023 se planificará con base en las necesidades del país.

Colaboró el periodista Óscar Rodríguez.

La reciente actualización en la clasificación de riesgo para Costa Rica por parte de las calificadoras internacionales Standard & Poor's y Fitch Ratings es, para los analistas, un elemento que ayuda a respaldar la próxima colocación de los eurobonos. Foto: Archivo
Gustavo Ortega

Gustavo Ortega

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Acumula 27 años de experiencia. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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