El régimen de pensiones especial de los trabajadores del Banco Nacional debe pasar por una drástica reforma de lo contrario no tiene garantizada su sostenibilidad.

El Estudio técnico actuarial al Fondo de Garantías y Jubilaciones de los Empleados del Banco Nacional, del pasado 28 de marzo, determinó que el régimen tiene un déficit de ¢45.953 millones en valor presente.

El equilibrio futuro se lograría mediante la combinación de una seria de rigurosos cambios en las condiciones del sistema para los trabajadores del Banco y quienes reciben actualmente una pensión, se expone en el análisis realizado por la empresa Ernst & Young.

Este sistema de pensiones es financiado entre los trabajadores y el Banco. Sin embargo, la institución pública es la que más cotiza, pues su aporte mensual es equivalente al 10% del salario de cada trabajador.

Los 5.312 trabajadores activos contribuyen hoy con el 5,5% de su salario. Sin embargo, entre las medidas correctivas planteadas en el estudio están que los funcionarios cambien el aporte a un 11% de su salario mensual al Fondo.

Para los jubilados con un beneficio superior a ¢1,5 millones se propuso crear una contribución del 10%. También se planteó reducir o eliminar las jubilaciones por sucesión, es decir la que reciben los hijos o cónyuges de un pensionado fallecido.

El estudio también planteó aplicar una revalorización del monto de pensión menor para los jubilados con pensiones altas, de esta forma se “contribuye a disminuir la inequidad generacional”, frente a las nuevas generaciones de retirados.

El informe advierte que si las condiciones actuales de beneficios no son modificadas la reserva del Fondo iniciará un proceso de reducción en el 2054 y se agotará en el 2070.

“Se recomienda a la Administración de Fondo que, para mejorar la equidad intergeneracional en el largo plazo, analice la posibilidad de aplicar modificaciones enfocadas a reducir el déficit actuarial de los pensionados en curso de pago”, recalca el estudio.

Carlos Chavarría, gerente general del Fondo, comentó que una comisión conformada en el Banco presentará un plan de reformas.

“Actualmente no es posible indicar cuales son las medidas que se aplicarán por cuanto esta comisión está en proceso para presentar la propuesta final, con base en los resultados del estudio”, explicó Chavarría.

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Los cambios al Fondo deben aprobarse por la Junta Directiva del Banco Nacional para que se implementen.

La última reforma al régimen se hizo en octubre del 2016. En ese momento, se decidió elevar el aporte del trabajador al régimen del 5% hasta el 7%, proceso que culminará dentro de seis años.

Asimismo la permanencia mínima para obtener la pensión por vejez subió a 20 años y que el monto del beneficio será el 10% del salario promedio, en términos reales, de los últimos 25 años.

A diciembre del 2018, el régimen de jubilaciones del Banco Nacional tenía una reserva de ¢183.878 millones. Este sistema especial se creó en 1937 con la promulgación de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.

La Nación solicitó una posición al Banco Nacional sobre los resultados del estudio actuarial. Pero la institución solo remitió las respuestas del gerente del régimen.

Deterioro acelerado

El informe de Ernst & Young muestra que en los últimos dos años hubo un retroceso en las finanzas de este sistema de jubilaciones.

Primero por una reducción en los ingresos del Fondo. De ¢28.785 millones, en el 2016, se pasó ¢27.000 millones en el 2017 y el 2018.

Del lado del gasto hubo una aceleración. En el 2016, ascendió a ¢12.636 millones y ya para el 2018 fue de ¢18.339 millones.

El crecimiento más significativo en los egresos se dio en las denominadas liquidaciones actuariales, pues de ¢1.434 millones, en el 2016, se elevó a ¢4.414 millones el año pasado.

Este es un beneficio que permite a los trabajadores que renuncian, antes de obtener el beneficio de jubilación, llevarse la totalidad de sus aporte obrero-patronal si empezó a cotizar antes del 18 de febrero del 2000.

Quienes ingresaron después de esa fecha deben trasladar el dinero a una operadora de pensiones complementarias, según el reglamento del régimen.

“El incremento observado en el monto de las pensiones y las liquidaciones actuariales responde principalmente al proceso de aprobación de la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas en donde se establece una disminución en el tope de cesantía que se paga a los empleados del sector público”, argumentó el estudio.

El resultado de la baja en los ingresos y el alza en los gastos resultó en una menor capitalización a las reservas del fondo, pues de ¢16.149 millones, en el 2016, se redujo a ¢9.172 millones el año pasado, se detalla en el informe.

“Hay que considerar que si bien el retiro total de los recursos representa una caída inmediata en la reserva, también representa un ahorro futuro para el fondo, en el sentido de que no se contrae una obligación futura de pago de pensión y por tanto se reduce el costo actuarial”, consideró Chavarría.

Para el final del año pasado habían 1.505 personas jubiladas cuyo monto de pensión promedio por vejez fue de ¢921.470.

En los últimos dos años la cantidad de pensionados del sistema especial aumentó 8,4%, según el estudio actuarial.

Del lado de los cotizantes, contabilizó el año pasado en 5.312 trabajadores aportantes al Fondo, es decir una baja de 3,3% frente al 2016.

12 jubilados reciben monto similar a 305 pensiones más bajas

Las 12 personas con las pensiones más altas en el Banco Nacional reciben un monto casi equivalente al de 305 jubilados con los beneficios más bajos.

Este grupo de 305 exfuncionarios, cuya cuantía mensual no supera los ¢252.000, reciben el 6,1% del pago total del sistema de retiro. Dicho porcentaje ascendió, el año pasado, a ¢786 millones.

Estos beneficiarios representan el 20,6% del total de personas retiradas por el Fondo de Garantías y Jubilaciones de los Empleados del Banco Nacional, según la información brindada por los administradores del sistema a La Nación.

Mientras tanto las 12 personas retiradas con los montos más altos, superan los ¢4 millones al mes, reciben el 5,8% del total de los egresos, lo cual significó ¢748 millones durante el 2018.

Sin embargo, apenas representan el 0,8% del total de los jubilados en el régimen especial de la institución bancaria pública.

Carlos Chavarría, gerente general del Fondo, confirmó que la pensión más alta del sistema asciende a ¢7,1 millones por mes.

Precisamente el más reciente estudio actuarial efectuado al régimen especial recomendó imponer una contribución del 10% a las pensiones que superen los ¢1,5 millones al mes.

Chavarría recalcó que, al cierre del 2018, solo 151 jubilados superaban dicho monto al cierre del año pasado.

“O sea un 10% de la población lo cual es una minoría”, recalcó Chavarría.

El jerarca se negó a brindar el nombre y cuantía de la pensión de cada uno de los jubilados del régimen.

“No es posible brindar una lista con los detalles de estas pensiones, por cuanto es responsabilidad de este Fondo resguardar la información personal de sus pensionados”, argumentó el Gerente del Fondo.

Los datos brindados por el Fondo muestran que el 33% de los pensionados, es decir 494 personas, tienen un beneficio que va desde los ¢500.000 hasta ¢1.000.000.

Asimismo reciben el 33% del total de pagos, lo cual ascendió a ¢4.215 millones el año pasado.

Por distribución del gasto, el 35% del egreso en pensiones, es decir ¢4.460 millones durante el 2018, se concentró en jubilaciones que van desde más de ¢1.000.000 hasta los ¢2.000.000.

En este grupo hay 269 personas que representaban el 18% del total de beneficiarios del régimen.