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El Poder Judicial tiene seis años sin cobrar ¢3.216 millones pagados de más, a un grupo de 816 pensionados, quienes obtuvieron su jubilación sin cumplir los requisitos para su retiro.
A estas personas se les paga, en promedio al mes, hasta un 27% adicional a lo que realmente deberían recibir y hay un alto riesgo de que los recursos dados de manera errónea no se recuperen, pues algunos casos están por prescribir.
Así lo advirtió la Dirección de Planificación de la Corte en el oficio N° 32-PLA-OI-2021, del pasado 12 de enero, al Consejo Superior y a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
El documento de la Dirección de Planificación, del cual tiene copia La Nación, urgió iniciar las labores de cobro para evitar un daño al patrimonio del régimen de jubilaciones pues se detectaron 129 pensiones, otorgadas en el 2010, que están a punto de la prescripción.
“Es importante indicar que entre más transcurra el tiempo (…) las sumas pagadas de más seguirán en aumento, con el agravante de no ser recuperadas y que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones continué con el pago del beneficio otorgado de manera errónea”, se señala en el estudio.
El área de Planificación elaboró el informe como parte de un plan remedial para comenzar las gestiones de cobro.
El documento expone tres posibles escenarios para realizar la revisión de los 816 casos y la necesidad de personal extra para hacer tal análisis.
Además establece la necesidad de que Dirección Jurídica del Poder Judicial indique la manera de realizar un nuevo cálculo del monto de pensión.
Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencias de Pensiones (Supén), explicó que se está a la espera de la resolución del Consejo Superior sobre el requerimiento de funcionarios adicionales, para hacer los estudios e iniciar los cobros.
“Es importante resaltar que los montos pagados de más (...) ya están contemplados en las valuaciones actuariales que anualmente se le realizan a este fondo”, sostuvo Aguilar.
Al cierre del 2020, este régimen contaba con una reserva de casi ¢646.000 millones, según los estados financieros.
Además, la entrada de recursos por contribuciones ascendieron a casi ¢94.000 millones, más ¢72.000 millones de ingresos financieros por inversiones.
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En tanto que el pago a los 4.200 beneficiarios del fondo ascendió a casi ¢80.000 millones.
El último estudio actuarial hecho al régimen, de marzo del 2020, determinó que tiene un hueco actuarial de ¢736.058 millones y no tiene la capacidad para garantizar el pago de pensiones para todos sus beneficiarios en el futuro.
Años en análisis
La Corte recibió la alerta por primera vez de pensiones otorgadas de manera incorrecta, en setiembre del 2015, mediante un informe elaborado por la Auditoría Judicial.
Los beneficios erróneos se concedieron, entre enero del 2010 y setiembre del 2015, a trabajadores que no cumplían las reglas de jubilación de ese momento. Es decir no tenían la edad mínima de retiro (55 años), ni 30 años laborados, o ninguna de las dos condiciones.
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La Auditoría también reveló que las pensiones se calcularon con una fórmula errónea que sobrevaloró el monto.
El yerro ocurrió por una inadecuada interpretación y aplicación, en el 2006, del Transitorio III de la Ley Marco de Pensiones.
Después de conocer el informe, el Consejo Superior suspendió, en noviembre del 2015, la posibilidad de jubilarse con base en la Ley Marco de Pensiones.
Con la reforma legal al fondo de pensiones, del 2018, se definió de manera definitiva que para acceder a la pensión por vejez se estableció a partir a los 65 años; en vez de 55 años; y el aporte del trabajador y los jubilados se elevó del 11% al 13% de su salario.
El estudio de enero pasado, hizo una primera depuración de casos, pues determinó que los casos erróneos eran 816, en vez de 953, que la Supén había determinado en octubre del 2016.
La reducción, según la Superintendencia, se debe al posible fallecimiento de jubilados.
“Con el monto estimado de sumas pagadas de más se podría contribuir con la sostenibilidad actuarial del fondo (...) ya que sería una inyección de capital que se podría reinvertir, en adición a las sumas que se dejarían de pagar sin ser un derecho adquirido, ya que estos 816 registros representan el 19% (de los jubilados por vejez)”, se destaca en el estudio de la Dirección de Planificación.
La Junta Administradora del fondo de pensiones descartó, por escrito, que hubiera omisiones por parte del Poder Judicial.
”Se debe recordar que la Administración no puede de forma arbitraria o unilateral, proceder a establecer cobros sin antes haber otorgado el debido proceso a todas las partes involucradas”, se explicó en la respuesta a este diario.
Para iniciar el acto administrativo de cobro es necesario realizar un estudio de cada caso, destacó dicho órgano en un correo electrónico remitido por la oficina de prensa de ese poder.
“En cuanto a si la situación es reparable, se considera que de existir casos en que se haya calculado de forma errónea las jubilaciones y pensiones, hay posibilidad legal de recuperar los montos en los casos en que así se determine”, detalló la Junta.
La jerarca de la Supén destacó que, en los últimos años, el Poder Judicial ha alegado falta de recursos para realizar el estudio detallado de pagos extras a jubilados.
Aguilar agregó que, con la reforma de 2018, se atrasó la conformación de la Junta Administradora que será la encargada de tomar la decisión final de cobro.
