EscucharFernado Víquez Salazar, presidente del Banco de Costa Rica (BCR) y directivo de BCR SAFI, calificó como “muy malo” el rendimiento generado por las nueve propiedades adquiridas a la empresa HBC Inmobiliaria, del exdiputado Humberto Vargas, y que forman parte de la cartera de activos que administra la sociedad de fondos de inversión.
“Esos inmuebles que corresponden a ese desarrollador (HBC Inmobiliaria) están un poco por debajo del promedio de la industria. Si vemos el rendimiento bruto actual, el rendimiento es muy malo en esos nueve inmuebles en particular”, afirmó el jerarca durante su comparecencia ante la Comisión Permanente de Control de Ingreso y Gasto Público.
En su presentación dijo que el rendimiento bruto anual de dichas propiedades es del 2,36%, mientras que el promedio de la industria inmobiliaria es del 6,06%.
“Obviamente de ahí (el resultado) vienen dudas y nacen todas las denuncias que tienen los inversionistas y este mismo foro. En el sentido de que hay una preocupación porque se ve un rendimiento menor en un grupo de activos importantes”, subrayó Víquez Salazar.
El Presidente del BCR fue citado por los diputados, este jueves 11 de enero, a raíz de la investigación legislativa por la compra, en el 2018, del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), por parte del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado, bajo tutela de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI).
Durante su presentación, él quiso ahondar en la información de las propiedades adquiridas a la compañía del exdiputado que fue revelada, en diciembre pasado, por Allan Marín Roldán, actual gerente general de BCR SAFI.
Víquez explicó a los legisladores que la baja en el rendimiento se ve afectada por la disminución en la ocupación de los inmuebles a raíz de situaciones como la pandemia de la covid-19 y la crisis de contenedores.
En un fondo inmobiliario la rentabilidad se genera por el pago de los alquileres hechos por los inquilinos que arriendan una propiedad. Cuando hay salida de clientes o impagos, se impacta los ingresos y afecta las ganancias recibidas por los inversionistas.
El jerarca del banco estatal añadió que las nueve propiedades compradas a HBC Inmobiliaria representan el 14,5% del activo total de los fondos inmobiliarios administrados por BCR SAFI, subsidiaria del Banco de Costa Rica.
El PEP y Bodegas Comerciales Uruca 02 (BC Uruca 02), ambas propiedad de Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado, significan el 28% del activo de este vehículo de inversión, detalló Víquez.
Eric Ramos, abogado del exdiputado Vargas, calificó de lamentable los comentarios del presidente del BCR. A la vez que criticó la labor de la comisión legislativa, por dar apariencia de legalidad a un proceso donde no se permite el ejercicio de defensa.
El jurista detalló que los rendimientos generados por los inmuebles eran buenos antes de que comprara BCR SAFI.
”La empresa que traslada los activos se comprometió contractualmente a cubrir los alquileres que tenían que pagar los inquilinos que existían al momento del traspaso. Entonces, si un inquilino no pagaba, la empresa como una especie de fianza pagaba en lugar del cliente”, afirmó Ramos.
El abogado añadió que los nuevos inquilinos de la sociedad administrados quedaban fuera del acuerdo entre las partes.
”También existía el compromiso, en el caso de una desocupación temprana, a pagar la multas que se establecían en el contrato. Todo esto se cubrió”, afirmó Ramos.
Los cuestionamientos sobre las compras de inmuebles de BCR SAFI salieron a la luz pública después de que un grupo de inversionistas denunciaron, en setiembre del 2022, la compra del PEP por $70,8 millones, ante la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
Según un avalúo externo hecho al PEP, el año pasado, contratado por los inversionistas del fondo a la empresa Constructora Costarricense S. A. (Cocosa), se tasó el inmueble en $27,4 millones, es decir, 38% del costo pagado.
Tras darse a conocer el avalúo, el BCR SAFI rechazó el resultado, argumentando que el estudio contratado incumple la metodología de valoración dictada por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la cual investiga esta operación desde setiembre del 2022.
El PEP mide de 540.000 metros cuadrados y está ubicado en Caldera, en Esparza de Puntarenas.
