Los préstamos concedidos por familiares o amigos son una fuente importante de financiamiento para los costarricenses, en especial para aquellas personas de menores ingresos.
Según la encuesta de Endeudamiento de los Hogares Costarricenses, realizada por la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), casi la mitad de las personas que tienen ingresos mensuales menores a ¢300.000 recibieron un préstamo de un allegado en el último año, lo cual la convierte en la fuente de financimiento que más personas dijeron usar.
En segundo lugar, con un 45%, están las deudas con empresas de electrodomésticos, polacos u otras tiendas y 22% tienen créditos personales de consumo.
En un comunicado de prensa, la Oficina llamó la atención de que las tarjetas de crédito no son el principal componente generador de deuda de los costarricenses.
De hecho, en el caso del grupo de menor ingreso, solo un 13% dijo tener deudas con tarjetas de crédito en colones y dólares.
La Oficina del Consumidor Financiero había revelado una primera parte de esta encuesta el 9 de febrero pasado, en la cual señalaba, entre otros hallazgos, que uno de cada cinco costarricenses debe apartar un 62,5% o más de su ingreso mensual para pagar deudas.
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“La encuesta busca dimensionar la realidad del endeudamiento en Costa Rica. En la primera entrega destacamos que las personas tenían deudas en un sentido amplio; en esta ocasión desmenuzamos el comportamiento del tico con respecto al tipo de deudas, las actitudes que asumen frente a ellas y el manejo que se le da al dinero”, explicó Danilo Montero, director general de la Oficina.
El estudio se realizó durante el mes de noviembre del 2020, abarcó a 1.200 personas entre los 18 a 65 años, con un error muestral de 2,8% y fue aplicado en todo el país.
Deuda según nivel de ingreso
Entre las personas que reciben entre ¢300.000 y ¢500.000 al mes, un 41% tiene deudas con empresas de electrodomésticos, 40% créditos personales de consumo y los préstamos de familiares y amigos ocupan un tercer lugar con un 37%.
Entre quienes reciben entre ¢500.000 y ¢1.000.000 al mes, la mayoría (38%) dijo tener préstamos personales de consumo, el segundo lugar con 32% lo tienen las tarjetas de crédito y en tercer lugar, con 31%, están los préstamos de familiares o amigos.
Con respecto a las personas que tienen ingresos de entre ¢1 millón y ¢1,5 millones al mes, la mayoría (51%) tiene préstamos personales, un 48% posee créditos con tarjetas y un 41% cuenta con financiamiento con una asociación solidarista o cooperativa.
En este grupo, los préstamos de familiares y amigos se ubican en sexto lugar de importancia; pues solo un 18% dijo contar con financiamiento de este tipo.
Por otra parte, en el grupo que recibe entre ¢1,5 millones y ¢2,5 millones por mes, casi la mitad (48%) dijo tener préstamos con asociación solidarista o cooperativa, un 40% indicó contar con préstamos personales, con un 40% y un 38% señaló poseer préstamo de vivienda.
En este grupo, los créditos de familiares y amigos ocupan un quinto lugar de importancia con un 18%.
Finalmente, en el grupo de más altos ingresos, ¢2,5 millones o más por mes, la mayoría tiene crédito de vivienda (61%), el segundo lugar lo tienen las tarjetas con 49% y en el tercero, empatan con 47% los préstamos de asociaciones solidaristas y cooperativas con los personales.
En este grupo los préstamos de allegados también ocupan una sexta posición de importancia, pues un 26% expresó tener uno.
En el comunicado se detalla que conforme los ingresos crecen, las personas se mueven al crédito de entidades reguladas y tiende a desaparecer el crédito con familiares o amigos.
“La situación se repite por estatus laboral: cuando las personas no tienen trabajo remunerado, la fuente de crédito son familiares o amigos; crece la preferencia por el crédito de entes regulados (bancos, cooperativas o mutuales) para los trabajadores del sector privado y es el tipo de fuente que domina por mucho para quienes laboran en el sector público.
“Para la Oficina del Consumidor Financiero, este comportamiento confirma que hay cierto grado de exclusión financiera, situación que amerita alguna política pública que cierre esa brecha”, indica el comunicado.