La más reciente propuesta de reforma al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) tiene como uno de sus ejes principales la eliminación de la pensión anticipada para las mujeres y los hombres.
La Gerencia de Pensiones presentó la medida, este jueves 20 de mayo, a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que a su vez decidió posponer la decisión por dos meses, mientras se comunican los cambios a la población.
Para julio próximo, los directivos tienen previsto tomar la decisión definitiva sobre el futuro del retiro anticipado.
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En la propuesta este beneficio no se elimina de manera inmediata, sino que será gradual, a partir del 2025.
Esto significa que para el 2021, 2022, 2023 y 2024 permanecen las reglas vigentes de jubilaciones, es decir, las mujeres podrán adelantar su retiro si cuentan con los 60 años y 450 cuotas; y los hombres a los 62 años, con 462 cuotas.
Pero, a partir del 2025, los requisitos de jubilación anticipada cambian para ambos sexos.
Las mujeres deberán contar con 61 años. En tanto, para los hombres, la edad será de 63 años.
Para el 2026, el retiro anticipado para las mujeres se aceptará si tiene 62 años, mientras que para los varones será a los 64 años.
En el 2027, el retiro anticipado desaparece para los hombres pues, a partir de ese momento, el requisitos mínimo será de 65 años y 300 cuotas. En tanto las mujeres, sí podrán anticipar el retiro a los 63 años.
Al año siguiente, la pensión anticipada para las trabajadoras se permitirá solo con 64 años. Y, a partir del 2029, las mujeres se jubilarán con 65 años y 300 contribuciones, es decir, el mínimo establecido en el fondo de jubilaciones, de esta forma también se extingue la jubilación anticipada.
La Gerencia de Pensiones de la CCSS propuso eliminar este beneficio porque cuando se creó se hizo sin un sustento técnico.
También porque es la variable que tiene mayor impacto en los objetivos planteados de sostenibilidad y solvencia, justificaron los técnicos de la institución autónoma a la Junta Directiva, este jueves 20 de mayo.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones, explicó que la edad de retiro mínima de 65 años, con 300 cuotas, se estableció desde 1947, cuando la esperanza de vida era de 58 años.
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“La edad anticipada de retiro se estableció en los años de 1970. Luego se ajustó en la década de 1980 y 1990. En aquellos años había muchos cotizantes y pocos pensionados. Hoy esta realidad ha cambiado”, enfatizó el jerarca.
Barrantes añadió que el sistema debe ajustarse a la nueva realidad demográfica de Costa Rica.
“No tenemos una fuente de financiamiento que permita mantener la edad anticipada y la forma en que las personas se han retirado antes de los 65 años”, agregó.
La iniciativa de reforma también propone un cambio en la fórmula de cálculo de la cuantía de la pensión. Con las reglas actuales se establece un salario promedio, de los últimos 20 años cotizados, y que el monto de la jubilación sea equivalente entre el 52% y el 43% de ese salario de referencia.
En la propuesta se establece que la jubilación se calcule con toda la carrera laboral de la persona, es decir, 25 años, pero con los mejores 25 salarios reportados, detalló Barrantes.
Con dichos cambios, se busca alargar la sostenibilidad del régimen hasta el 2053, y así evitar la proyección dada en el último estudio actuarial, de julio del 2019, donde se estableció que la reserva del IVM se agota en el 2037, como está previsto.
El IVM es el principal fondo de pensiones de Costa Rica en el cual cotizan 1,5 millones de trabajadores, 80.000 patronos y el Estado. A febrero, contaba con 305.835 beneficiarios de una pensión.
La emergencia provocó que el sistema reportara, en el 2020, el nivel más bajo de crecimiento de la reserva de los últimos nueve años. A diciembre anterior, el saldo ascendió a ¢2,38 billones, es decir, tuvo un incremento de apenas 3,83%, comparado con el mismo periodo del 2019.
La drástica reducción de los ingresos del fondo obligó a la entidad, el año pasado y durante estos primeros meses del 2021, a tomar ¢25.000 millones mensuales de la reserva del fondo para hacerle frente a los gastos en pago de pensiones.