Las modificaciones a las remuneraciones del sector público incluidas en la reforma fiscal aprobada en el 2018, hicieron que la tasa de crecimiento del pago de incentivos salariales cayera por debajo de la tasa de crecimiento de las remuneraciones básicas.

Antes de eso, el gasto en pluses crecía más que el de los salarios base en todo el sector público, que incluye al Gobierno Central (presidencia, ministerios, Poder Judicial y Asamblea Legislativa, principalmente) y todo el resto de empresas y entidades.

Además, en el 2020, por primera vez en 10 años, el gasto en incentivos en el sector público bajó respecto al año anterior (-0,1%) y además estuvo por debajo del aumento del índice de precios al consumidor, lo cual indica que hubo una caída real.

Los datos los publicó, el 4 de mayo pasado, la Contraloría General de la República en su Memoria Anual del año 2020.

“Las regulaciones establecidas en el Título III de la Ley N° 9635 disminuyen el dinamismo de los incentivos salariales en el sector público, no obstante que persisten las disparidades entre sectores”, expresó la Contraloría en su análisis sobre el gasto en remuneraciones en el 2020.

LEA MÁS: Incentivos crecen más que salarios en sector público

La Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, introdujo cambios en la forma de pagar algunos de los incentivos, como las anualidades, la dedicación exclusiva y la carrera profesional en el sector público.

El pago de anualidades pasó de ser un porcentaje del salario a un monto fijo para todo el sector público. Antes de la Ley, la anterior ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, había implementado una medida similar por decreto, pero solo en el Gobierno Central.

Además, a partir de la reforma fiscal solo se otorgan anualidades a quienes tienen una evaluación de “muy bueno”; antes era de “bueno” en adelante.

En cuanto a carrera profesional, ya no se dan incentivos sobre títulos o grados académicos que son requisito para el puesto.

La dedicación exclusiva o prohibición, por su parte, ya no se pagan sin límite de año como antes, sino que establece que el plazo máximo del contrato no podrá ser menor de un año, ni mayor de cinco.

En el 2020, el gasto en remuneraciones del sector público (incluye las remuneraciones básicas y los incentivos) fue de ¢5,9 millones de millones, lo que representa 16,5% del producto interno bruto, siendo así la segunda partida de mayor importancia dentro del gasto total del sector público.

Los incentivos nacieron en los años 70 y 80 como una forma de estimular a los trabajadores del sector público a capacitarse y como reconocimiento por laborar en áreas rurales, entre otros.

Estos beneficios se financian con la recaudación de impuestos, las tarifas de los servicios públicos o deuda, por ello, las altas tasas de crecimiento eran insostenibles.

Municipalidades y universidades

Los cambios en el pago de los incentivos salariales se notan tanto en el Gobierno Central, como también en las municipalidades y las universidades públicas, según detalla la Contraloría.

“El gasto ejecutado en 2020 por el sector municipal para las subpartidas de remuneraciones básicas e incentivos salariales presentan una reducción en su tasa de crecimiento de 1,3% en ambos casos, lo que evidencia un cambio en la tendencia de los últimos años, ya que para los años 2011 al 2020 en promedio los incentivos salariales aumentaban en un 11,5% cada ejercicio económico y las remuneraciones básicas en 8,3%”, indicó esta entidad.

Este cambio en la dinámica del gasto de dichos rubros se explica en parte por la aplicación de lo estipulado en la Ley N° 9635, añade la Contraloría en su Memoria.

En el caso de las universidades, el gasto en remuneraciones básicas e incentivos salariales presentaron, en el 2020, un crecimiento mayor al de la variación interanual del índice de precios al consumidor, con un aumento de 1,3% y 1,2% en comparación con el gasto ejecutado en 2019, respectivamente.

Sin embargo, fue mucho menor al promedio de 7,1% de crecimiento entre los años 2011 al 2019 para remuneraciones básicas, y de 10,2% para incentivos salariales, explicó la Contraloría.

No obstante, según indica el órgano contralor, si bien Ley N° 9635, ha coadyuvado a controlar el dinamismo en las subpartidas de remuneraciones, todavía hacen falta cambios estructurales que unifiquen reglas con miras a la eliminación de disparidades salariales y a la mejora de todo el proceso regulatorio del empleo público.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, explicó que el tema de nominalizar las anualidades fue muy importante; también los cambios en prohibición y dedicación exclusiva, además de la llamada “Norma 12” mediante la cual se controlaron nuevos nombramientos, se congelaron y se eliminaron plazas y eso impidió el crecimiento de la planilla.

“A futuro uno esperaría que la implementación cada vez más profunda de la Ley 9635 en todos estos aspectos siga siendo muy importante, a eso se le suma que, para el año 2021 y el 2022 se aprobó la ley que elimina la anualidad en esos dos años, y que, recordemos, producto de la Ley 9635 mientras la deuda no baje del 60% (de la producción) no hay aumento salarial”, dijo Villegas.

Temas pendientes

Para el exdirector de la Dirección General del Servicio Civil, José Joaquín Arguedas, si bien este resultado es una buena noticia, todavía hay algunas lagunas, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública lleva dos años sin nominalizar dos pluses muy importantes que estaban indicados en la reforma fiscal: el incentivo para el desarrollo de la docencia, el 8,33% de la suma de todos los pluses, y el índice de desarrollo social.

LEA MÁS: MEP lleva más de dos años sin ajustar dos millonarios pluses a reforma fiscal

“Falta mucho y esto es parte de lo que implica la aprobación de la ley de empleo público. Sabemos que puede salir un ornitorrinco, pero independientemente de lo que salga habrá normas y aspectos que de alguna manera pueden ayudar al control de todo este desorden”, dijo Arguedas.

Añadió que otros temas pendientes son las pensiones adicionales en algunas instituciones públicas y una verdadera reforma del Estado que permita cerrar algunas instituciones, tal y como lo indica el artículo 192 de la Constitución Política cuando ya no cumplan sus funciones o ya no haya fondos.