EscucharLa reforma al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), aprobada en el 2021, aceleró el crecimiento en la cantidad de jubilados de manera temporal y, como consecuencia, también elevó el monto para el pago de pensiones.
Un informe actuarial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) registra que, en la última década, el promedio de aumento de pensionados anuales fue de 15.100 personas. Sin embargo, para el periodo entre el 2021 y 2023, la previsión es que crezcan, en promedio, en 17.400 personas, anualmente.
El documento Revisión de la asignación presupuestaria 2023 y elaboración de la asignación presupuestaria 2024 del Seguro IVM, elaborado por la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, destacó que la velocidad en el ritmo de crecimiento anual de los pensionados por vejez ha sido de entre 7,4% y 9%, a partir del 2016 y hasta el 2023.
Por otra parte, el número total de jubilados (cuando se incorporan los de invalidez y muerte) se elevó entre el 6% y el 5,45% en dicho periodo, según el estudio. Para el cierre de este año, la estimación es que el sistema finalice con 348.418 beneficiarios totales.
Esta cifra incluye las personas jubiladas previamente, los nuevos pensionados, y sustrae a quienes dejan de recibir el beneficio por fallecimiento o porque pierden el derecho a raíz de su edad, específicamente, los casos de pensiones por orfandad.
El estudio efectuado por la institución se hizo para justificar el presupuesto del próximo año, actualmente, bajo análisis de la Contraloría General de la República.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones, confirmó el ascenso en jubilados en los últimos años vinculado al cambio en las reglas de retiro que entrarán a regir el 11 de enero del 2024.
“Hemos tenido una demanda inusual en las solicitudes de pensión mucho más acelerada de lo normal. Algunas personas ejercen la posibilidad del retiro anticipado y otras que ya tenían el derecho de jubilación cumplido deciden retirarse”, comentó el funcionario.
La Junta Directiva de la CCSS acordó, en agosto del 2021, eliminar el beneficio de adelanto de pensión para los hombres y solo podrán retirarse a los 65 años. En las mujeres el beneficio se mantiene, pero la edad para anticipar el retiro se eleva de 60 años, con 450 cuotas actuales, a 63 años, con 405 cuotas.
También se modificó la fórmula de cálculo de la pensión para que se tomen como base los mejores 300 salarios reportados, o sea, 25 años, de toda la carrera laboral, traídos a valor actual, lo cual se conoce como salario de referencia. Actualmente, la cuantía de la jubilación, es un promedio a valor real de 20 años de cotización.
El informe actuarial prevé que, una vez comiencen a regir los nuevos requisitos de retiro, se dé una desaceleración en el número de pensionados, pues para el 2024 se prevé un incremento interanual del 2,7%
Barrantes recordó que la reforma brinda espacio para discutir los próximos cambios que deben aplicarse al principal régimen de jubilaciones de Costa Rica, pero no resuelve el rápido avance en nuevos pensionados por el envejecimiento de la población.
Efecto financiero
El aumento en la cantidad de jubilados en el sistema provoca, de inmediato, un aumento en el gasto por el pago de pensiones. La previsión para este año es un egreso de ¢1.565.862 millones, lo cual significa un incremento del 6,1% respecto al 2022. Dicho monto está compuesto por el pago del beneficio, el aguinaldo y la contribución al Seguro de Salud para la atención médica de los jubilados.
Los estados financieros del IVM muestran que, a partir del 2019, empezaron a activarse los egresos en pago de pensiones.
Barrantes comentó que hubo otras razones que influyeron, adicionales a la reforma al régimen. Por ejemplo, la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que hizo nominales los pluses salariales. También la sentencia de la Sala IV que eliminó el reconocimiento de la cesantía por 20 años y la redujo a 12 años en el sector público.
“A lo interno de las instituciones públicas se nota una salida de trabajadores por la reforma al régimen y los cambios legales aprobados recientemente”, comentó le jerarca.
El jerarca reconoció que, a comienzo del 2023, la Directiva de la Caja aprobó una ampliación en el gasto para este año, precisamente para tener recursos adicionales para el cierre del periodo, a raíz de los nuevos jubilados.
En específico, la institución aprobó un ascenso en los egresos de ¢8.300 millones.
Durante este año hubo ingresos adicionales como las ganancias del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), los cuales se incorporaron en la previsión de gastos. Por ley, las empresas estatales deben contribuir con el 15% de sus utilidades anuales al IVM.
En cuanto al comportamiento histórico, la información financiera del fondo de jubilaciones muestra que, en la última década, se duplicó el egreso por el pago de pensiones.
A pesar de esta inyección adicional, el gerente de Pensiones confirmó que este año utilizarían una parte de la reserva del régimen, pues la cotización y las ganancias de las inversiones son insuficientes para hacerle frente a los gastos.
Tal como publicó La Nación se prevé el uso de ¢51.000 millones de dicho fondo, es decir, el equivalente al 1,5% de los ¢3,3 billones de la reserva del régimen.
“El escenario del uso de la reserva se proyectó porque el Gobierno presupuestó menos recursos de contribuciones. En las últimas semanas, vimos un mejor flujo de pago del Estado, si el Gobierno continúa así en los dos meses que faltan para terminar el año, eventualmente puede ser que no se tenga que tomar la reserva”, afirmó Barrantes.
Sin embargo, el jerarca enfatizó que la previsión hecha en julio pasado se mantiene hasta no darse las transferencias gubernamentales. Hasta agosto pasado, el saldo de la deuda estatal por contribuciones en pensiones ascendió a ¢568.680 millones, según los estados financieros del IVM.
