Las remuneraciones de los empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tienen 50 diferentes incentivos y pluses ligados a los salarios.
Los beneficios otorgados no son los mismos para los actuales 51.396 trabajadores. La institución autónoma tiene tres grupos ocupacionales para clasificar a los empleados: administrativos, profesionales en Ciencias Médicas y profesionales en Enfermería y Nutrición.
Entre los principales beneficios salariales están la antigüedad, dedicación exclusiva, disponibilidades y auxilio económico por alimentación, según informes de la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna de la Caja.
Precisamente, la Junta Directiva de la CCSS instauró, hace un mes, una comisión especial para investigar el origen y fundamento de cada uno de los incentivos salariales, así como la posible modificación.
Sin embargo, el directivo Mario Devandas, representante de los trabajadores, explicó que la mayoría de los beneficios de los trabajadores tienen su origen en leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa.
“Para tocar los pluses e incentivos sería necesario hacer reformas legales obligatoriamente”, dijo Devandas.
La institución pagó por remuneraciones, durante el año pasado, ¢920.000 millones, de los cuales el 49% eran incentivos y pluses, según los estados financieros del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM).
Salario único. Una de las opciones que analizan los directivos, para disminuir el peso de las remuneraciones en el gasto, es implementar el salario único para todas las nuevas contrataciones de trabajadores.
La Dirección Jurídica de la Caja concluyó que la institución sí puede crear este nuevo modelo de retribución. Empero, dicha escala salarial no podría estar por debajo de los beneficios otorgados por leyes específicas.
No obstante, para la Procuraduría General de la República, la autonomía de la CCSS no la faculta para separarse del sistema de salario base más pluses, pues tienen rango legal.
La única manera de implementar el salario único sería mediante una ley, determinó la Procuraduría, en su dictamen del pasado 9 de julio.
Para el directivo Rolando Barrantes, representante estatal en la Junta, el salario único es lo más sano para el empleo público.
“Si es necesario promover una ley, la institución debe hacerlo”, aseguró Barrantes.