EscucharEl aumento en el nivel de riesgo de un grupo de deudores de Desyfin aplicado durante el proceso de intervención, provocó la creación de una reserva adicional por deterioro crediticio de ¢13.454 millones, que terminó por hundir a la entidad en la inviabilidad financiera.
Así se detalla en la resolución del acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) que ordenó el proceso de cierre de Desyfin, publicado este 15 de octubre en el Diario Oficial La Gaceta. En el documento se detalla que, junto con esta estimación adicional por créditos malos, la interventora Marianne Kött efectuó otro ajuste por ¢3.560 millones de prestaciones legales sin realizar y un cobro de impuesto sobre las utilidades emitido por el Ministerio de Hacienda.
La pérdida adicional descubierta durante la intervención fue por tanto de un total de ¢17.014 millones y generó que se agotara la totalidad del capital, según el informe del Conassif. La inviabilidad de la financiera se decidió, el pasado 9 de octubre, después de que fracasara la opción de capitalizar Desyfin por ¢21.968 millones.
Revisión exprés de la cartera de créditos
En el acuerdo del Consejo se indica que la estimación por operaciones deterioradas se hizo luego de ejecutar una revisión parcial de los créditos, y no de toda la cartera.
El equipo de interventores incluyó varias acciones en el ajuste realizado. Por ejemplo, la reclasificación del grupo de deudores (sin especificar cuántos) incrementó la estimación de ¢916 millones en julio a ¢4.782 millones al cierre de agosto."
A algunos clientes que estaban en categoría de riesgo 1, es decir con pagos al día, se les pasó a la 8, clasificación que significa tener atrasos en pagos por más de 181 días o cobro judicial. En estos casos, la provisión se elevó a ¢3.510 millones en agosto, desde los ¢512 millones de julio pasado, muestra el acuerdo del Consejo.
Adicionalmente, los interventores rechazaron la mayoría de garantías crediticias que Desyfin tenía acreditadas a los deudores que fueron analizados, tales como contratos de arrendamiento y cesión de derechos de terceros.
A la entidad también se le eliminaron una serie de mitigadores de riesgos de 1.500 préstamos derivados de los contratos de arrendamientos que colocó Arrendadora Desyfin y que fueron cedidos a favor de la financiera. Sin embargo, la normativa crediticia estipula que, en este tipo de acciones, la garantía debía estar a nombre de Desyfin y no de su subsidiaria.
La conclusión del informe de Intervención es que las 1.507 operaciones de crédito generadas de la cesión de los derechos económicos de los arrendamientos de Arrendadora Desyfin no tenían mitigadores. La situación descrita hizo que la provisión de estas operaciones pasaran de ¢412 millones a ¢1.650 millones.
Traslado de cobro del Ministerio de Hacienda
Otro elemento revelado en el acuerdo del Conassif fue que la administración de Desyfin no había informado de que, en noviembre del 2023, el Ministerio de Hacienda hizo un traslado de cargos por ¢2.007 millones por una ajuste en la declaración de impuestos del periodo 2017. Esta se compone de una sanción de ¢902 millones más ¢1.105 millones de multas e intereses.
“Cabe mencionar que, a pesar de que el traslado de cargos del período 2017 fue emitido desde el 7 de diciembre de 2023, según consta en el documento MH-DGT-EXP-DGCN-SF-PS-73- 2021-0025-5138-03, ello no fue computado ni revelado en los estados financieros internos y auditados con corte al 31 de diciembre de 2023“, se subraya en el documento.
La otra modificación relevante fue la creación de la provisión de cesantía por ¢657 millones, pues la entidad no tenía registradas las prestaciones legales de 149 trabajadores. Sobre este tema, la Administración de la Resolución de Desyfin anunció, el lunes anterior, que comenzará el cese ordenado de los empleados, después de cerrar la atención al público de las cinco sucursales de la institución.
