El retiro del 30% de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) implicaría que un trabajador deba cotizar por siete años adicionales, es decir, jubilarse a los 70 años o más, para recuperar el monto perdido de su pensión futura.
De hecho, sacar el ahorro individual para pagar créditos bancarios y prestamistas, como se propone en el proyecto de ley del diputado liberacionistas Francisco Nicolás, sería insuficiente para que una persona haga frente a sus deudas, argumentó Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
“Es nuestra responsabilidad proteger nuestro sistema de pensiones de decisiones fáciles de algunos políticos. El ROP es un complemento a la pensión básica (del IVM) y buscaba contribuir a que el costarricense tuviera una tasa de remplazo del 60% (monto de pensión sobre promedio de últimos 240 salarios cotizados) que el régimen básico ya no puede alcanzar”, explicó la funcionaria en el foro virtual Implicaciones Económicas y Sociales de la Propuesta del Retiro Anticipado del ROP, organizado por la Academia de Centroamérica.
Aguilar subrayó que retirar el 30% del monto acumulado del ROP implica borrar siete años de cotizaciones. “Si alguien quisiera compensar el impacto en su pensión debería, en el caso de los hombres, pensar en seguir dentro del mercado laboral hasta los 72 años y, en el caso de las mujeres, hasta los 70 años, por una decisión que tendría un desastroso impacto y poder mantener el mismo nivel de pensión”, dijo en la actividad, este 23 de junio.
La Superintendenta también cuestionó que el objetivo de la iniciativa del legislador liberacionista, de reducir las deudas financieras, se cumpla. Esto porque el 80% de los trabajadores tienen ahorrado en el ROP ¢1,5 millones, en promedio, pero la deuda con las entidades bancarias es de ¢12 millones.
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Para las operadoras complementarias de pensiones (OPC), administradoras del ROP, el retiro anticipado de los recursos tendría implicaciones en el valor de las inversiones porque se verían obligadas a liquidar, de manera anticipada, recursos colocados a mediano y largo plazo.
“Si esta venta se realiza en un contexto de caída de precios de las inversiones, como el actual, podrían materializarse en pérdidas que disminuirán el patrimonio de las personas que decidan retirar el dinero, así como del resto de afiliados”, se explica en un comunicado difundido por la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones.
Por su parte, Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), quien participó en el foro, aseguró que “no es cierto que todos los costarricenses estén endeudados”, dijo con base en datos de la Encuesta Nacional de Endeudamiento, desarrollada en octubre del 2020 por dicha oficina.
En mayo pasado, el diputados liberacionista Rodrigo Arias, presidente del Congreso, cuestionó la iniciativa porque permitiría usar el dinero para pagar deudas con prestamistas fuera del Sistema Bancario Nacional, como casas de empeño.