EscucharRocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), afirma que en medio de la intervención de Financiera Desyfin S.A., el sistema financiero se mantiene sano. Detalló que dicha entidad estuvo bajo diferentes procesos de supervisión desde 2022, los cuales se extendieron a 2023 y 2024.
Pese a los planes remediales planteados en ese tiempo, finalmente el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) decidió tomar control del intermediario, este martes 13 de agosto, luego de una revisión del 20% de la cartera crediticia.
“Esta supervisión de la cartera en particular se inició en enero de este año. Sin embargo, tanto en el año 2022 como en el 2023 hubo procesos importantes de supervisión e incluso la advertencia de la necesidad de fortalecimiento del capital, a lo cual la entidad planteó desde setiembre hasta la fecha aproximadamente tres planes de acción que no logró concretar”, resaltó la superintendente en una conversación con La Nación., la noche del martes.
La funcionaria añadió que la correcta implementación de esos planes de acción, junto con una adecuada gestión de la cartera crediticia, habría evitado la intervención. Además, señaló que la responsabilidad y la administración de las entidades financieras recae en sus órganos de dirección.
“La responsabilidad y la administración de las entidades financieras está en manos fundamentalmente de su órgano de dirección. Uno podría decir que es una supervisión del sistema financiero que está funcionando porque está detectando estas situaciones irregulares en las entidades y en estos casos lo que hay que hacer es lograr, cuanto antes, la salida ordenada de las mismas”.
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Durante su inspección, la Sugef detectó que Desyfin calculó incorrectamente el riesgo de sus operaciones crediticias. Esto obligó a corregir las estimaciones, que son una reserva de dinero que el banco o financiera separa para cubrir posibles pérdidas de préstamos que podrían no ser pagados. A raíz del ajuste la suficiencia patrimonial de la entidad cayó por debajo del 8%, lo cual justifica la intervención al entrar en irregularidad financiera de grado 3, el nivel más alto de irregularidad. Esta situación, además, generó un ajuste del 50% en el patrimonio de la financiera, lo que provocó una pérdida equivalente de su capital, según explicó Aguilar.
“La Superintendencia, en su informe al Conassif, además agregó temas de la gestión de la cartera y del entorpecimiento que se generó durante el proceso de supervisión con información en la que en algunos momentos no se tenía acceso o incluso con la dificultad de poder tener una interacción con los diferentes niveles de la organización, como en toda intervención”, añadió.
El Conassif designó como interventora del proceso a Mariannet Kött Salas. Este proceso durará inicialmente 30 días, con la posibilidad de extenderse por 30 más. Al finalizar, el Conassif deberá decidir sobre la viabilidad o inviabilidad de la entidad financiera. Hasta junio pasado, la entidad contaba con 4.200 acreedores, entre personas físicas y jurídicas, con compromisos totales por ¢199.367 millones, según datos de la Sugef.
