Rocío Aguilar sobre cambios al IVM: ‘Reformas eran necesarias desde años atrás’

Aguilar remitió, en marzo pasado, un oficio a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la que urgió a dicho órgano a tomar una decisión sobre modificaciones para mitigar a corto plazo los riesgos del sistema.

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En agosto del año pasado, la Directiva aprobó tres planes para enviar a consulta cuyos cambios propuestos van desde elevar la cotización tripartita al fondo desde el 10,66% actual hasta 15,16% o unificar el monto de la jubilación para que sea equivalente al 45% del salario para todos los nuevos pensionados. Actualmente, es del 52%.

Además, plantea establecer la edad de jubilación en 65 años para todos los trabajadores, es decir, eliminar la pensión anticipada que permite a las mujeres retirarse a los 59 años y 11 meses, con 462 cuotas; y a los hombres a los 61 años y 11 meses, con 462 cuotas.

Estaba previsto que la decisión en la Directiva de la Caja se hiciera en marzo pasado, pero aún está pendiente.

A continuación un extracto de la entrevista con la funcionaria.

– En marzo envió un oficio a la Directiva de la Caja sobre la reforma al IVM y envió un informe. ¿Cuál fue el resultado?

– Tuvimos una sesión con el Comité de Vigilancia del IVM y diría que fue positiva porque hicieron suyo el informe. De tal manera que, frente a la Junta Directiva, estamos frente al informe de la Superintendencia y el Comité de Vigilancia.

“Luego hicimos la presentación a la Directiva y se discutió temas relacionados con la toma de decisiones y la necesidad de un acceso irrestricto (de Supén) a información para tener las mismas bases en los estudios de carácter actuarial. La respuesta fue muy buena”.

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– Usted escribió un artículo en La Nación donde señala que la reforma no es suficiente, pero sí necesaria. ¿Son urgentes los cambios para dar espacio para decisiones de fondo?

– Uno siempre desearía que las reformas fueran mucho más profundas. Pero aquí hablamos de ganar tiempo. Las reformas eran necesarias desde años atrás.

“Sin embargo, la pandemia y las transformaciones aceleradas del mercado laboral las hacen todavía más urgentes.

“Entonces, los días van pasando sin que las decisiones se tomen. Además, las decisiones no son inmediatas, pues debe darse un lapso de 18 meses, por eso urgen. Obviamente son reformas que tienen impacto, ojalá la seleccionada sea la que más ayude“.

– ¿Cree que la Caja se ha demorado para tomar la decisión?

– Bueno, tenemos dos meses de espera, ese había sido el compromiso de ellos, presentar la reforma final en marzo (de este año).

“Los temas estaban claros y así como los estudios. La Gerencia de Pensiones trabajó durante todo el 2020. Entonces de lo que públicamente mencionaron, llevamos un desfase. Y bueno, puede llevarse otros dos meses mientras se ratifica y publica (en La Gaceta)”.

– El estudio actuarial que generó la actual reforma se hizo antes de la pandemia. ¿Es necesario un nuevo estudio para conocer la salud del régimen?

– Aunque no estaba en el informe, sí hablamos del tema con la Junta Directiva porque como política hacen estudios cada tres años, y toca este año.

“Sí hablamos de la necesidad de un nuevo estudio actuarial, dato todo el impacto. Lo importante es que la Superintendencia tenga acceso a la misma información y hacer ejercicios de validación. Esto no es un tema de qué permite la ley o no, sino salir con un estudio validado por el supervisor que es independiente y objetivo”.