EscucharRocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), descartó que la intervención de Coopeservidores provoque una situación que comprometa al resto de instituciones financieras, incluidas otras cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas.
“No estamos frente a un evento de carácter sistémico, eso lo puedo asegurar de manera categórica. Se ve en la salud de todos los intermediarios financieros. En este momento, no hay una situación que pueda denominarse de carácter sistémico”, afirmó la superintendente a La Nación.
La funcionaria insistió que las instituciones fiscalizadas se han preparado para atender cualquier situación generada por la intervención de Coopeservidores, también conocida como CS Ahorro y Crédito. “Una lección que se debe tener clara en este proceso es la importancia del gobierno corporativo y cómo, en algunas organizaciones, en algunas oportunidades no se ve con esa claridad”, recalcó.
Aguilar destacó la importancia de una revisión detallada sobre la idoneidad de quienes integran los órganos de decisión de la alta gerencia y las juntas directivas. Incluso en las entidades de carácter sistémico se exige la verificación de los antecedentes de los directivos y gerentes, manifestó a La Nación, el pasado jueves 16 de mayo.
Coopeservidores, ni ninguna otra cooperativa de ahorro y crédito, está clasificada por la Superintendencia como una entidad con tal relevancia. Una institución con efecto sistémico, según la propia definición de Sugef, es aquella que tiene el poder de impactar todo el sistema financiero y la economía del país si, en un eventual escenario, su funcionamiento se deteriorara o cayera en insolvencia.
El Banco Nacional, el Banco Popular, el Banco de Costa Rica (BCR) y BAC Credomatic son, según ese mismo orden, las únicas capaces de transmitir perturbaciones al sistema financiero en caso de entrar en problemas.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó, el pasado 13 de mayo, intervenir Coopeservidores por un periodo de 30 días hábiles después de conocer un informe especial de la Sugef sobre la situación financiera de la entidad.
La Superintendencia descubrió que la institución hoy intervenida aplicó moratorias masivas a deudores con créditos malos a quienes se les aprobaron prórrogas, readecuaciones y refinanciamientos en sus operaciones sin ejecutar las labores de cobro. Además, 14.834 operaciones de crédito, por un saldo de ¢122.316 millones, fueron reportadas como “modificadas” sin ser reclasificadas a una categoría de mayor riesgo, según la Sugef.
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Según la Federación Costarricense de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fedeac), lo ocurrido con Coopeservidores es un caso aislado y específico. A la vez, expresaron confianza en la labor realizada por la Sugef.
“Seguimos adelante como un actor del mercado financiero, sólido y seguro”, dijo Adrián Rodríguez, gerente de la Federación, quien recalcó la solvencia del sector cooperativo.
Las cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas administran el 10,5% del total de activos del Sistema Financiero Nacional, es decir, ¢5,08 billones hasta abril pasado, según datos de Sugef.
Decisión del Consejo
Aguilar explicó que al estar intervenida la Cooperativa, cualquier decisión sobre el futuro de la entidad, por ejemplo la venta de cartera de crédito, queda en manos del Conassif con base en las recomendaciones del interventor, Marco Hernández.
De hecho, la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) ya no cuenta con injerencia en la revisión de la posible resolución que tome el Consejo una vez finalizado el plazo de la intervención, apuntó.
Sobre las acciones de la Sugef respecto a Coopeservidores, la jerarca dijo que ordenaron un ajuste importante en las estimaciones por deterioro de los créditos a la institución posterior a una fiscalización realizada.
En marzo pasado, la CS Ahorro y Crédito debió revertir los estados financieros del 2023 para reflejar una pérdida de ¢26.975 millones, en vez de la ganancia de ¢3.288 millones reportada inicialmente. La caída en el resultado ocurrió debido al registro de estimaciones por más de ¢30.422 millones ordenada por la Superintendencia.
Para el primer cuatrimestre del 2024, la situación de la entidad se continuó complicando al reportar una pérdida de ¢15.038 millones, después de que la institución tuviera que hacer una provisión de ¢17.000 millones debido al creciente deterioro crediticio.
