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Una sentencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia señala que el Banco Central no está obligado a pagar el salario escolar a los funcionarios que ingresaron a partir de enero de 1999.
La resolución, número 000215, es de febrero del 2018 y la divulgó este jueves 15 de marzo la Contraloría General de la República.
Como el salario escolar no está regulado por medio de una ley sino vía decreto ejecutivo, "la entidad bancaria no se ve obligada, por su autonomía, a aplicarlo a los funcionarios que ingresaron después de enero de 1999 y que están bajo el régimen de salario global", dice el fallo de los magistrados.
Con este criterio legal se esclarece una disputa de casi 20 años entre un grupo de 94 funcionarios del Banco Central que pretendía el pago de este beneficio, desde 1999, más los intereses, debido a que el Banco lo suspendió cuando migró a un nuevo esquema de remuneraciones, a finales de los 90.
Según la Contraloría, con esta resolución, el Banco Central no incurrirá en el gasto de aproximadamente ¢2.750 millones, más ¢400 millones por concepto de intereses.
Antecedentes
El caso se inició en diciembre de 1998 cuando la Junta Directiva del Banco Central aprobó un nuevo régimen salarial denominado “salario global”, el cual aplicó para los funcionarios que ingresaron a partir de enero de 1999.
En este nuevo régimen salarial, la entidad bancaria decidió dejar de otorgar el pago por salario escolar dada la implementación del salario global.
Sin embargo, un grupo de funcionarios en desacuerdo con dicha decisión decidió llevar el tema a instancias judiciales.
De esta forma, en diciembre del 2009, 94 funcionarios del Banco Central interpusieron un proceso laboral para reconocimiento del pago del salario escolar, calculado a partir de 1999 a la fecha, más los intereses hasta su efectivo pago, explicó la Contraloría, por medio de un comunicado.
En octubre del 2011, la demanda fue declarada sin lugar por el Juzgado de Trabajo; pero los funcionarios presentaron recurso de apelación.
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En febrero del 2017, el Tribunal de Trabajo declaró con lugar la demanda condenando al Banco Central a pagar el salario escolar a los 94 funcionarios, desde la fecha de ingreso a partir de 1999 más los intereses, hasta su efectivo pago.
Sin embargo, en julio del 2017 la Contraloría y el Banco Central interpusieron un recurso de casación, ante la Sala Segunda de la Corte, contra la resolución que otorgó el pago, por considerarlo improcedente y por no encontrarse conforme legalidad.
La Contraloría indicó que también se contempló el efecto económico negativo que podría tener esta resolución, tanto para el Banco Central como para otras instituciones con autonomía salarial cuyos trabajadores podrían pretender este pago.
En febrero del 2018, la Sala contestó que el Banco Central no está obligado a hacer el pago.
Luis Diego Ramírez, gerente de la División Jurídica de la Contraloría, explicó que este precedente es muy importante porque podría aplicarse a otras instituciones.
“Esta sentencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia es muy importante, ya que dicho precedente judicial debería implicar que otras entidades descentralizadas tampoco cancelen dicho rubro por concepto del salario escolar, tanto para el caso concreto del Banco Central de Costa Rica, como de otras entidades descentralizadas”, dijo Ramírez.
Municipalidades discuten el tema
Precisamente, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), explicó, en un comunicado, que en este sector también discuten sobre la obligatoriedad del pago del salario escolar.
“Desde hace varios años, se viene discutiendo este mismo tema en las municipalidades, hoy queda claro que los Gobiernos Locales no pueden pagar un salario escolar, sin que exista una ley para este fin, ya que con esto se estaría violentando la autonomía municipal”, indicó Leonardo Chacón Porras, alcalde de Dota y presidente de la ANAI.
“En conclusión, el Estado sí puede instaurar una política salarial general. Sin embargo, para que esta pueda serle oponible al Banco Central es necesario que se encuentre contenida en una ley, pues lo contrario su implementación quedará a criterio del accionado al gozar éste de autonomía funcional y administrativa”, reza la sentencia.
“La repercusión para las finanzas municipales iba a ser muy fuerte, esta sentencia nos tranquiliza y le envía un mensaje claro a quienes han insistido en promover que sean las municipalidades las que le paguen a sus funcionarios una especie de décimocuarto salario, que sería el salario escolar”, manifestó Jonathan Espinoza, director ejecutivo de la ANAI.
Actualmente, la CGR es parte en siete procesos laborales en los que 251 funcionarios más del Banco Central están reclamando el pago por salario escolar, lo que llevaría un gasto aproximado de ¢6.875 millones.
