EscucharEn el 2024, se pondrán en marcha una serie de reformas normativas en el sistema financiero costarricense que implicarán la creación de nuevas reglas en ciberseguridad en la banca, de cara a la protección de los clientes; pero también vendrá un cambio profundo en la operación de los fondos de inversión.
Rocío Aguilar, jerarca de las superintendencias General de Entidades Financieras (Sugef) y de Pensiones (Supén); y Tomás Soley, de la superintendencia General de Valores (Sugeval) y la de Seguros (Sugese) brindaron, en una conferencia de prensa, este lunes, los detalles de las modificaciones que se implementarán el próximo año.
Aguilar explicó que, en materia de seguridad informática, los cambios se aplicarán para todos las entidades supervisadas de Costa Rica, es decir, bancos, operadoras de pensiones, aseguradoras, puestos de bolsa y fondos de inversiones.
En específico, la reforma obligará a las entidades financieras a desarrollar ―en caso de no tenerla― una infraestructura de monitoreo y alerta temprana detección, prevención y respuesta de incidentes de seguridad cibernética.
En específico, la reforma es al Reglamento General de Gestión de la Tecnología de Información que incluirá responsabilidades de los directivos de juntas directivas y la alta gerencia en el nivel operativo de las entidades financieras. Los cambios propuestos fueron enviados a consulta pública el pasado 28 de noviembre y la fecha límite para recibir observaciones será el próximo 15 de enero.
“Una parte de las medidas es hacia los gobiernos corporativos porque cobran una relevancia importante en decisiones a nivel de ciberseguridad. En las otras medidas, que discutiremos hoy, nos referimos a los riesgos para el consumidor financiero, para mitigar los, porque es la parte débil de la ecuación”, explicó Aguilar.
La funcionaria contó que en la sesión de este lunes, en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) discutirán las herramientas para el combate de las estafas cibernéticas mediante la incorporación de métodos de autenticación de las personas al usar las canales digitales bancarios.
Adicionalmente, Aguilar destacó que, para el próximo año, la dolarización crediticia será uno de los riesgos de fiscalización por parte de Sugef. La tasa de crecimiento interanual del saldo en moneda extranjera se duplicó, mientras que en colones está estancada, añadió la jerarca.
Fondos de inversión
En el caso de las modificaciones en la administración de fondos de inversión, Tomás Soley comentó que el próximo año se enviará una propuesta a consulta y la calificó como “una reforma amplia”.
Soley dijo que buscan modernizar la normativa para que sea más clara, delimite el conflicto de interés y la conformación de las juntas directivas.
“Entre los temas (de modificación) están el apalancamiento de los fondos de inversión. Estamos en un contexto propicio para discutir y actualizar la normativa”, expresó el jerarca de Sugeval.
Soley no brindó más detalles de las medidas, pues la reforma debe conocerse primero en el Conassif.
Resultado financiero
En cuanto a los resultado de las entidades financieras, los datos muestran que la morosidad en el sistema financiero tuvo una reducción durante este año. Hasta octubre anterior, el atraso de los deudores por más de 90 días fue del 2,05%, respecto al 2,14%, al cierre del 2022.
En el caso de la suficiencia patrimonial (mide la capacidad para responder con el capital a los riegos de la actividad bancaria) registró un ascenso durante este año. En 44 entidades supervisadas el indicador fue del 18,6%; el grado de normalidad es del 10%.
En el caso de los fondos de pensiones, los recursos administrados fueron equivalentes al 47% de la producción de Costa Rica, en octubre pasado, es decir, ¢22,1 billones, lo cual significó dos puntos porcentuales más comparado con finales del 2022, según Supén.
Del monto total, el 67% (¢14,8 billones) del dinero está invertido en bonos de deuda del sector público, especialmente, el Ministerio de Hacienda; el 15% (¢3,3 billones) están invertidos en el mercado internacional; 9% (¢1,9 billones), en instrumentos del sector privado; y el restante 9% es deuda estatal con los regímenes de jubilación, dijo Aguilar.
En el mercado bursátil, el volumen transado por inversionistas sigue por debajo del periodo prepandemia. En los 10 primeros meses del 2023, el monto ascendió a ¢16,9 billones, prácticamente la mitad de los ¢32,8 billones del 2019, según la información de Sugeval.
Mientras que los inversionistas atendidos por puestos de bolsa mantienen la tendencia a la baja. Hasta octubre fueron 4.777, respecto a los 5.894 en el 2022.
Por último, en el mercado de seguros, las primas vendidas hasta octubre ascendieron a ¢912.990 millones hasta octubre pasado, es decir, 4% más respecto a los ¢877.922 millones del 2022, según los datos de Sugese.
