EscucharLa segunda emisión de eurobonos por $1.500 millones, efectuada en noviembre de 2023, resultó en condiciones financieras más costosas en comparación con dos créditos ofrecidos por organismos multilaterales, que el Ministerio de Hacienda rechazó. Estos créditos, provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), sumaban $400 millones.
Aunque el monto de estos préstamos no habrían sustituido completamente los recursos de eurobonos, habrían permitido “cambiar fuentes de financiamiento internas por externas a menor costo para la Hacienda Pública”, según el proyecto de Ley N°. 23.502 que buscaba la aprobación de los empréstitos.
Los créditos con el BID y la AFD tenían un plazo de 20 años, con un periodo de gracia de cinco años. El préstamo con el BID se dividía en dos partes: una de $250 millones del capital ordinario del banco, con una tasa variable del 6,61% en la fecha de la segunda emisión de eurobonos, y otra de $50 millones del Fondo Coreano, con una tasa fija del 2,5% durante todo el plazo. Por su parte, el crédito con la AFD también tenía una tasa variable, basada en el Euribor a 6 meses, que en aquel momento se situaba en 5,34%. En todos los casos, se incluyen los márgenes de las entidades. Mientras tanto, los eurobonos se colocaron a 31 años plazo con un rendimiento total del 7,75%.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, rechazó ambos créditos después de que la Asamblea Legislativa determinara que el 15% ($60 millones) de los recursos recibidos se destinarían al abono de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social. Durante las negociaciones con los diputados, Acosta indicó que solo estaba dispuesto a destinar el 10%.
El ministro defendió la segunda colocación en 2023, señalando que el rendimiento final al que se colocó fue menor que el obtenido por Colombia en la misma semana, en una emisión con el mismo plazo, considerando que ese país suramericano tiene grado de inversión y Costa Rica no. Añadió que Hacienda enfrentaba vencimientos muy importantes a inicios de 2024, por lo que no podía desaprovechar la oportunidad de colocar los títulos y no tenía la certeza de que el mercado local le brindara los fondos necesarios para cumplir con las obligaciones del Gobierno.
Daniel Ortiz, economista y director de la firma Consejeros Económicos (Cefsa), criticó que el Gobierno rechazara estos créditos y se endeudara a una tasa que considera alta y a un plazo muy largo. Según Ortiz, aunque es importante tener presencia en los mercados internacionales, el Gobierno pudo haber obtenido esos $1.500 millones a un menor costo, diversificando las fuentes de financiamiento, como los créditos de organismos multilaterales o el mercado de deuda interna.
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“La primera pregunta es si el Gobierno realmente necesitaba los $1.500 millones, considerando que ya decidieron no colocar los $1.000 millones de eurobonos en 2024. Pareciera que era posible financiar parte de esos $1.500 millones del año pasado en el mercado interno o en el exterior, a menor plazo”, opinó Ortiz.
Por su parte, Elian Villegas, exministro de Hacienda, afirmó que la segunda emisión de eurobonos del 2023 se realizó en un mal momento, ya que el país terminó pagando una tasa de interés alta en comparación con lo que podría haber logrado si se hubiera postergado la colocación. Coincidió en que, debido a la alta tasa, no tenía sentido emitir a tan largo plazo; lo ideal habría sido reducir el plazo y buscar refinanciamiento posteriormente. Según Villegas, la mejor estrategia es diversificar las fuentes de financiamiento.
Sin embargo, Villegas también señaló que, aunque en el mercado local existe espacio para obtener parte de ese financiamiento, es necesario ser cuidadoso con las colocaciones, ya que el Gobierno podría presionar las tasas locales, encareciendo aún más el endeudamiento interno. Además, sostuvo la importancia de que el Gobierno accediera a los eurobonos y mantuviera el acceso a los mercados internacionales de forma constante.
Freddy Quesada, gerente de INS Valores, indicó que si el Gobierno hubiera intentado obtener una parte importante de esos $1.500 millones en el mercado local, habría ejercido una fuerte presión sobre las tasas de interés internas, y no cree que hubiera existido suficiente demanda para títulos en dólares a largo plazo.
En 2018, Hacienda adjudicó $600 millones en contratos de colocación de deuda interna. En esa ocasión, dos empresas financieras se dejaron $100 millones cada una, y a otro intermediario se le adjudicaron $400 millones.
¿Cómo se compara la colocación de Costa Rica con otras en Latinoamérica?
En 2023, Costa Rica emitió eurobonos por $3.000 millones en dos tramos. El primero, en abril, captó $1.500 millones a 11 años, con un rendimiento del 6,55%. El segundo, en noviembre, fue de $1.421 millones a 31 años, con una tasa cupón de 7,3% y un rendimiento final de 7,75%, debido a un descuento aplicado para hacer la emisión más atractiva.
Durante el año pasado, Panamá, México, Chile y Colombia también realizaron emisiones a plazos de 30 o 31 años, y todos ellos mantienen grado de inversión en al menos una calificadora de riesgo. Costa Rica, por su parte, solo logró financiarse a una tasa inferior a la de Colombia, que en su momento tuvo que pagar 8,95%. Sin embargo, los montos y la fecha de colocación variaron en cada una de estas emisiones.
Panamá, por ejemplo, hizo dos colocaciones, una en cada semestre. La del segundo semestre vio un aumento en su rendimiento final, aún así se situó 30 puntos base por debajo de la de Costa Rica. Chile y México colocaron antes que Costa Rica y con más de 100 puntos base de diferencia hacia abajo.
Ortiz, Villegas y Quesada coincidieron en que la colocación de $1.500 millones en abril del 2023 fue en condiciones muy positivas para el país, con una tasa de interés mejor que la de Guatemala o Chile a un plazo similar.
El ministro Nogui Acosta defendió la segunda emisión, argumentando que, dada la incertidumbre económica y los importantes vencimientos en 2024, era necesario asegurar los fondos. Acosta insistió en que optar por el mercado local habría aumentado las tasas de interés y que no había garantía de suficiente demanda para una emisión a largo plazo. También destacó que la diferencia de tasas entre plazos de 15 y 30 años era mínima, por lo que resultaba más beneficioso emitir al mayor plazo.
El informe sobre la Emisión y Colocación de Títulos Valores, publicado en mayo pasado en el sitio web de Hacienda y que el Gobierno presentó a los diputados destaca que emitir deuda a plazos mayor de 20 años permite establecer puntos de referencia clave en la parte alta de la curva de rendimiento. Esto ayuda a gestionar mejor los vencimientos de la deuda y extiende el promedio de los plazos en que se debe gestionar.
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El documento también menciona que, según JP Morgan y Bank of America, los bancos que asesoraron al Ministerio de Hacienda, esta emisión aprovechó no solo la mejora en las calificaciones crediticias de Costa Rica por S&P y Moody’s, sino también la baja tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años, la más baja del último mes en el que se hizo la colocación.
Además, destaca que el mercado tenía un contexto “extremadamente sensible a cualquier riesgo o noticia económica”, tanto en Estados Unidos como en el mundo.
Elian Villegas cuestionó que, aunque la tasa de los bonos del Tesoro comenzaba a descender en noviembre, la colocación se hizo cuando esta estaba en 4,74%, según datos de Yahoo! Finance. A mediados de diciembre, la tasa se acercó al 4%, lo que hubiera representado un costo de financiamiento más bajo.
“Si no salía los perdía (los eurobonos) y tenía vencimientos muy importantes para este 2024. El entorno que estaba tenía muchísima incertidumbre. Además, nosotros salimos y colocamos, y en la misma semana salió Colombia al mismo plazo a 8,95%. Colombia es “grado de inversión y nosotros no”, defendió Nogui Acosta.
