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La Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional (Asebanacio) prestó ¢16.876 millones a diferentes compañías, por medio de procesos en los cuales se detectaron 15 diferentes tipos de deficiencias en el control y seguimiento de las operaciones de crédito.
Así se detalla en el Informe de Servicios Profesionales de Asesoría, realizado por la firma KPMG, del 21 de mayo del 2018, en el cual se hizo una revisión de la cartera de financiamiento empresarial administrada por la solidarista, entre el 2013 y el 2017.
El documento de 236 páginas, del cual tiene copia La Nación, describe omisiones como ausencia de análisis de capacidad de pago de clientes, préstamos otorgados sin garantías suficientes o que exceden el límite máximo autorizado, así como desembolsos previos a la autorización de la Junta Directiva.
El informe muestra que, en el periodo evaluado, se formalizaron operaciones con 21 empresas, de las cuales se efectuó una fiscalización especial a 12 clientes.
Entre las compañías están Agrileasing Latinoamericano, Constructora Raasa, Constructora Sánchez Carvajal, El Toro Bonito; además empresas relacionadas con el empresario Juan Carlos Bolaños como Sinocem Costa Rica y JCB Constructora y Alquiler, entre otras.
Erick Ramos, abogado de los exdirectores de Asebanacio, argumentó que sus defendidos no cometieron ninguna actuación irregular, ni aprobaron créditos.
“El informe de KPMG establece con claridad que la mayoría de los créditos están cancelados y, en los que puntualmente no hay una cancelación, está debidamente garantizada la Asociación”, afirmó Ramos.
El Banco Nacional declinó referirse a los hallazgos de KPMG, pues están bajo investigación del Ministerio Público o la Contraloría General de la República.
“Se reitera que la asociación solidarista es una entidad privada perteneciente a los empleados y la vigilancia de la misma, le corresponde a los miembros nombrados por la Asamblea General de asociados”, detalló la institución pública por escrito.
Problemas con créditos otorgados por la Asociación generaron que, en setiembre del 2018, los 5.480 empleados del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) tuvieran que asumir de sus excedentes por las inversiones de la cesantía y ahorros, ¢11.726 millones para cubrir las operaciones riesgosas dadas a empresas y asociados.
El Ministerio Público investiga, desde el 2017, una denuncia presentada por la actual Junta Directiva de Asebanacio sobre supuesta administración fraudulenta contra los directivos que dirigieron la organización, entre el 2012 y el 2017.
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El diputado José María Villalta también remitió, en julio anterior, a la fiscala general Emilia Navas, una serie de presuntas anomalías desde la constitución hasta la administración del dinero de los empleados de la entidad bancaria.
La Fiscalía informó, por escrito, de que la investigación penal contra los exdirectores imputados Prado Mendoza, Ortega Guevara, Bermejo Barrantes, Escalante Soto, Cordero Hernández, Murillo Boniche y Agüero Alvarado está en la etapa de recolección y análisis de prueba.
En el caso de la denuncia de Villalta, esta se tramita como un presunto delito de peculado en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Hallazgos de auditoría
KPMG halló las fallas en los créditos empresariales, luego de aplicarle a las operaciones crediticias los parámetros del Reglamento para la Calificación de Deudores, pues así lo pidió la Directiva de la Solidarista.
Dicha norma es exigida por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) a todas las entidades bancarias. Asebanacio será vigilada por Sugef a partir de finales del 2020.
El informe determinó que la Asociación carecía de procesos formales de gestión de las operaciones de crédito de los clientes corporativos.
Entre las omisiones se señaló la evaluación de la capacidad de pago de los clientes, procesos de cobro, valoración de garantía y la administración de bienes recibidos como dación de pago.
Como resultado de los hallazgos, KPMG estableció el siguiente efecto en la organización: "Posibles pérdidas financieras por créditos otorgados sin un adecuado análisis de la capacidad de pago de los deudores y con garantías insuficientes”.
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La revisión también encontró la ausencia de información relevante de los préstamos revisados tales como el contrato de la operación y los adendos de desembolsos efectuados adicionales a la línea principal.
Karen Vargas, gerenta general de Asebanacio, confirmó que la solidarista trabaja ahora con un manual de gestión de riesgos.
Asimismo, no otorgan préstamos a terceros, ni créditos empresariales, descuentos de facturas ni contratos.
“La mayoría de la cartera empresarial sin garantía está estimada en su totalidad y se encuentra en proceso de cobro judicial”, destacó Vargas.
Erick Ramos, abogado de los exdirectores, resaltó que la normativa de Sugef no se aplicaba a la Asociación cuando se otorgaron los créditos.
“La normativa no se puede aplicar retroactivamente. Usted puede hacer un análisis en concreto con base en la norma 1-05, pero no estaba vigente en el momento de la aprobación de esos créditos. Lo aplica (KPMG) como una norma de referencia, pero no estaba vigente para el momento de los hechos”, destacó Ramos.
KPMG encontró en la cartera corporativa de Asebanacio, a marzo del 2018, una morosidad de ¢2.384 millones por parte de las empresas Agrilesing, Constructora Sánchez Carvajal, Land Business (Casa Blanca) y Visión Comercial.
Además, ¢2.181 millones estaban en cobro judicial correspondientes a los créditos girados a las empresas Toro Bonito y La Casa de Doña Lela.
Asimismo, por descuento de contratos, la mora ascendía a ¢733 millones con empresas como Grupo Orosi y las constructoras Presbere y Hermanos Brenes.
En tanto, por descuentos de facturas, los saldos vencidos y pendientes de pago ascendían a ¢531 millones.
Por último, cuatro operaciones por un monto de ¢10.860 millones estaban al día. Se trata de préstamos otorgados a las compañías Agrosuperior, Chiripa, Constructora Raasa y Undecaf.
Nacional anuente a investigar caso Asebanacio
El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) confirmó que realizará una indagación sobre lo ocurrido con la asociación solidarista de sus trabajadores.
“El Banco hará las investigaciones que resulten pertinentes, dentro del ámbito de sus competencias y tomará las acciones que sean legalmente procedentes”, informó la entidad, por correo electrónico, ante consultas de La Nación.
A la institución pública se le consultó si abrió algún proceso administrativo contra funcionarios que estuvieron o dirigen actualmente Asebanacio. Sin embargo, el Banco declinó ampliar sobre el caso.
La Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional (Asebanacio) fue constituida por la Junta Directiva del banco estatal a la cual se le trasladó ¢37.900 millones, de la cesantía de sus trabajadores, a partir del 2012.
El Banco Nacional se desligó, en las últimas semanas, de la solidarista luego de una denuncia hecha por el diputado José María Villalta en el Plenario Legislativo.
El diputado también presentó una denuncia penal, ante el Ministerio Público, por un supuesto delito de peculado.
“Se aclara que el Banco Nacional no tiene injerencia y posee limitadas posibilidades para intervenir en la actividad de Asebanacio”, informó la entidad días posteriores a la denuncia de Villalta.
Erick Ramos, abogado de los exdirectores de la solidarista, consideró saludable la decisión de la institución estatal de efectuar las investigaciones que considere pertinentes.
Añadió que desconoce si el Banco inició algún procedimiento formal.
Ramos argumentó que la actuación de sus representados, cuando dirigieron Asebanacio, nunca puso en peligro el patrimonio de los trabajadores de la institución.
“Desde octubre del año pasado solicitamos al Ministerio Público solicitara la información de los créditos al denunciante, debido a que todos los créditos fueron cancelados”, dijo este representante legal.
Por su parte, Karen Vargas, gerente general de Asebanacio, argumentó que la asociación informó al Banco Nacional de las debilidades de la solidarista desde el momento en que se conocieron.
“Se le ha informado sobre los esfuerzos que actualmente realiza la nueva junta directiva y la nueva gerencia para garantizar la buena administración y resguardo del patrimonio de los asociados”, destacó Vargas.
En marzo pasado, Asebanacio informó a Gustavo Vargas, gerente del BNCR, sobre la ampliación de la denuncia penal ante el Ministerio Público debido a que, en las anteriores directivas, hubo miembros que ostentaban cargos relacionados a la alta gerencia de la entidad bancaria, lo cual es prohibido por la Ley de Asociaciones Solidaristas.
