Silvio Lacayo Beeche, quien era gerente de Desyfin, ordenó a sus subalternos que no podían brindar de manera inmediata la información de la cartera de crédito y gastos a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), durante la fiscalización especial efectuada a la financiera.
“A partir de una orden girada por el señor Silvio Lacayo Beeche, se prohibió la entrega inmediata (de información) por parte de la funcionaria de la Financiera encargada de Cargos diferidos. Asimismo, la información remitida de forma posterior por el señor Silvio Lacayo Beeche, mediante correo electrónico del 20 de mayo de 2024, no incluía la totalidad de la información requerida”, se indica en el acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), del pasado 13 de agosto, que ordenó la intervención de Desyfin.
Según el informe SGF-DSII-020-2024, citado por el Consejo, durante la fiscalización efectuada hubo obstaculización de las labores a los funcionarios de la Superintendencia a quienes no se les entrega la información contrario a la normativa y la legislación. Además de que el gerente instruyó a sus subalternos a enviarle los datos primero a él, antes de remitirlos a la Sugef.
“La Sugef manifiesta que esta situación (la obstaculización) se debió a una orden emitida por el señor Silvio Lacayo Beeche, gerente general, en torno a que, salvo los pantallazos que extrajeran del sistema informático, la restante información debía ser remitida por los empleados de la Financiera en primera instancia a él para su revisión y, posterior entrega al equipo de supervisión”, se indica en el documento publicado por el Conassif, este viernes, en el diario oficial La Gaceta.
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La actuación de Lacayo Beeche llevó a Rocío Aguilar Montoya, jerarca de la Sugef, a recomendar a la Junta Directiva la remoción del entonces gerente, tal como lo confirmó la funcionaria a La Nación. El gerente renunció al cargo a inicios del mes pasado y su salida se concretó el 31 de julio, aunque se mantiene como representante legal de la financiera.
Este diario solicitó este viernes a los encargados de Desyfin una posición de Lacayo Beeche sobre los argumentos dados por la Sugef. Las consultas se enviaron por mensaje de texto, a las 12:07 p. m., y correo electrónico, a las 12:13 p.m. Al momento de la publicación de este artículo se estaba a la espera de una respuesta.
Sin embargo, Lacayo Beeche negó, en un comunicado de prensa enviado el pasado 14 de agosto, que ocultara información a la Sugef. “Quiero aclarar que no ha existido ocultamiento de información por parte de Financiera Desyfin. Desde el primer momento, hemos actuado con total seriedad, responsabilidad y transparencia y hemos entregado toda la documentación requerida por Sugef”, aseguró el representante legal de la empresa.
El Conassif ordenó la intervención de la financiera por un plazo ordinario de 30 días naturales, que podría ser prorrogado por 30 días más de ser necesario. El Consejo nombró a Marianne Kött Salas como interventora titular.
Sin acatar órdenes
Las observaciones sobre la actuación de Lacayo Beeche se precisan en un segmento del informe de la Superintendencia denominado Renuencia a cumplir órdenes y disposiciones emitidas por la Sugef y el Conassif.
La Superintendencia calificó la actuación como prácticas contrarias a disposiciones regulatorias vigentes y a las sanas prácticas que deben imperar en la actividad de intermediación financiera.
“La entidad presenta profundas debilidades en la gestión del riesgo de crédito, debilidades en la labor de la Auditoría Interna, e inconsistencias en registros contables. Adicionalmente, hay constancia de conductas que tienden a obstaculizar una labor de supervisión efectiva”, se indica en el informe.
El Conassif aclaró que para el acuerdo de intervención no se tomó en cuenta la presunta falta disciplinaria del exgerente debido a la presentación de un recurso de apelación contra los argumentos de la Superintendencia. Sin embargo, se señaló que la caída de la suficiencia patrimonial del 10,20% a un resultado negativo, de -0,06% al 30 de junio pasado, es suficiente para acreditar la toma de posesión de la administración de Desyfin.
Además de la reducción del patrimonio que pasó ¢11.701 millones, reportado en junio, a ¢1.339 millones para la creación de estimaciones por deterioro crediticio.
Las estimaciones que una entidad financiera hace para cubrir el deterioro de la cartera de crédito se toman de sus reservas acumuladas, que son un gasto que se cubre con las utilidades. Pero si esta reserva no es suficiente, el banco o financiera deberá tomar recursos de su capital, lo cual podría debilitar la suficiencia patrimonial de la entidad.