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La Superintendencia de Pensiones (Supén) encontró 15 fallas en la operación y administración del fondo de pensión especial de los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el cual tiene un déficit actuarial de ¢1 billón y entrará en problemas de solvencia a partir del 2021.
La entidad supervisora halló que el otorgamiento de las casi 18.000 jubilaciones, así como los cálculos del beneficio se efectúan en hojas de Excel, de manera manual, y que no hay una revisión de los beneficios de pensión ya caducados, pues el régimen carece de un sistema de información automatizado para reducir tales riesgos.
Además, carece de control en las inversiones de la reserva del sistema y existe ausencia de vigilancia de la Junta Directiva de la CCSS en los encargados de la administración del Fondo de Retiro de los Empleados (FRE), creado por el artículo 21 de la ley constitutiva de la institución aseguradora.
La Supén descubrió las faltas luego de realizar una fiscalización, entre agosto y diciembre del 2019, en dicho régimen, para el cual la Caja aportó como patrono ¢17.241 millones en el 2019.
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Los resultados se expusieron, el pasado 8 de abril, en la Directiva de la Caja por parte de los nueve supervisores encargados de realizar el trabajo y el entonces superintendente Álvaro Ramos, según se detalla en el acta de Junta 9.091, de la cual tiene copia La Nación.
“Hay una ausencia de vigilancia de la Junta Directiva de la Caja sobre la Junta Administrativa del FRE. Es un punto importante de gobierno corporativo (...) La reforma (al fondo) se presentó en noviembre. A la Junta Directiva de la Caja llegó en enero, para su aprobación, y que entrara a regir en febrero. Pero eso está pendiente”, enfatizó en su momento Joaquín Gutiérrez, supervisor principal de la fiscalización al FRE.
La Directiva de la CCSS aprobó, el 7 de mayo, tal como lo recomendó el órgano administrativo del régimen, elevar la cotización patronal del 2% actual al 3%, y modificar la fórmula del cálculo del monto de la pensión, confirmó Luis Diego Calderón, gerente de Finanzas y presidente del Fondo.
Actualmente, la reforma está en consulta ante los diferentes sindicatos de la institución autónoma.
La posibilidad de que los trabajadores y jubilados del régimen realicen un aporte no se planteó entre las opciones de discusión. Ellos seguirán sin cotizar.
Entonces, el fondo se continúa financiando, exclusivamente, con el dinero pagado al seguro de salud por trabajadores privados y del sector público, empresas e instituciones.
Calderón informó de que se realizará un análisis acerca de la posibilidad de que los trabajadores de la Caja coticen al fondo, pero se requerirá un cambio legal, advirtió.
El Supervisor de Fiscalización del FRE enfatizó a los Directivos de la Caja que los cambios propuestos no resolverán el “hueco actuarial”, pero lo consideró un paso adelante frente a la situación actual.
Por otra parte, los resultados del más reciente estudio actuarial hecho al régimen por la Dirección Actuarial de la CCSS, publicados en marzo, también concluyen que los cambios planteados son insuficientes.
“La reserva comienza a consumirse en el 2021. En este momento, si se aprobara la reforma, le da vida al fondo unos cuantos años más. Pero ya este año se están utilizando los intereses de la reserva”, advirtió Gutiérrez.
Luis Diego Calderón, presidente del Fondo, comentó que trabajan en la ejecución de un plan de acción para atender los hallazgos de Supén en un plazo que no supere los cuatro meses.
El régimen especial finalizó, el año pasado, con 17.679 personas jubiladas cuyo monto máximo de pensión es de ¢324.120.
Además, hay 59.147 empleados activos que, pese a no realizar ningún aporte, tienen derecho a una pensión del sistema especial. La reserva del fondo ascendió a ¢336.606 millones al 31 de diciembre del 2019.
Régimen sin solvencia
Junto a las debilidades en la administración y operación del régimen, los funcionarios de la Supén expusieron a la Junta Directiva de la CCSS los resultados del más reciente estudio actuarial elaborado por la Dirección Actuarial y Económica de la institución autónoma.
El informe, del cual tiene copia La Nación, muestra que, desde el 2015, se utilizan las ganancias de las inversiones de la reserva para pagar pensiones.
El año pasado, el régimen especial tuvo ingresos por ¢35.268 millones. Este se subdivide en ¢17.241 millones de aporte patronal y ¢18.027 millones correspondientes a ganancias de las inversiones.
Sin embargo, el pago de pensiones ascendió a ¢29.576 millones, con lo cual la utilidad del fondo fue de ¢5.692 millones.
El informe actuarial explica que, cinco años atrás, dicho excedente era de ¢11.000 millones.
“El Fondo no podrá financiar al 85% de las promesas hasta ahora devengadas”, resume el estudio para ejemplificar las dificultades que se enfrentan.
La proyección es que el próximo año se comiencen a utilizar las reservas del régimen para pagar a los pensionados y, sin ninguna reforma, el dinero se acabará en el 2031.
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El informe determinó que para devolverle el equilibrio actuarial al sistema la cotización debe ser equivalente al 7,68% de la planilla anual pagada por la Caja.
“El Fondo necesita de un ingreso del 7,68% de los salarios para hacerle frente a las obligaciones actuales de los pensionados en curso de pago y a los futuros beneficios de la generación actual”, señala el estudio.
El informe actuarial destacó que los cambios que se hagan en el régimen deben ser rigurosos “tanto en la vía de los ingresos como en el perfil de beneficios”.
Directiva frenó intento de 6.000 empleados de obtener jubilación más ventajosa
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cerró la posibilidad de que un grupo de 6.054 empleados de la institución mantengan beneficios de jubilación más ventajosos sobre el resto de los 53.093 empleados de la entidad.
Este cuerpo colegiado acordó, en una reciente reforma al Fondo de Retiro de Empleados (FRE) de la institución, el 7 de mayo pasado, que la fórmula de cálculo más ventajosa para pensionarse del fondo especial solo se mantendrá en vigencia por un plazo de 18 meses, después de que los cambios queden aprobados en firme, tal como lo ha dictado la Sala IV.
La propuesta inicial pretendía dividir a los empleados por grupos para que unos permanecieran, hasta su retiro, con el cálculo del monto de pensión con los últimos 12 salarios, otros con 60 sueldos y otras personas con 120 salarios. En total, representaban el 10% de los 59.147 trabajadores de la institución.
Sin embargo, la Directiva de la CCSS acordó que a todos los funcionarios se les calculara el monto de la jubilación como un promedio de los últimos 240 sueldos.
“Se respeta solamente 18 meses el perfil de beneficios para aquellos trabajadores que se retiran de la Institución en ese plazo una vez publicado este cambio, respetando el mandato de la Sala Constitucional”, enfatizó Luis Diego Calderón, gerente de Finanzas y presidente del Fondo.
Estas modificaciones aprobadas por la Directiva en mayo aún no están en firme, pues se encuentran en consulta ante los sindicatos de la Caja.
Grupo con ventajas
La iniciativa de los administradores del régimen es subdividir a los trabajadores de la institución en cuatro grupos con derechos diferenciados.
La propuesta original era que, al 30 de junio del 2022, las personas con 60 años o más mantendrían las condiciones actuales de jubilación, es decir, con una pensión equivalente a los últimos 12 salarios. Se trataba de 3.152 personas.
“El grupo 1, con cerca del 5% de los trabajadores son los que presentan mayores salarios en promedio y por ende generarán mayores costos por concepto de beneficios”, se advierte en el estudio actuarial cuyos resultados se publicaron en marzo anterior.
En el segundo grupo se planteaba que el cálculo de la jubilación será el equivalente a los últimos 60 sueldos reportados. Aquí se contemplaban los empleados con más de 58 años y menos de 60 años, cumplidos a junio del 2022.
El tercer grupo se incluía a los afiliados con más de 56 años y menos de 58 años, a junio del 2022, a quienes se propuso calcular la pensión con un monto equivalente a los últimos 120 salarios reportados, una vez se jubilen.
En el cuarto y último grupo está el 90% de los trabajadores, es decir, 53.093 personas. Todas ellas tendrán menos de 56 años en junio del 2022, con lo cual su pensión será una promedio de los últimos 240 salarios.
La otra medida propuesta fue modificar el tope de pensión. Actualmente, el monto máximo de jubilación representa el 15% del salario de referencia de los últimos 12 meses.
En el cálculo nuevo, el tope será del 7% del salario promedio de los últimos 240 meses.
La Caja financia dicho aporte con las contribuciones obrero-patronales hechas al seguros de salud. Ni los empleados, ni los pensionados por el régimen cotizan al fondo especial.
El estudio actuarial determinó que la reforma planteada no resuelve el desequilibrio del régimen, pues mantendría un déficit de ¢532.448 millones; hoy es de ¢1 billón.
