La Superintendencia de Pensiones (Supén) propuso cinco cambios al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para darle sostenibilidad al sistema en el largo plazo.

Las iniciativas, planteadas por Álvaro Ramos, jerarca de la Supén, incluyen elevar el aporte al fondo del 10,66% al 16%, crear una pensión básica universal, recortar el monto de la pensión por sucesión y no ampliar la cobertura del sistema hasta lograr un equilibrio actuarial.

Ramos también sugirió transformar la actual estructura de contribución estatal al IVM para que sea en función de las necesidades de recursos del régimen y no un porcentaje sobre los salarios de los trabajadores.

Actualmente, el patrono aporta al IVM un 5,25%, el trabajador un 4% y el Estado, un 1,41%, para un total de 10,66%.

El Superintendente presentó las recomendaciones a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), administradora del IVM, el pasado 8 de abril, según consta en el acta 9.027 de la sesión de ese día.

Ramos confirmó a La Nación que sus planteamientos se hicieron bajo el principio de lograr una jubilación equivalente al 60% del salario de referencia de un trabajador al momento del retiro, tomando en cuenta también la pensión complementaria.

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Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, manifestó que las propuestas de Supén serán evaluadas para el proceso de reforma al fondo.

“Las consideraciones de la Supén son parte de los insumos que se toman en cuanta para las posibles acciones para fortalecer el régimen a futuro”, destacó Barrantes.

El IVM es el principal sistema de pensiones de Costa Rica. Hasta junio pasado contaba con 280.433 beneficiarios del fondo, 1,5 millones de trabajadores cotizantes y 87.598 patronos.

La reserva del régimen ascendió a ¢2,75 billones, según los estados financieros del IVM con corte a junio de este año.

La CCSS está en una proceso de discusión sobre medidas para fortalecer el IVM, después de que un informe de la institución determinara, en octubre del 2018, que las propuestas de reforma de la mesa de diálogo logran un efecto mínimo en la sostenibilidad del régimen.

Desglose de propuestas

Las propuestas planteadas por el Superintendente implicarán desde reformas legales a la Ley Constitutiva de la CCSS hasta reformas al reglamento del IVM.

La principal modificación planteada por la Supén es elevar la cotización tripartita al régimen. La contribución obrera, patronal y del Estado asciende hoy, en conjunto, a 10,66% y subirá al 12,16% en el 2028.

Sin embargo, Ramos considera que el aporte para lograr un equilibrio a largo plazo debe ubicarse en el 16%, de lo contrario sería necesario rebajar demasiado los beneficios a los pensionados.

“Si no quieren rebajar demasiado los beneficios (...) creo que el equilibrio de largo plazo probablemente es como 15% o 16% (de aporte), dadas las condiciones de Costa Rica y, sobre todo, porque existe la (pensión) complementaria”, argumentó el jerarca a la Directiva de la CCSS.

Ramos explicó que el Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) brindará al beneficiario el equivalente al 15% del sueldo, con lo cual el IVM debe aportar el restante 45%.

El gerente de Pensiones de la Caja confirmó que esta iniciativa se incluyó en el proceso de análisis, en que actualmente está la institución, para presentar una propuesta definitiva de reforma al fondo.

“Uno observa que la cotización promedio para pensión en otros países ronda el 20%. Al hablar de 16% en el IVM, recordemos que hay un 4,25% para el segundo pilar (pensión complementaria). Eventualmente solo debería definirse en una mesa de diálogo la forma de aplicar el incremento”, recalcó Barrantes.

La Supén también consideró “bastante generosa” la pensión sucesoria, es el beneficio que reciben los familiares (esposa, esposo, hijos o padres) cuando el jubilado fallece.

Según los datos estadísticos de la Caja, esta asciende a ¢165.000 mensuales, es decir, el 60% de la pensión promedio del régimen la cual ronda los ¢275.000.

Para Ramos, la cuantía recibida por los familiares debe calcularse como en el Magisterio Nacional, que primero se hace un estudio socioeconómico del futuro beneficiario.

Añadió que en la Caja la pensión por sucesión se estableció para una sociedad en la cual el hombre era el principal sostén económico de la familia. Pero hoy la realidad es otra, tanto la mujer como el hombre trabajan.

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“La sucesoria no debería ser tan automática como lo es ahora. En algún momento el IVM se tiene que replantear el tema para ajustarse a los tiempos”, recalcó el Superintendente.

Otro de las propuestas de la entidad supervisora es que la Caja primero resuelva el desequilibrio actuarial del régimen, antes de elevar la cobertura del sistema.

El argumento de la institución es que conforme aumentan los trabajadores asegurados por el IVM se elevan las obligaciones de pago de pensiones futuras, y genera una mayor presión al sistema.

Ramos sí resaltó que esta propuesta es solo desde la óptica de pensiones, y no toma en cuenta el posible impacto en el seguro de salud.

Sin embargo, Jaime Barrantes, gerente de Pensiones, destacó que la Caja como institución social tiene el objetivo de afiliar a la mayor cantidad de personas por un tema de salud pública y para garantizar una cuantía económica a la persona durante la vejez o en caso de invalidez.

Por otra parte, el Superintendente cuestionó la actual estructura de aporte estatal que es equivalente a un porcentaje del total de salarios cotizados al IVM. Actualmente es del 1,41%.

El argumento de la entidad supervisora es que la actual fórmula genera un problema procíclico, pues en una época de expansión laboral sube la contribución.

Pero en la etapas de contracción del mercado de trabajo se reduce, como en el caso actual.

“La participación estatal debería estar vinculada más bien a la parte de solidaridad de las personas. Por ejemplo, si una persona cotiza muy cerca del mínimo de la Caja y luego recibe una pensión, esta irá con un subsidio implícito (...) Si la Caja calcula ese subsidio de todo el sistema de aporte versus beneficio, le podría decir al Estado el pago de la diferencia”, recalcó el Superintendente.

Ramos consideró que esta fórmula daría mayor transparencia al financiamiento estatal.

Para Barrantes primero es necesario hacer una valoración jurídica y financiera de dicha propuesta y su posible impacto en las finanzas del régimen.

Nueva pensión

Una de las ideas presentada por el jerarca de la Supén a la directivos de la Caja fue la creación de una pensión universal la cual garantice un ingreso básico.

“La idea es convertir la pensión no contributiva en una universal (...) habría que reconstruir la estructura de pilares y la manera que funcionan las contribuciones”, explicó el jerarca.

El principio de esta nueva pensión es que quien cotizó, pero no obtiene el monto mínimo de jubilación de ¢136.865, el Estado aporte los recursos adicionales para alcanzar el monto básico.

En el caso de quien no aportó del todo, el monto sería cubierto en su totalidad por el Gobierno.

Ramos detalló que se trata de una nueva pensión promovida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial.

Más jubilados y desempleo afectan salud del IVM

El aumento de la cotización de los trabajadores y del Estado al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) está siendo erosionado por el rápido incremento de nuevos pensionados y la alta tasa de desempleo de Costa Rica.

Entre el 2016 y el 2018, entró a regir un aumento de un punto porcentual en el aporte obrero y de 0,66 de punto en el estatal, que impulsaron los ingresos del régimen.

Además, mejoraron el equilibrio del régimen, pues los excedentes generados pasaron de ¢80.000 millones, en el primer semestre del 2017, a ¢173.000 millones, en el 2018, según los estados financieros del IVM.

Sin embargo, este año volvió a reducirse el monto pues, entre enero y junio, el régimen generó un exceso de ¢158.519 millones, es decir, una caída de 8,3%, respecto al mismo periodo del 2018.

Los excedentes son el resultado de los ingresos menos los gastos, que se utilizan para hacer crecer la reserva del fondo de pensiones.

Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), confirmó que para este año también reportan una desaceleración en los ingresos del régimen.

Al primer semestre de este año, los ingresos del sistema ascendieron a ¢725.226 millones, lo cual significó un incremento de 3,8%. Sin embargo, las tasas de aumento para el mismo periodo, en el 2018 y 2017, superó el 13%.

Barrantes atribuyó el efecto al mayor desempleo durante el último año. La tasa de desocupación se ubicó en el 11,9% en el segundo trimestre de este año, según los datos más recientes de la Encuesta Continua de Empleo.

“Damos seguimiento al tema del empleo y de crecimiento de la economía, pues tiene un impacto fuerte en el régimen”, destacó Barrantes.

La otra variable con un peso relevante es el incremento de nuevos jubilados.

A junio pasado, el IVM tenía 280.433 jubilados de los cuales el 52% eran pensionados por vejez, es decir, trabajadores que se retiraron a los 62 años.

Este grupo se duplicó en la última década. Actualmente, son 146.922 personas, pero en el 2010 eran 65.542.

Este incremento tiene un impacto relevante en el IVM, pues mientras la pensión promedio del régimen es de ¢275.000, quienes se jubilaron por vejez es de ¢376.000, muestran los datos de la Caja.

Precisamente, el efecto es un alza en el gasto del régimen, el cual fue de ¢566.707 millones en el primer semestre, es decir, 7,8% más frente al mismo periodo del año anterior.