EscucharLa Superintendencia de Pensiones (Supén) propuso el cierre del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial porque la reforma propuesta por la Corte Plena no le da sostenibilidad a largo plazo al sistema.
Así lo señala una valuación actuarial hecha por la Supén al régimen, de la cual La Nación tiene copia, en la que se analizó la eficacia de las reformas aprobadas por los magistrados en agosto del 2013, con el objetivo de que el fondo pueda afrontar las demandas de largo plazo
Para la Superintendencia, las medidas son inviables, pues no resuelven el déficit del sistema.
La única manera de conseguir el equilibrio sería con tasas de cotización de casi 70% del salario de los empleados activos, y 60% de aporte de los que ya están jubilados, advierte el estudio.
Por esta razón, la Supén recomendó liquidar el sistema y que el Estado pague las pensiones de los jubilados actuales y de quienes cumplan con un mínimo de requisitos, incluso 18 meses después de cerrado el Fondo.
El resto de los empleados pasarían al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde obtendrían los beneficios según parámetros de este sistema.
Alfredo Jones, director ejecutivo del Fondo, descartó la opción de cerrar el régimen. Por el contrario, aseguró que harán un nuevo estudio actuarial para determinar la eficiencia de la reforma.
“Ni la Corte Plena, ni el Consejo Superior, ni esta Dirección hemos valorado como opción el cerrar el Fondo. Por el contrario, siempre hemos tenido en mente la necesidad de tomar medidas para fortalecerlo”, dijo Jones.
El régimen del Poder Judicial fue creado en 1937. Actualmente, tiene 3.226 jubilados y un total de 12.055 empleados activos cotizantes.
En junio del 2012, la firma argentina Melinsky, Pellegrinelli y Asoc. determinó que el Fondo tiene un déficit actuarial de ¢4 billones y sería insolvente en el 2027.
El déficit actuarial es la estimación de los ingresos y egresos que tendrá el régimen en 100 años, pero trayendo los flujos financieros a valor presente.
Este régimen es un fondo contributivo en el que aportan empleados judiciales, el Poder Judicial como patrono y el Estado.
Costo. Pasar el Fondo con cargo al Presupuesto Nacional tendría un alto impacto económico para el Estado, pero es la única vía para el régimen, según Supén.
Para estimar el costo, el estudio calculó tres planteamientos que parten del cierre hipotético del régimen, en mayo del 2014; con los jubilados actuales y quienes adquieran el derecho de pensión 18 meses después de liquidar el fondo.
El pago se calculó con base en el producto interno bruto (PIB) del 2013, e incluye la pensión del jubilado y los herederos del beneficiario una vez fallecido: cónyuge o pareja, los padres, y los hijos de hasta 25 años que estudian.
Édgar Ayales, ministro de Hacienda, reconoció que el impacto sería altísimo para las deterioradas finanzas del Gobierno Central. “Se tendría que asumir (el costo de las pensiones) porque el Fondo tiene garantía estatal”, recalcó Ayales.
Por otra parte, los actuales 12.055 empleados de la Corte se trasladarían al IVM porque es el único régimen de pensiones donde es posible hacerlo. Para ello se requerirá una reforma legal, detalló Édgar Robles, jerarca de la Supén.
“Se abusó de los beneficios amparados en la ley y en otros mediante interpretación legal, que al final han ido en contra del régimen”, afirmó Robles.
El cambio legal incluiría la transferencia de los ¢359.546 millones de reserva del Fondo. Dichos recursos se dividirían entre Hacienda, el IVM y para la pensión complementaria del empleado.
