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Únicamente 636 personas y empresas de las 30.000 que tienen la obligación de registrarse como nuevos regulados ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), cumplieron con este trámite hasta el pasado 10 de junio. La cifra representa apenas el 2% del total.
Las 29.364 personas físicas y jurídicas que todavía no se inscriben ante el supervisor se exponen al cierre de sus cuentas bancarias y la suspensión de los servicios en todas las entidades del sistema financiero nacional, a partir del próximo lunes 1.° de julio.
El plazo para que los nuevos supervisados se inscriban ante Sugef vence el domingo 30 de junio. Bernardo Alfaro, jerarca de la Superintendencia, explicó que, pese a los bajos niveles de registro, no se valora otorgar una prórroga.
“Sobre qué pasará con las cuentas bancarias de quienes no se inscriban a tiempo, cada entidad financiera debe emitir sus políticas al respecto, pero en última instancia no podrán prestarle más el servicio”, indicó Alfaro.
Los nuevos supervisados son casinos físicos o virtuales, empresas emisoras de tarjetas de crédito, prestamistas, casas de empeño, compañías dedicadas a la compra y venta de bienes inmuebles (incluye corredores de bienes raíces, intermediarios, promotores y desarrolladores de proyectos inmobiliarios).
También entran en esta lista los comerciantes de metales y piedras preciosas, los proveedores fiduciarios, las remesas entre países, los administradores de recursos por medio de fideicomisos, los emisores de cheques de viajero o giros postales, las operaciones de canje de dinero y transferencias, y las organizaciones sin fines de lucro que reciben dinero de países con riesgo de lavado de activos.
Incluso los abogados y contadores que participan en la compra y venta de bienes inmuebles, en la administración de dinero de sus clientes y en la compra y venta de personas jurídicas.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluó a Costa Rica, en julio del 2015, y encontró debilidades en la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo en algunas actividades económicas y profesiones que este organismo considera vulnerables.
Para subsanar esas deficiencias, Costa Rica aprobó, en mayo del 2017, la Ley N° 9449 que reformó la normativa sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Esta modificación a la Ley otorgó a la Sugef la obligación de regular y supervisar las actividades y profesiones que se consideran vulnerables y emitir reportes para el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Así lo explicó Nidia Zúñiga, abogada corporativa de la firma Sfera Legal.
Hay preocupación
Las voces de alerta por el bajo nivel de registros ante Sugef vienen desde el propio sector financiero.
Anabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos de Costa Rica, comentó que desde hace varios meses las entidades financieras iniciaron campañas de información y contactos directos con sus clientes para recordarles esta nueva obligación legal.
Para María Isabel Cortés, directora de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), las entidades financieras tienen un mandato legal que deben cumplir por lo que cerrarán las cuentas de quienes deben registrarse, pero no lo hagan a tiempo.
El 7 de junio se publicó el transitorio tercero de la normativa que otorga una prórroga hasta el 30 de setiembre, únicamente para personas y empresas que por sus condiciones necesitan más tiempo para tramitar el certificado de firma digital.
A esta ampliación del plazo solo se podrán acoger las personas físicas extranjeras no residentes, las empresas que tengan como representante a un extranjero que no resida en el país y las organizaciones sociales inscritas ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Posición de gremios
Aunque el tiempo para completar el registro ante Sugef se acorta, representantes de algunos gremios consideran que los trámites aumentarán en los próximos días.
Juan Luis León, presidente del Colegio de Abogados, aseguró que durante varios meses los bancos enviaron comunicados de recordatorio a bufetes y oficinas de diversos profesionales en derecho que no deben acogerse a la regulación.
La Nación le consultó cuántos juristas del total de colegiados deberían registrarse, pero León señaló que no existe un dato puntual.
En el Colegio de Abogados realizaron charlas y congresos en los últimos meses para brindar información a sus agremiados sobre el paso a paso para cumplir con este trámite.
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Una estrategia similar se desarrolló en el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica (CCPA) con charlas informativas y videos en redes sociales que sirven como material para sus afiliados.
Dayanni Picado, jefa del Departamento de Consulta Técnica del CCPA, recordó que las sanciones pueden afectar a los contadores obligados a registrarse que incumplan con ese requerimiento.
El registro se debe realizar en la dirección https://www.sugefdirecto.sugef.fi.cr y requiere del certificado de firma digital.
Si tiene dudas o consultas sobre el tema puede llamar a los teléfonos habilitados por la Superintendencia: 2243-4758, 2243- 4761 ó 2243-4771.
