EscucharEl Poder Ejecutivo abandonó el proceso de diálogo destinado a fortalecer el sistema de pensiones de Costa Rica, convocado por la Superintendencia de Pensiones (Supén), pues argumenta que no se trabaja en reforzar el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
“No hemos participado en las mesas porque desde el punto de vista práctico no se está discutiendo el tema de fortalecimiento del IVM, sino la posibilidad de construir una pensión básica universal alrededor de un proyecto de ley que no fue consultado al Ministerio de Hacienda. Tenemos un Régimen No Contributivo que le hace frente a las personas que no han tenido cotizaciones y están en pobreza”, apuntó”, criticó Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda
Agregó que la iniciativa, presentada en el Congreso por el liberacionista Rodrigo Arias e impulsada por Supén, carece de elementos que el gobierno considera fundamentales para la justicia social.
Para Acosta es necesario discutir sobre la edad de retiro, el porcentaje de aportes y establecer pensiones de acuerdo con el nivel de cotizaciones del trabajador al IVM. La Nación le consultó si el gobierno tiene alguna propuesta, pero dijo que debe definirse mediante un estudio actuarial, lo cual no es del ámbito de Hacienda.
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Asimismo, rebatió que el abordaje de la situación financiera del IVM se discuta desde la deuda estatal con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), administradora del IVM y el seguro de salud. Para él, la discusión debe darse sobre cómo el país financia a futuro ambos sistemas.
Hasta octubre, la Caja registraba una deuda con un saldo de ¢3.955.050 millones. De dicho monto, ¢3.235.821 millones corresponden al Seguro de Enfermedad y Maternidad; y ¢719.229 millones al IVM, según los estados financieros de ambos regímenes.
Actor ausente
La Superintendencia corroboró a este diario que hubo representantes del Ministerio en las tres primeras sesiones celebradas el 19 de julio, 30 de agosto y 20 de setiembre. Pero no acudieron a las siguientes dos reuniones.
La Supén indicó que el proceso sigue adelante pese a la decisión de Hacienda. El 20 de diciembre habrá otra cita y el objetivo es, entre enero y febrero del 2025, concretar el producto final del diálogo social.
El proceso de diálogo se inició en mayo con el objetivo de plantear reformas legales para fortalecer el sistema de pensiones. Entre los objetivos está que el financiamiento del IVM no dependa en su mayoría de las planillas del sector privado y público. Además, se propuso analizar opciones para unificar los regímenes básicos y equiparar la cotización estatal, los beneficios de retiro y los requisitos de jubilación.
También se propuso sanear las finanzas del IVM con el incremento de la cobertura, incorporar la pensión básica universal al sistema y crear mecanismos de formalización de trabajadores.
“Consideramos que es más beneficioso para el proceso integrar al Congreso desde el inicio porque, al final del camino, las iniciativas se tienen que convertir en proyectos de ley. Si no integramos a la Asamblea Legislativa de forma anticipada, los proyectos serían totalmente nuevos para los diputados y los asesores”, dijo Rocío Aguilar Montoya, superintendenta de Pensiones, en los inicios del diálogo.
Destacó ese día que esperaba la incorporación del Gobierno Central, pues las medidas en discusión requieren de reformas estructurales. Aguilar Montoya, a quien le concluía el nombramiento el 15 de abril del 2025, renunció y su último día en el cargo será este 31 de diciembre.
