Desde hace varios meses, los operadores del mercado bursátil (Puestos de Bolsa, Sociedades de Fondos y Operadoras de Pensiones) han tenido serias discrepancias acerca de la actuación del Ministerio de Hacienda como agente emisor de títulos valores, especialmente en lo referido al manejo de la subasta de títulos del sector público y a las características particulares de los títulos financieros que coloca por ventanilla.
El tema nos parece que no debe pasar desapercibido si se tiene claro que el mismo no sólo es relevante por ser el Ministerio de Hacienda el principal emisor de títulos valores dentro del mercado financiero nacional, en cuyo caso su comportamiento tiene un fuerte impacto sobre las tasa de interés, en colones y en dólares, y en el valor de las inversiones que las personas, empresas e instituciones poseen, sino además, por las connotaciones legales que suscita.
En este sentido, una pregunta ineludible que hay que hacerse es si los objetivos fiscales de Hacienda, de captar más recursos para financiar el déficit, están por encima del interés público de tener un mercado financiero eficiente y transparente, cuyo aspecto beneficiaría a todos los ahorradores e inversionistas de este país.
El asunto se vuelve más complejo cuando se consideran los aspectos de regulación. Surge aquí la pregunta de si la Superintendencia General de Valores podría llamar la atención, incluso poner sanciones a Hacienda, similar a como lo hace con otros emisores del mercado de valores, si este no cumple con las disposiciones generales en esta materia, y más aún cuando podría estar afectando el desempeño del mercado como mecanismo público de operación.
Mientras en Costa Rica nos encontramos resolviendo un problema, pero agravando otro, en México, por ejemplo, Hacienda ya anunció el envío a Congreso de una propuesta para modificar la Ley del Mercado de Valores de dicho país, donde uno de sus principales objetivos es promover el acceso de las empresas medianas al mercado de capitales.