Los fuertes incrementos en los precios que está viviendo Costa Rica, en especial de los alimentos, pasarán una alta factura a la pobreza, según las estimaciones de Andrés Fernández, economista del Consejo de Promoción de la Competitividad pues a las 383.500 hogares que ya viven en esta condición se le podrían sumar cerca de 70.000 más este año.
Para medir la pobreza en Costa Rica se comparan los ingresos de los hogares con el costo de la canasta básica alimentaria, más un grupo de otros bienes y servicios básicos. Los hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir el costo de este grupo de bienes y servicios se consideran pobres, y aquellos a los que ni siquiera les alcanza para comprar la canasta básica alimentaria viven en extrema pobreza.
La estimación de los ingresos de los hogares la obtiene el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a partir de la Encuesta Nacional de Hogares, que realiza en julio de cada año, mientras que la información del costo de la canasta básica alimentaria lo publica cada mes.
En el 2021, el porcentaje de hogares en pobreza fue de 23%, y en extrema pobreza de 6,3%. En su estimación, Fernández mantiene los ingresos que tenían los hogares en julio del 2021, pero les aplica el costo de la canasta básica de mayo de este año, lo cual arroja una pobreza de 27,2% y una extrema de 7,8%.
En números absolutos implica un aumento de casi 70.000 hogares más en pobreza al pasar de 383.505, en julio del 2021, a 453.218, en mayo del 2022.
El costo de la canasta básica urbana por persona, en julio del 2021, era de ¢51.285 y en mayo de este año, de ¢57.859, y la rural pasó de ¢42.786 a ¢48.251 en ese mismo periodo.
Fernández explicó que posiblemente este año habrá cambios en los ingresos porque el desempleo ha bajado y eso significa más ingresos para los hogares. En el trimestre que terminó en julio del 2021 el desempleo era de 17,4% y la última medición del trimestre que concluyó en abril del 2022 fue de 13,3%. Además, el año pasado todavía algunas familias recibían transferencias por la pandemia. Por lo tanto, la estimación de 27,2% sería un máximo.
Gobierno evalúa ayuda
El riesgo de que más hogares se adentre en una situación de pobreza obliga a autoridades y analistas a pensar en opciones para ayudarles ante el fuerte incremento en los precios.
El Banco Mundial emitió un comunicado, el 18 de mayo, donde indica que está trabajando con países en la elaboración de proyectos nuevos por $12.000 millones durante los próximos 15 meses, para responder a la crisis de la seguridad alimentaria.
En nuestro país, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, explicó que Costa Rica tiene poco espacio fiscal en este momento para ayudas debido a la regla fiscal y a los compromisos de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI); sin embargo, indicó que conversarán con el organismo internacional sobre cómo crear dicho espacio.
“Hay que hacer una evaluación de qué tanto espacio tenemos y en las conversaciones con el Fondo sí hay algún espacio para poder mover algunas de las metas. Estamos conscientes de dos consideraciones, por un lado, las metas se establecieron en un entorno en donde había un crecimiento económico, no tenía en cuenta la invasión de Rusia a Ucrania”, indicó el Ministro.
Añadió que el Gobierno tiene una voluntad de ayudarle a las personas vulnerables y estarían evaluando los mejores mecanismos.
“No hay nada más malo para las personas en pobreza que la inflación y en ese sentido las acciones que el Gobierno tome irían en dos direcciones. La primera son medidas para mitigar el impacto de la inflación en la pobreza, y también ver cuál es la mejor política monetaria que el Banco Central pueda implementar (...) para poder controlar la inflación”, añadió el Ministro. Para Acosta las transferencias directas serían el mejor mecanismo.
¿Qué dicen los analistas?
En un comunicado de prensa sobre el tema, el presidente del Colegio de Ciencias Económicas, indicó varias medidas de política pública.
“El entorno internacional no va a mejorar en el corto plazo, incluso va camino a una estanflación, con un agravamiento de la crisis alimentaria global producto de la invasión rusa y de factores climáticos, por lo cual, no solo debemos atender los hogares que han caído en pobreza y pobreza extrema, sino prever que su número, desafortunadamente, podemos esperar que continúe aumentando”, indicó Rodríguez.
Por ello, consideró que ante este panorama, se hace indispensable implementar políticas de contingencia focalizadas, mediante un aumento de los programas de transferencias monetarias condicionadas, que procuren una disminución en la pobreza extrema y la pobreza en general.
Además, diseñar un plan de empleo dirigido a los dos quintiles de ingresos más bajos para que, de esta forma, puedan contar con entradas más estables, fortalecer los programas y políticas de acción afirmativa dirigidas a las mujeres jefes de hogar de los primeros dos quintiles, tanto en términos de transferencias monetarias, como de oportunidades de empleo y diseñar políticas educativas y de calificación del recurso humano dirigidas a las personas en condición de pobreza.
Además, de lograr financiamiento internacional a la brevedad para paliar los efectos de la crisis sobre los hogares más vulnerables.
Fernández, por su parte, considera que el país se debe abocar a resolver los problemas estructurales.
“Yo parto de la premisa de que los recursos para la política social, en particular los que tiene el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares se podrían utilizar de una mejor forma, pero no se están usando mal, le están llegando al que le tiene que llegar, que es lo más importante que hay que asegurar”, dijo Fernández.
Añadió que recientemente el Partido Liberal Progresista presentó un proyecto de ley llamado Ley para hacer más eficiente la Lucha contra la Pobreza (expediente 23.098) en el cual participó Fernández, que trata de ir a la raíz del problema.
“Lo que hace es decir: la verdad es que el problema no es institución por institución en la política social (…) es que no haya alguien orquestándolos a todos simultáneamente, no existe rectoría en el sector social (…) entonces es un proyecto que busca entrarle a la raíz para crearle una rectoría clara al sector social”, explicó Fernández.
“Cuando cada uno jala por su lado y no estamos jalando todos juntos, los resultados son más ineficientes de lo que podrían ser en otro escenario”, añadió Fernández.
Uno de los problemas actuales, citó Fernández, es que en cada cambio de gobierno no se aprende de las experiencias pasadas.
“Por ejemplo, la estrategia Puente al Desarrollo, con evaluación en mano, se ha demostrado que ha sido muy buena, se puede mejorar, pero ha sido muy buena y hasta este punto no sabemos si esta administración le va a dar continuidad”, indicó el economista.