OCDE proyecta crecimiento de 3,6% para Costa Rica en 2024 y recomienda reformas educativas

En cuanto a la inflación, la OCDE estima que hasta el 2025 entrará dentro del rango de tolerancia establecido por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), entre 2% y 4%. Las proyecciones apuntan que el indicador se ubicará en 2% el próximo año.

Alessandro Meravalle, economista de la OCDE, destacó que para que Costa Rica experimente un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo, debe continuar implementando reformas estructurales, especialmente en el ámbito educativo. “Una reforma muy importante es la educación, al ampliar la red de cuidado y mejorar la calidad del sistema educativo, más mujeres y jóvenes podrán integrarse al mercado laboral formal”, indicó.

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El documento preliminar sobre la evolución de la economía costarricense propone aumentar la participación femenina en el mercado laboral mediante la ampliación de la cobertura de la educación temprana y el cuidado de niños menores de cuatro años, así como mejorar la calidad y eficiencia del sistema educativo. Costa Rica es miembro de la OCDE desde mayo del 2021.

Meravalle señaló que Costa Rica tiene varias ventajas que le permiten aprovechar el proceso de nearshoring, como lo demuestra el flujo de la inversión extranjera directa (IED) a lo largo de las últimas décadas. Según el organismo, la IED se ubicó en 4,5% del PIB en el 2023, siendo el PIB de ese año de ¢43.413.500 millones según datos del BCCR.

El nearshoring es el proceso de reubicación de las actividades productivas de empresas, principalmente estadounidenses, en territorios cercanos a sus centros de operaciones principales.

La OCDE señaló que las condiciones macroeconómicas, políticas y de seguridad jurídica son factores que favorecen la continuación de este proceso, pero para mantenerlo se requiere fortalecer el talento para que más personas se integren al mercado formal. Sin embargo, Meravalle consideró que en Costa Rica existen elementos que ponen en peligro esta tendencia a mediano y largo plazo, como la tasa de jóvenes que logran terminar los estudios de secundaria.

Otro aspecto mencionado por Meravalle es la brecha entre la demanda y la oferta de técnicos y profesionales, lo que lleva a la OCDE a pensar que es necesario mejorar la calidad del sistema educativo. Además, se refirió a los resultados del país en las últimas pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), donde se observa un retroceso en comparación con la evaluación anterior.

Meravalle destacó que, aunque los resultados ubican al país en una buena posición respecto a los países vecinos, aún se encuentra muy por debajo del promedio de la OCDE. Costa Rica ocupa el quinto lugar entre los 13 estados latinoamericanos que presentaron la prueba y la posición 57 entre 81 naciones. La prueba PISA evalúa la capacidad de los jóvenes de 15 años para aplicar sus conocimientos y habilidades en lectura, matemáticas y ciencias, para enfrentar desafíos de la vida real.

“Si el país quiere seguir aprovechando el fenómeno del nearshoring, es necesario que Costa Rica continúe con el proceso de reforma de su sistema educativo”, respondió Meravalle durante la presentación virtual del informe de perspectivas económicas, en una consulta de La Nación. También sugirió reformas en el sistema de transporte público y avanzar en la electrificación.

Jorge Vargas Cullell, director del Programa Estado de la Nación (PEN), dijo desconocer el informe de la OCDE, sin embargo, afirmó que vienen insistiendo en la importancia de la participación de las mujeres en el mercado laboral como un factor clave para aumentar la productividad del país. Además, señaló que Costa Rica enfrenta una crisis en la educación pública preuniversitaria, tema que el PEN ha estado destacando desde hace tiempo.

Crecimiento y la inflación

En el informe, la OCDE señala que la actividad económica de Costa Rica sigue siendo sólida y de base amplia, y cita los resultados del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), que registró un aumentó interanual de 3,6% en febrero del 2024. De acuerdo con los registros del BCCR, este indicador viene mostrando una desaceleración desde agosto del 2023, cuando se ubicó en 6,1%.

En cuanto a las previsiones de crecimiento del PIB, la OCDE argumenta que el aumento del 3,6% en el 2024 se debe a la debilidad de la demanda interna y al comportamiento moderado de las exportaciones. Proyecta que este crecimiento se elevará al 3,9% en el 2025 a medida que mejoren las condiciones económicas globales e internas, especialmente debido a los esfuerzos para profundizar la integración comercial.

La OCDE también menciona que la inversión privada se mantendrá sólida gracias a grandes entradas de IED, pero que la inversión pública seguirá siendo débil debido a la limitación fiscal.

Respecto a la inflación interanual (-1,18% en marzo, según el Índice de Precios al Consumidor), obedece a la reversión de shocks de precios externos, la apreciación del tipo de cambio y las presiones inflacionarias internas contenidas.

En cuanto a las proyecciones, la OCDE espera que la tasa de política monetaria (TPM) alcance el 4,0% a finales del 2025. Además, prevé un superávit primario del Gobierno Central (1,9% del PIB en el 2024, y 2,1% en el 2025) debido a la regla fiscal, aunque los costos del servicio de la deuda seguirán siendo altos (5% del PIB en el 2024 y 4,6% en el 2025).

Riesgos y recomendaciones

Entre los riesgos identificados por la OCDE se encuentra el crecimiento reciente del crédito en moneda extranjera para vivienda y consumo, que podría aumentar la vulnerabilidad del sector financiero ante fluctuaciones del tipo de cambio. También menciona las tensiones geopolíticas como un riesgo para la demanda y el comercio mundiales.

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El organismo también recomendó que se continúe implementando la regla fiscal para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública, y una mayor eficiencia del gasto público, basada en revisiones que podrían liberar recursos adicionales para abordar el gasto social y las necesidades de infraestructura.

También propone proporcionar recursos adecuados a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) y evaluar el impacto regulatorio para mejorar la capacidad en mercados clave y reducir los precios para los hogares y las empresas.