Fernando Arroyo León
Quito, 1 abr (EFE).- Después de diez días de tregua, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) volvió a desafiar al Gobierno y anunció nuevas y radicales protestas contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
El ultimátum fue anunciado anoche, después de una Asamblea de la organización indígena celebrada en la localidad de Salasaca, en el centro andino del país, que burló el estado de excepción aplicado por el Gobierno en varias provincias el pasado 21 de marzo, y que se ha mantenido pese a la ausencia de protestas.
La Conaie, que convocó el 13 de marzo una protesta contra el TLC, decidió replegarse el pasado día 21 para tomar fuerza, y al cabo de diez días, anunció que radicalizará la protesta con el apoyo de numerosas organizaciones sociales, que también temen que el TLC termine por arruinar la producción nacional.
Aunque los dirigentes indígenas mantienen en secreto las formas y fechas de las protestas, aseguran que estas irán "hasta las últimas consecuencias".
El vicepresidente de la Conaie, Santiago de la Cruz, aseguró que la posición de su grupo es indeclinable y que las protestas se suspenderían sólo si el Gobierno cumple con varias demandas.
La Conaie exige la convocatoria de una consulta popular, para que sea la población la que decida si acepta o no el TLC, pues, según De la Cruz, ese tratado se ha negociado a espaldas del pueblo y bajo supuestas cláusulas de "confidencialidad" impuestas por Washington.
La fecha de la consulta, según la Conaie, depende del Gobierno y de la fuerza que vaya adquiriendo la movilización social en el país, y esa decisión es inquebrantable, sostuvo De la Cruz.
"Por la presión del pueblo el Gobierno debe acceder al mandato popular", también expresado en encuestas que advierten de que, al menos, la mitad de la población rechaza el TLC y sólo un tercio asegura conocer los peligros y oportunidades que supone ese convenio.
La retirada "inmediata" del equipo negociador, que se encuentra en Washington discutiendo el tramo final del proceso, y la apertura de un debate nacional sobre el TLC, son otras de las demandas de la Conaie, que también recrimina al Gobierno por responder a sus planteamientos con la represión.
Y es que según la Conaie, la protesta es el único camino que le dejó el mismo Gobierno, pues ni siquiera respondió una propuesta presentada en noviembre pasado con sus iniciativas.
Ahora será la presión popular la que defina el camino de los indígenas, que en esta nueva etapa de protesta, no estarán solos, pues varios grupos de campesinos y de pobladores anunciaron que se sumarán a las movilizaciones.
Además, la Conaie prevé que organismos internacionales de derechos humanos, así como las Naciones Unidas, vigilen la situación en el país, pues teme que el presidente del país, Alfredo Palacio, se refugie en la militarización y en la represión, para tratar de sofocar la revuelta popular.
El Gobierno, por su parte, ha minimizado la amenaza indígena, para tratar de tranquilizar a los sectores empresariales, que le exigen que impida las movilizaciones.
El ministro de Gobierno (Interior), Felipe Vega, incluso aseguró que la amenaza de la Conaie "está enmarcada en un escenario absolutamente político y electoral", acusación que los indígenas rechazan tajantemente.
Vega aseguró que el Gobierno controlará las protestas, pero que moderará el uso de su fuerza, ya que no quiere "generar mártires" en el lado indígena.
El ministro cree que la Conaie no tiene fuerza, aunque, en caso de que se equivoque, anunció que se creará una comisión de jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía que se encargarán de vigilar la situación y asesorar al presidente Gutiérrez sobre las medidas para aplacar las protestas.
De momento, la fuerza pública ha impedido el paso a medio centenar de campesinos, que prevén caminar por varias provincias para llegar a la capital, donde se prevé que se concentren las manifestaciones contra el TLC. EFE
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(con fotografía)