EscucharRepresentantes del Banco de Costa Rica (BCR) denunciaron ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso la creación de privilegios a favor de funcionarios de la Sugef, el Conassif y el Fondo de Garantía de Depósitos. Según una reforma legal presentada por el Gobierno Central, estos funcionarios no podrían ser demandados a título personal por actos realizados en el ejercicio de sus funciones.
Mediante una reforma a la Ley de Creación del fondo de garantía de depósito y de mecanismos de resolución se obliga al Banco Central a asumir patrimonialmente la defensa judicial de los funcionarios, cubrir los honorarios de abogados, notarios y peritos, y proporcionar fondos para fianzas, medidas cautelares y garantías que se exijan en procesos judiciales contra miembros de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
“Nos manifestamos en contra sobre ciertos privilegios que se están poniendo en este proyecto (de ley) sobre algunos funcionarios públicos", dijo Douglas Soto, gerente general del BCR, en su comparecencia en la comisión legislativa.
Soto se refirió al proyecto de ley 24.256, actualmente en discusión en sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, el cual plantea que el Banco Central asuma el pago de indemnizaciones derivadas de juicios condenatorios contra empleados públicos. No obstante, el respaldo económico sería excluido si se comprueba dolo o culpa grave del funcionario mediante un proceso administrativo o una sentencia judicial.
Para Manfred Sáenz, director jurídico del BCR, la iniciativa legal genera un “régimen de irresponsabilidad” a favor de la Sugef y el Conassif. “Se está estableciendo un régimen de inmunidad que ni siquiera tienen los miembros de los Supremos Poderes en Costa Rica. El proyecto estipula que los integrantes de la Superintendencia y el Consejo no serán responsables de lo que hagan, digan o dejen de hacer”, advirtió.
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Sáenz recordó que, en años anteriores, se presentó una reforma similar a la actual. Sin embargo, en ese momento fue rechazada por los diputados.
“Se trata de un beneficio inapropiado. Somos —me incluyo— funcionarios públicos, y debemos ser responsables de lo que hagamos, ya sea correcto o incorrecto. Si alguien presenta una denuncia, debemos asumir nuestra responsabilidad y defendernos”, afirmó el abogado del banco público.
Los cuestionamientos de los jerarcas del BCR apuntan a la creación del artículo 36 Bis, que establece el deber del Banco Central de defender a los empleados de la Superintendencia y el Consejo.
“Esto (la reforma) no tiene que ver con el Fondo de Garantía de Depósitos ni la liquidación de entidades financieras. Aquí se pretende crear un régimen diferenciado. Estas son las cositas en las que hay que llamar la atención", dijo el director jurídico.
La iniciativa legal, presentada por el Poder Ejecutivo, forma parte de un paquete de reformas orientado a modificar el proceso de resolución de entidades financieras declaradas inviables y a eliminar el respaldo estatal a los depósitos y garantías en el Banco Nacional y el BCR.
Tanto el gerente del Banco de Costa Rica y el director Jurídico se mostraron en contra de quitar la garantía del Estado a ambos bancos públicos.
Por su parte, la diputada socialcristiana Vanessa Castro expresó su consternación ante el proyecto. “¿Los funcionarios del Conassif y Sugef tienen un fuero de inmunidad? Este proyecto establece que ni siquiera se pueda presentar una demanda contra ellos, pues sería inadmisible”, señaló.
La legisladora calificó la reforma como incongruente y contraria a toda lógica, especialmente porque obliga al Banco Central a asumir los costos de eventuales daños.
En tanto, la frenteamplista Sofía Guillén consideró que el proyecto aumenta los privilegios a las élites de la Superintendencia. “Cada vez que leo el proyecto encuentro más cosas que me preocupan", añadió.
