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Phoenix (EE. UU.). Cuando Chris Williamson buscaba un nuevo auto para la familia, un anuncio oportuno y conversaciones con un colega lo convencieron de intentar algo fuera de lo común: compró un convertible BMW Serie 3 y ahora cubre los pagos al rentarlo a extraños mediante una aplicación llamada Turo, que comparte autos particulares.
Ahora su familia de siete miembros tiene un mejor auto, que le ha resultado prácticamente gratis.
“Es genial tener ese poco ingreso adicional y no tener que preocuparse por los pagos del auto”, dijo Williamson, maestro en el área de Phoenix.
Sin embargo, sus clientes y otras personas que utilizan esas apps de transporte en Estados Unidos rentan los autos sin pagar impuestos.
Eso los ha puesto en la mira de compañías establecidas de renta de autos, las autoridades aeroportuarias y gobiernos locales, que afirman que los usuarios de estas apps de reciente creación deberán pagar los mismos impuestos y cuotas que las empresas tradicionales de renta de autos.
En juego están cientos de millones de dólares en ingresos de los que las ciudades y aeropuertos dependen para estadios y centros de convenciones, o para financiar a la policía, bomberos y otras operaciones generales.
“Estas compañías son muy sofisticadas, compañías conocedoras de tecnología que tienen cientos de millones de dólares invertidos en cada una de ellas”, dijo Ray Wagner, vicepresidente de relaciones con el gobierno en Enterprise Holdings, matriz de la firma de renta de autos más grande del país. “Deberían cumplir con las mismas reglas que una compañía pequeña, familiar, ubicada en el área rural de Arizona”.
Turo dijo que Enterprise intenta eliminar a la competencia.
Las compañías para compartir autos, incluyendo Turo y GetAround, funcionan como un Airbnb para vehículos permitiendo que las personas renten sus autos cuando no los están utilizando. Fundada hace una década, despegaron recientemente con la ayuda de millones de dólares de firmas de capital de riesgo y otros inversores.
Eso las ha puesto en conflicto con la industria tradicional de renta de autos, con un valor de $42.000 millones al año, y las agencias turísticas y gubernamentales que les cobran impuestos y regulan la seguridad y protecciones al consumidor.
La batalla se acalora en unas tres decenas de legislaturas estatales, así como en los tribunales y oficinas locales de autoridades fiscales. Bombardeados con cabildeo por ambas partes, los legisladores luchan para regular una industria emergente sin destruirla: similar a las recientes luchas entre la industria de los taxis y Uber y Lyft, y entre los hoteles y Airbnb.
Los cabilderos de Turo mencionan los miles de millones de dólares que las firmas de rentas de auto se ahorran en impuestos. La mayoría de los estados no cobran impuestos en los vehículos vendidos exclusivamente para rentar, y permiten que esas compañías pasen el gasto de las cuotas de matriculación a los clientes.
Turo pregunta por qué sus clientes deberían pagar impuestos de renta si no gozan de exenciones de otros impuestos vehiculares de los que sí se benefician las compañías de rentas de auto.
“Nuestra comunidad anfitriona son individuos que sólo intentan mitigar el costo de un auto”, dijo Steve Webb, el vicepresidente de comunicaciones de la compañía. “Y Enterprise es un Goliat de $24.000 millones que utiliza sus conexiones políticas para eliminar la innovación”, agregó.
