EscucharLas empresas de autobuses de Orlando Esteban Ramírez Biolley, miembro del Consejo de Transporte Público (CTP), nombrado por el actual Gobierno, obtuvieron la protección judicial contra un cobro millonario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
El Juzgado Concursal declaró la apertura del proceso concursal a favor de seis sociedades que integran el Consorcio Operativo del Este y paralizó todos los trámites de cobro contra las compañías por parte de la autoridad reguladora. Esta información se detalla en la sentencia número 2024000075, emitida el 7 de marzo pasado, de la cual La Nación posee una copia.
Hasta el 13 de marzo anterior, las compañías adeudaban ¢970 millones del canon de regulación, multas e intereses, según confirmó Aresep. Estas concesionarias brindan servicio de transporte público en ocho rutas del sector este del área metropolitana de San José.
“Se recalca a Aresep que debe abstenerse de ejercer acciones coercitivas o sancionatorias, de cualquier tipo, contra las sociedades concursadas”, se ordenó en la resolución firmada por la jueza Jennifer Arroyo Chacón.
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El inicio de este trámite permite a una empresa dejar de pagar sus deudas y que sus bienes no sean embargados, para poder hacerle frente a su crisis financiera. Quien promueve un concurso debe, una vez aceptado por un juez, presentar un plan de pagos a sus acreedores, si estos aceptan la empresa sigue en marcha y bajo tutela judicial; pero si se rechaza, la compañía puede quebrar.
El fallo judicial también suspendió siete procesos de cobro judicial presentados por Aresep contra el grupo empresarial. La institución reguladora informó de que ahora deberá tramitar los cobros en la vía concursal.
Junto a la Aresep, el Banco Popular también reclama el pago de deudas, según consta en el expediente del caso, en trámite desde el 2022.
El proceso concursal protege a las empresas Autotransportes Cesmag, Autotransportes Zapote, Transportes Públicos La Unión, Transportes El Carmen de Tres Ríos y Transportes Magasoso Lomas Sur, en las cuales Ramírez Biolley es apoderado generalísimo. La firma Autotransportes Raro, que forma parte del grupo empresarial, también quedó bajo resguardo judicial.
Ramírez Biolley corroboró a La Nación que acudieron al Juzgado Concursal para proteger las empresas del cobro de la Aresep.
“No estaría en esta posición de un concursal para proteger la compañía, si hubiera tenido por parte de la Autoridad Reguladora la sapiencia y el interés de la continuidad del servicio, si nos hubiera aceptado el arreglo de pago”, argumentó el empresario.
El autobusero añadió que la intención del consorcio es pagar la deuda a plazo. “Si el Juzgado dice que no tengo la razón y hay que pagar más de ¢900 millones, de un solo tiro, nos podría poner en un riesgo”, apuntó. Además, el empresario descartó dejar su cargo en el CTP debido al inicio del proceso concursal.
“No creo que atente contra la transparencia (su permanencia en el Consejo) porque esto se lleva en una institución que es aparte del CTP (...) En la situación que se está llevando con la Autoridad Reguladora no tengo ninguna injerencia”, enfatizó.
Orlando Esteban Ramírez Biolley fue nombrado en el CTP por el actual gobierno, en octubre del 2022, y figura como representante de los autobuseros. El Consejo es un órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), especializado en materia de transporte público (autobuses, busetas, taxis, entre otros), desde donde se definen políticas y planes nacionales.
El directivo también fue financista de la campaña presidencial del mandatario Rodrigo Chaves, pues compró bonos electorales por ¢8 millones.
Origen de deuda
Las empresas de transporte de autobús del Consorcio Operativo del Este registran deudas en el pago del canon con Aresep desde el 2017. Este canon es un requisito de operación que se carga a las tarifas de autobús. Su pago es trimestral y tiene como objetivo financiar la regulación del servicio.
El vocero del Consorcio Operativo del Este aseguró que con la pandemia de la covid-19, a partir del 2020, se agravó la situación ya que el servicio brindado y los ingresos de las empresas cayeron debido a los cierres obligatorios.
Además, reconoció que, antes de la crisis sanitaria, contaban con un proceso de arreglo de pago que no pudieron cumplir. Según él, cuando intentaron readecuar la deuda una vez reiniciada la actividad, la Aresep no lo aceptó.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos informó, por escrito, de que la apertura del proceso concursal afectaría sus ingresos para desarrollar la regulación del sector autobusero, la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios.
“La decisión judicial atenta contra la operación de la Autoridad Reguladora, e incluso impacta a millones de usuarios de autobús”, se indicó.
El inicio del proceso concursal también levantó una medida cautelar dictada, en diciembre del 2022, contra la autobusera. Ppr medio de ese recurso se ordenó a las compañías pagar ¢40 millones a la Aresep, y efectuar un aporte mensual de ¢8,4 millones a la entidad para obtener un aumento tarifario en las ocho rutas concesionadas.
Las seis sociedades en el proceso concursal movieron, en diciembre anterior, 1,4 millones de pasajeros en el área metropolitana, es decir, el 4,7% de los 29,2 millones de usuarios que se utilizaron autobús en Costa Rica durante el último mes de 2023, según datos de Aresep.
De acuerdo con Ramírez Biolley poseen 170 buses y 346 empleados.
Dificultades financieras
El grupo autobusero acudió al Juzgado Concursal, en octubre del 2022, por la falta de un arreglo de pago con la Aresep, según consta en el expediente 22-000128-0958-CI, y también confirmó el empresario,
En el fallo del Juzgado se argumenta que las empresas están en un “estado de insuficiencia patrimonial”, por lo que se convocó a todos los acreedores, nacionales y extranjeros, a presentar ante el juzgado la legalización de los créditos otorgados con problemas económicos.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está entre las instituciones a las que el consorcio debe dinero. Hasta el viernes 15 de marzo, cinco de las seis sociedades bajo protección judicial aparecían como morosas con la entidad aseguradora, por un monto de ¢141,7 millones, y estaban en proceso de cobro administrativo.
Este diario revisó las mismas sociedades, este lunes 18 de marzo, y el monto adeudado a la seguridad social era de ¢137,6 millones, según el portal Consulta de Morosidad Patronal de la CCSS.
Ramírez Biolley enfatizó que las compañías solo tienen deudas con Aresep y un proveedor de una gasolinera. Sobre la mora en cargas sociales, afirmó que el resultado puede variar según el día que se consulte.
En agosto del 2022, el Tribunal Administrativo de Transporte (TAT) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) determinó quitarle la ruta 65, entre San José y Zapote, debido a las deudas con la Caja.
Sin embargo, la empresa aún brinda el servicio, según la información publicada por la Aresep sobre las tarifas vigentes aprobadas para autobuses, del 22 de febrero pasado. El empresario confirmó que aún brindan el servicio.
Nombramiento de interventor
El Juzgado Concursal también instruyó a la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial nombrar un interventor que se encargará de la administración de los activos bajo concurso.
Además, las empresas o personas que deban realizar pagos o cumplimientos de compromisos con las empresas autobuseras deberán continuar con el abono de los recursos.
“Se le comunica a cualquier tercero que tenga en poder bienes de las sociedades concursadas, que deberá comunicarlo al interventor (...) si no lo hace será responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar al concurso”, se indica en el fallo.
El Juzgado otorgó un plazo de 15 días hábiles, una vez publicado el fallo de la apertura del proceso concursal, para presentarse como parte interesada en el caso.
