EscucharEn abril del 2021 resurgió la idea de establecer un impuesto mínimo global del 15% a la renta empresarial, una propuesta que rondaba en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos desde hace más de ocho años.
No obstante, casi un año después los detalles de la idea no han terminado de madurar y desde el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) aseguran que la toma de decisiones en el tema “es muy difícil” ante el faltante de los pormenores técnicos a nivel global.
Andrés Valenciano, jerarca de la cartera, resaltó que aún no se afinan los parámetros que se requerirán para la aplicación de dicho impuesto y que el tema está inmerso en una coyuntura de elevada incertidumbre, al no estar claro si economías líderes como Estados Unidos lograrán consolidar los acuerdos internos necesarios para adoptar las nuevas normas.
Por esto, señaló el Ministro, las decisiones sobre el tema y la medición de los eventuales impactos, riesgos y oportunidades no es tarea fácil, tanto para los países como para las propias empresas.
El tiempo corre y según lo pactado en el seno de la OCDE y G20 el impuesto debería comenzar a aplicarse en el 2023; sin embargo los detalles de la medida continúan sin definirse entre las economías más importantes.
En diciembre anterior, la Organización precisó algunas normas para definir el alcance y establecer el mecanismo para las llamadas reglas Global Anti-Base Erosion (GloBE), pero aún queda por delante la definición de cómo se aplicará en los países involucrados.
La medida busca garantizar que las empresas multinacionales estén sujetas a una tasa impositiva mínima del 15% a partir de 2023, y evitar el traslado de operaciones o utilidades a países de baja tributación. También busca sortear que los países compitan por la atracción de inversión extranjera directa mediante tasa impositiva.
Valenciano aseguró que Costa Rica monitorea de cerca la evolución de las discusiones multilaterales y han conversado directamente con empresas de inversión extranjera con operaciones en el país.
El presidente de la Asociación de Zonas Francas (Azofras), Carlos Wong, confirmó que mantienen reuniones con el Comex y el Ministerio de Hacienda para entender el grado de avance del impuesto en la OCDE y analizar las repercusiones que podrían haber en el país.
No obstante, dijo, están a la espera de la creación formal de una comisión en la que participe tanto el gobierno como el sector privado en el que se analicen los avances en el tema y pueda servir como un comité de asesoría. Según Wong, se esperan avances importantes a nivel internacional para la segunda mitad del año, principalmente sobre cómo se implementará el tributo.
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Por su parte, el director general de Tributación del Ministerio de Hacienda, Carlos Vargas, explicó que una de las etapas para definir el impuesto es la construcción de una convención multilateral, cuya finalidad es establecer el marco general de aplicación de la propuesta. Dicho paso provocará ajustes en los convenios vigentes para evitar doble imposición.
“La convención no está lista, apenas está en elaboración. Luego de eso, OCDE lo que plantea es un programa donde van a emitir una propuesta de normativa para que los países la aprueben”, comentó Vargas.
Por esto, dijo, es aún prematuro discutir sobre el tema, pues los detalles no están definidos en su totalidad y el trabajo está en sus primeras etapas.
Agregó que cada país conservará soberanía tributaria para definir el esquema para efectos de su sistema tributario a nivel corporativo y que es una discusión que deberá darse en el “momento oportuno”.
Mientras tanto, otros países con atractivos para inversiones extranjeras, como Panamá, trabajan en la conformación de mesas de trabajo para evaluar los impactos que un impuesto de esa índole podría tener en su parque empresarial, según informaron medios panameños como SNIP Noticias.
Exenciones
Ante la eventual aplicación de este impuesto, los países en desarrollo y con la meta de atraer inversión extranjera se enfrentan al reto de ofrecer condiciones favorables para que las empresas extranjeras se mantengan en sus territorios.
Costa Rica mantiene un régimen especial que ofrece diversos incentivos a las multinacionales. El sector es un dinamizador de la economía nacional y una de las principales fuentes de exportación de bienes y servicios.
El gobierno ha reiterado que la revisión de incentivos multinacionales, con el impuesto mínimo global, no tendría por qué modificar el régimen especial de zonas francas.
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Sin embargo, Valenciano aseguró que, de entrar en vigor la iniciativa mundial, es probable un cambio en la manera como las empresas valoran el peso de los esquemas de exoneración fiscal en sus ecuaciones para determinar dónde establecer o mantener sus inversiones; y que le asignen más valor a variables de competitividad.
Por ello, resaltó, el país debe potenciar factores diferenciadores que permitan a las empresas agregar valor a sus operaciones aquí. La tramitomanía, las tarifas de electricidad o la inserción de más personas en las áreas de conocimiento son solo algunos ejemplo, dijo.
