Este 1.º de diciembre comenzaron a regir descuentos que oscilan entre el 10% y el 58% en las tarifas mensuales que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) registradas ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), deben abonar a la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM), por el uso de música nacional e internacional en sus actividades comerciales.
Estos descuentos son aplicados mediante un convenio entre ACAM y MEIC, acordado en octubre pasado, destinado a establecimientos de mipymes que emplean música en sus locales, como restaurantes, salones de belleza, barberías, gimnasios y academias de danza y baile.
Los cobros varían según la capacidad en número de personas de los locales. En el caso de bares y restaurantes, también se considera si realizan espectáculos y cobran entrada. Los detalles de las tarifas se encuentran disponibles en el sitio web de ACAM.
El pago de la tarifa de la licencia de Autorización de Comunicación Pública permite tambien a los usuarios de música en Costa Rica reproducir repertorios internacionales gracias a convenios de representación recíproca con 120 países, adscritos a la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (Cisac), según indicó Edín Solís, presidente de ACAM.
ACAM recauda y distribuye los ingresos generados por las obras a sus autores. En Costa Rica, los derechos de autor están regulados por la Ley 6683, de Derechos de Autor y Derechos Conexos y su Reglamento, la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y tratados internacionales, entre otros.
Solís señaló que parte de estos cobros se destinan a las finanzas públicas por medio del pago del impuesto a las remesas al exterior, y hay un porcentaje bajo concepto de cobro administrativo que se registra como ingresos para ACAM. Aclaró que la mayor parte de los fondos se distribuye entre los autores de las obras.
Jimmy Bolaños, director ejecutivo de ACAM, destacó que las mipymes solo deben pagar la tarifa si hay un hecho generador, es decir, cuando los establecimientos hacen pública la comunicación de la obra a terceras personas.
Además de las mipymes registradas, otros negocios, como el transporte turístico, discotecas, consultorios, juegos mecánicos y la televisión, también están sujetos a este cobro.
Las tarifas para los locales comerciales que utilizan repertorio musical se asignan según la naturaleza de la música: accesoria (restaurantes y aeropuertos), necesaria (gimnasios y bares), e indispensable (conciertos). Los montos se calculan utilizando la Unidad de Derecho de Autor (UDA), que toma como referencia el 50% del salario mínimo de un día de jornada laboral de un trabajador no calificado.
Bolaños explicó que los autores tienen derechos morales y patrimoniales sobre sus creaciones. ACAM gestiona el cobro de tarifas y distribuye los fondos a los creadores, siguiendo modelos internacionales a través de Cisac, mediante acuerdos y contratos de representación recíproca vigentes.
Para calcular cuánto dinero le corresponde a cada artista, a nivel nacional o internacional, la entidad hace una comparación partiendo del supuesto de que lo que se escucha en los comercios es similar a lo que se programa en radio y televisión, monitoreando esos medios mediante un sistema por computadora para procesar la información, indicó en ocasión anterior ACAM.
En abril pasado, las fracciones de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberal Progresista (PLP) impulsaron en la Asamblea Legislativo un proyecto de ley para que los comercios que no dependen de la música para desarrollar su principal actividad económica no paguen estas tarifas.
Edín Solís, presidente de ACAM, indicó que la propuesta legal no ha sido convocada y corresponderá analizarlo con detalle a la vez que consideró que los descuentos de tarifas para las mipymes, que entran en vigencia este 1.º de diciembre, actualizan la clasificación de los establecimientos que hacen uso de los derechos de autores musicales.
La propuesta, que se tramita bajo el expediente N°. 23.702, se encuentra en trámite en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa desde agosto pasado, de acuerdo con registro de este poder del Estado.