EscucharNueva York. El magnate Elon Musk fue autorizado el miércoles por una jueza de Estados Unidos a incluir entre sus argumentos, para desistir de comprar Twitter, las denuncias de un exjefe de seguridad de la red social.
La jueza de Delaware Kathaleen McCormick, en cambio, se negó a diferir el proceso, como pidió Musk, al considerar que la demora expone a la empresa a sufrir más perjuicios, según el texto de la sentencia al que accedió la AFP.
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A inicios de julio, Musk anunció que rompía el acuerdo de compra por $44.000 millones alcanzado con el directorio de Twitter, al acusar a la empresa de no respetar sus compromisos y no comunicar el número exacto de cuentas falsas y spams en su plataforma.
Twitter se querelló para exigir al empresario que cumpliera el acuerdo. Pero un exjefe de seguridad de la red social, Peiter Zatko, acusó a la empresa de disminuir vulnerabilidades en su sistema de protección y mentir sobre su lucha contra las cuentas falsas. Zatko envió un largo documento a las autoridades estadounidense a inicios de julio pero solo se conoció públicamente a fines de agosto.
Los abogados de Musk pidieron incluir las acusaciones del exempleado de Twitter en su defensa.
La jueza entendió que Musk tiene derecho a modificar su querella, aunque no se pronunciará aún sobre los “méritos” o pertinencia de estas acusaciones, hasta que sean completamente fundamentados y contraargumentados por las partes.
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Elon Musk fue autorizado el miércoles por una jueza de Estados Unidos a incluir entre sus argumentos, para desistir de comprar Twitter, las denuncias de un exjefe de seguridad de la red social. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)
Asimismo, rechazó nuevamente posponer el proceso, que comenzará entonces como estaba previsto el 17 de octubre y durará cinco días. “Cuanto más se demore el juicio, mayor es el riesgo de un daño irreparable para Twitter”, sostuvo McCormick.
La jueza indicó que la firma sufre actualmente la renuncia de muchos empleados y “se ha visto obligada por meses a funcionar en medio de las dificultades que supone un acuerdo de fusión rechazado” por la parte compradora.
