EscucharLa empresa Aqua Alimentos S.A., anteriormente conocida como Industrias Martec, acumula deudas con entidades financieras e inversionistas de bonos por $45,1 millones, además de cuentas por pagar a proveedores por $11,3 millones al mes de julio, según detalla la solicitud de medidas cautelares presentada ante el Juzgado Concursal.
La petición de medidas cautelares “con carácter urgentísimo” es contra 24 empresas, de acuerdo con el documento entregado a la instancia judicial por Alejandro Matamoros, representante legal de Aqua Alimentos S.A. y Terrapez S.A., del cual La Nación tiene copia.
La empresa señala que, desde finales de 2022, ha enfrentado “una enorme incertidumbre y dificultad” debido a acontecimientos internos y externos, por lo que requiere un plan de readecuación y refinanciamiento de su deuda y la carga financiera para continuar la actividad comercial y pagar a sus acreedores a mediano y largo plazo.
“La compañía enfrenta una insuficiencia temporal de liquidez, lo que le impide cumplir puntualmente con sus obligaciones. Por ello, es inminente que los acreedores procedan con la ejecución de sus garantías a través de procesos extrajudiciales o el cobro de los montos adeudados mediante procesos monitorios o de ejecución".
Añade que la empresa no podrá cumplir, al menos durante los próximos meses, con el pago de todos los créditos bancarios, deudas financieras y comerciales en los términos y plazos pactados con sus acreedores. Sin embargo, podrá cubrir los costos operativos, salarios, servicios públicos, servicios de telecomunicaciones e internet, alquileres y otros gastos administrativos. También, podrá atender el pago de las cargas sociales y los tributos municipales.
El Juzgado Concursal se encarga de dirigir y supervisar los procesos de insolvencia y quiebra de empresas o personas físicas que no pueden cumplir con sus obligaciones financieras. Los deudores solicitan protección legal para negociar con sus acreedores y, si no se logra una reestructuración, el juez procede con la liquidación de sus bienes.
El documento detalla que la solicitud de medidas cautelares se promueve en conjunto con Aqua Corporación Internacional S. A. y Terrapez S. A., ambas dedicadas a la producción, procesamiento y venta local y de exportación de tilapia cultivada a Estados Unidos. Aqua Alimentos S. A. y Terrapez S. A. operan bajo el régimen de Zona Franca.
Según los datos presentados, las empresas deben $45,1 millones a entidades financieras e inversionistas, incluyendo $5 millones en emisión de títulos valores, además de $11,3 millones en cuentas por pagar a 483 proveedores. Ambas cifras corresponden a julio de 2024.
Entre las entidades financieras se enlistan en la solicitud a Financiera Desyfin S. A., Banco BCT, S. A., Banco Davivienda (Costa Rica), S. A., Banco Nacional de Costa Rica y Banco Promerica de Costa Rica.
Marco Agüero, gerente de Relaciones Publicas de Davivienda Costa Rica, indicó que la entidad es respetuosa del estado de derecho costarricense y atenderá lo que disponga el Juzgado Concursal al respecto. Se excusó de dar mayores detalles por respeto al proceso.
La oficina de prensa de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), indicó que en el caso de Desyfin, en este momento corresponde al Juzgado Concursal valorar la solicitud de Aqua Alimentos y establecer las acciones que correspondan en esta materia.
La Nación remitió consultas al resto de instituciones financieras y se está a la espera de respuesta.
Las empresas señalan que los créditos financieros y bancarios de los acreedores, sobre los cuales se presentó la solicitud de medidas cautelares, están respaldados con garantías, entre las que se incluyen activos fijos, letras de cambio, pagarés, y garantías prendarias y mobiliarias.
Por otro lado, los gastos financieros anuales ascienden, en promedio, a $4,38 millones. El documento señala que actualmente las empresas no pueden atender el servicio de su deuda financiera, bancaria y comercial, “lo que podría ser ejecutable por los respectivos acreedores".
Debido a su situación financiera, Aqua Alimentos S. A. enfrenta dos procesos de cobro que han ordenado embargos sobre sus cuentas. “Esto perjudica la continuidad del negocio, pues impide que el flujo de caja ingrese para el pago a proveedores operativos esenciales: alimento para peces, fletes, entre otros”, mencionó.
El equipo legal que dirige el proceso por parte de las empresas está conformado por Sergio Artavia Barrantes, Katherine Calvo Artavia y Alejandro Matamoros Bolaños.
Artavia indicó a La Nación que la solicitud de las medidas cautelares fue presentada el 4 de octubre y espera una resolución en los próximos días. La notificación a las empresas contra las que se solicitan se hará efectiva una vez sean admitidas.
Explicó que durante el proceso concursal se implementa una protección que alivia la carga financiera y se propone un plan de pago a los acreedores. Añadió que el plazo de duración del proceso será propuesto un mes después de que el juzgado otorgue las medidas cautelares, conforme lo dispone la ley.
Las empresas aclaran en el documento que la solicitud no incluye a la totalidad de los acreedores del grupo, ya que, por el momento, no representan una amenaza en cuanto a la presentación de procesos de cobro.
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Aqua Alimentos S. A. fue constituida el 7 de enero de 1982 en Costa Rica como una empresa familiar. Actualmente, se dedica al procesamiento y venta de pescado y maricultura para exportación a Estados Unidos y ventas locales. Hasta julio, empleaba a 709 personas distribuidas entre las tres empresas solicitantes; el 20% de los colaboradores está en Quepos y el 80% en Guanacaste.
El grupo empresarial cuenta con cuatro líneas de negocio: la pesca salvaje, enfocada en la compra de pescado a proveedores que se dedican a esta actividad de manera artesanal, la cual representó el 30% de las ventas consolidadas del grupo en 2023; la maricultura, a través del cultivo y procesamiento de pargo (20% de las ventas); la acuicultura, con el cultivo y procesamiento de tilapia (49%); y el mercado local.
Sugeval suspende negociación de títulos de Aqua Alimentos
El 16 de noviembre de 2022 esta empresa recibió autorización como emisor de oferta pública por parte de la Sugeval, para colocar hasta $10 millones en un programa de bonos, con el objetivo de acelerar el crecimiento de su negocio de maricultura, especialmente en el cultivo de pargo rojo, y reforzar la expansión de su actividad en Panamá. En estos momentos el saldo de colocación es de $5 millones.
Sin embargo, este viernes, la Bolsa Nacional de Valores (BNV) informó de que recibió la resolución SGV-R-169-2024 de la Sugeval, en la que se ordena la suspensión temporal de la negociación en el mercado secundario de los instrumentos en circulación emitidos por Aqua Alimentos S. A. La suspensión entra en vigor a partir del 11 de octubre de 2024 y se reanudará el 21 de octubre de 2024.
El documento de solicitud de las medidas cautelares indica que los bonos de deuda fueron adquiridos 100% por la Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la CCSS S.A. (OPC-CCSS). Además, los bonos cuentan con un fideicomiso que opera como fondo de reserva para amortización. Los fondos acumulados se usarán exclusivamente para pagar el principal de las emisiones a su vencimiento y redenciones anticipadas, parciales o totales, por lo que no podrán utilizarse para el pago de cupones.
Medidas cautelares solicitadas
Entre las medidas cautelares solicitadas se encuentra la orden a los acreedores de abstenerse de iniciar procesos de ejecución, judiciales o extrajudiciales, a partir de la notificación de esta medida hasta que se resuelva el proceso concursal.
También se pide que no se inicien procesos hipotecarios o prendarios, remates judiciales o ejecuciones extrajudiciales (como fideicomisos de garantía o ejecución de garantías bancarias o mobiliarias). En los casos donde ya se hayan iniciado, las empresas solicitan que se suspendan aquellos donde no haya habido notificación efectiva del remate.
Las medidas cautelares fueron admitidas bajo el expediente número 24-000133-0958-CI y se encuentran en trámite, a cargo de la juez Jennifer Arroyo Chacón, según consta en los registros del juzgado.
Otras medidas solicitadas incluyen prohibir provisionalmente a los demandados iniciar cualquier procedimiento concursal mientras no exista una resolución firme que rechace la solicitud de proceso concursal presentada por la compañía. Además, se solicita que el acreedor Blu Artic LLC no pueda ejecutar ni disponer del pescado congelado en posesión de la empresa, ni de los ingresos obtenidos por su venta, hasta que se resuelva de manera definitiva el proceso.
