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Los 1.340 trabajadores no profesionales de Recope recibirán un aumento anual que oscila entre 3% y 5% sobre su salario base vigente, a partir del 1.° de marzo del próximo año.
Así lo establece la Convención Colectiva renegociada recientemente, la cual debe homologar el Ministerio de Trabajo.
La estimación preliminar de Recope es que el nuevo incentivo, que beneficia al 74% de la planilla, tendrá un costo de ¢250 millones por año.
Este incremento surge de un fallo de la Sala Constitucional de enero de 2014, el cual ordenó establecer un mecanismo para sustituir un porcentaje del 5% de anualidad para todos los trabajadores, que establecía el artículo 156 de la anterior convención colectiva. Ese acuerdo fue negociado entre 2007-2008.
En el 2012, la contralora genera de la República, Marta Acosta, interpuso una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 113 y 156 de esa convención.
Acosta argumentó que había un triple incentivo salarial a partir de un mismo supuesto de hecho, pues los trabajadores recibían anualidades, aumentos anuales, y un monto fijo acumulativo según la calificación obtenida en la evaluación de desempeño , también cada año.
“El reconocimiento de un triple incentivo con base en un mismo supuesto de hecho, significa un privilegio odioso, exclusivo y excluyente a favor de un grupo selecto de servidores públicos; lo anterior, sin contar con una base objetiva de respaldo y detrimento de una serie de normas y principios constitucionales”, argumentó en ese momento la contralora Acosta.
Al analizar el caso, la Sala IV solicitó un estudio a la Dirección General del Servicio Civil para comparar los salarios de Recope con los del Gobierno Central y detectó que, en el caso de los trabajadores no profesionales, ganaban más los de la empresa pública.
La Sala determinó entonces que en el caso de los trabajadores no profesionales, se lesionan los principios de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, y el buen uso de los fondos públicos y, por lo tanto, a estos no se les debían pagar las anualidades; no así en el caso de los profesionales que sí mantienen cierta equidad.
“En consecuencia, los aumentos previstos en dicha norma no podrán ser de aplicación a este sector (los no profesionales) hasta tanto no se logre establecer un mecanismo que procure preservar el poder adquisitivo de los salarios de los funcionarios no profesionales”, señaló el alto tribunal en su sentencia.
Steven González, asesor de la presidencia de Recope, explicó que con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los salarios de los funcionarios no profesionales, se incluyó en la nueva convención colectiva un artículo 156 bis; esta normativa tiene como objetivo el establecimiento de un nuevo incentivo anual para los trabajadores no profesionales, ligado a la evaluación del desempeño.
De esta forma, consideró González, se cumple con el fallo del tribunal constitucional.
Se le consultó a Acosta sobre la creación de este nuevo incentivo, pero señaló que la Contraloría no ha analizado el texto de la convención renegociada, la cual se encuentra en proceso de homologación.
También se buscó al ministro de Trabajo, Carlos Alvarado, pero el departamento de prensa señaló que la consulta debía hacerse a Recope.
Alvarado participó en la conferencia de prensa cuando se anunció la renegociación de la convención.
Tampoco fue posible conversar con Manuel Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (Sitrapequia).
