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La procedencia de los recursos, la poca información acerca de los beneficiarios, la estructura administrativa para manejar el plan y el destino específico a una actividad económica son parte de los cuestionamientos que diversos sectores hicieron al proyecto de ayuda a empresas turísticas.
Las quejas constan en respuestas a la Comisión Especial Permanente de Turismo de la Asamblea Legislativa, ante una decisión del plenario de consultar a 17 grupos el proyecto de Ley de Creación del Programa de Apoyo y Reactivación de las Mipymes del Sector Turístico Costarricense.
Ese plan pretende la readecuación de deudas (con nuevos plazos y la reducción de cuatro puntos porcentuales en la tasa de interés) y la reactivación de empresas turísticas que fueron afectadas por la crisis económica del 2008. Se financiaría con $7,5 millones del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y $7,5 millones ($1,5 millones anuales durante cinco años) del presupuesto del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
La recepción de observaciones venció el miércoles y el plan entraría a discusión y posible votación hoy lunes en el plenario. Ahí será difícil modificarlo, pues se requieren al menos 38 votos para convertir al plenario en comisión.
Críticas. El gerente del ICT, Alberto López, adujo que esa entidad no se puede oponer a la ayuda a empresas del sector, pero cuestiona puntos del proyecto.
Uno de ellos es la necesidad de identificar a qué empresas va dirigida la ayuda. “Cuáles son, cuánto deben, si tuvieron readecuaciones o no, si están en cobro judicial o se acogieron al convenio de acreedores”, detalló.
El ICT también se queja por la cifra de recursos que saldrá de su presupuesto. Según López, los diputados de la comisión irrespetaron un acuerdo mediante el cual el Instituto se comprometía a dar $2,5 millones en una entrega.
Los empleados del ICT, por su parte, denunciaron que mientras se pretenden recursos para empresas que no se identifican, se debilitan sensiblemente las sumas que el país destina a realizar promoción del turismo.
En un documento de respuesta a la Comisión, el Consejo Rector del SBD calificó como un subsidio la reducción de cuatro puntos en la tasa de interés y advirtió que atenta contra la sostenibilidad del patrimonio. Además, consideró que afecta la capacidad para atender las necesidades de financiamiento del propio turismo y otros sectores.
Según el SBD, la reducción de la tasa implicaría un subsidio de ¢181.838 por cada ¢1 millón.
“Los recursos del SBD fueron creados como un mecanismo para financiar e impulsar proyectos productivos viables. Por lo que empresas que no lograron recuperarse en un periodo de siete años, podrían no cumplir con esta condición”, afirma el Sistema en el documento de respuesta.
Eduardo Ramírez, director de la División Jurídica del Banco de Costa Rica, consideró: “los programas de financiamiento del SBD deben cubrir a diferentes segmentos de la economía, sin que encontremos razones sustantivas para justificar que se favorezca a unos sectores en detrimento de otros”.
Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y miembro del Consejo Rector del SBD, señaló que en ese sistema no se han aprobado operaciones superiores a los ¢65 millones.
El presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), Enrique Egloff, dijo que en el proyecto aparecen condiciones que no están acordes con los contenidos y objetivos del SBD, las cuales lo colocan en situación de alto riesgo y vulnerabilidad.
