EscucharCaracas, 13 jun (EFE).- La estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) ratificó hoy que los más 17.000 despidos que llevó a cabo tras el paro que sufrió entre diciembre y enero pasados están avalados por la legislación laboral vigente en el país.
La confirmación la hizo la directiva petrolera un día después de que un tribunal local dictó una "medida cautelar" que suspende la decisión del Ministerio del Trabajo que declaró que los altos gerentes que lideraron la huelga no gozaban de inamovilidad laboral.
Esa decisión gubernamental avaló tanto los despidos de ese grupo de altos gerentes como del resto de los empleados que se sumaron a la "huelga ilegal" que afectó a la principal industria venezolana.
PDVSA aclaró que "es falso que la decisión" tomada ayer jueves por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo "ordene el reenganche de los trabajadores", en un comunicado oficial divulgado por los medios locales.
Argumentó que la decisión judicial "se refiere a actos administrativos del director de la Inspectoría Nacional y otros Asuntos Colectivos del Ministerio del Trabajo (...) relacionados con el proceso de registro de un proyectado sindicato y a la cuestionada inamovilidad asociada a él".
A los despedidos se les aplicaron "las medidas disciplinarias previstas en la Ley del Trabajo como consecuencia del abandono de sus responsabilidades y la paralización de la industria, generando graves daños a la economía nacional y al país en general", indicó la directiva petrolera.
"Los manifiestos actos de sabotaje y abandono del trabajo cometidos por los trabajadores despedidos, de ninguna manera pueden quedar impunes, amparados en argucias jurídicas y administrativas", agregó el comunicado de la estatal petrolera, según los medios locales.
La mayoría de los altos gerentes de PDVSA y varios capitanes de su flota mercante se sumaron al paro general impulsado entre el 2 de diciembre y el 3 de febrero pasados por la oposición para forzar al presidente del país, Hugo Chávez, a renunciar al Gobierno.
El paro generó pérdidas al Estado de más 10.000 millones de dólares y de unos 4.000 millones de dólares a la estatal, según cálculos oficiales, sin lograr su objetivo de que el presidente Chávez abandonase el poder. EFE
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